La semana pasada el canciller de México, Marcelo Ebrard, se pronunció en el seno del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para hablar del principal asunto en la agenda internacional actual: ¿cómo obtener un acceso igualitario a las vacunas para ponerle fin a la pandemia? Y es que, a pesar de los logros realizados por los laboratorios farmacéuticos para desarrollar y producir millones de vacunas en un tiempo récord, el volumen de dosis ha sido hasta ahora homeopático en relación con las necesidades mundiales. Según el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al día de hoy, más de 130 países del mundo no han recibido una sola vacuna. Por el contrario, más del 75 por ciento del total de dosis distribuidas en el planeta lo han sido en una decena de países. De ahí la importancia de garantizar un acceso igualitario a la vacuna. Pero estas dramáticas inequidades no se resumen a un conflicto entre países, sino también dentro de ellos. Y en este caso, América Latina, la región más desigual del mundo, podría verse severamente afectada de nueva cuenta.
Perú es un buen ejemplo de ello. Este país andino se ha caracterizado por su alto crecimiento económico, que ha ido a la par con una profunda inestabilidad política, fruto de un sistema de partidos fragmentado y débil. De tal manera que si bien el régimen político peruano dispone de un presidencialismo con atribuciones considerables, los presidentes no están asegurados de llegar al final de su mandato: desde la última elección presidencial, en 2016, tres presidentes han tenido que renunciar a su cargo (Pedro Pablo Kuczynski, Martin Vizcarra y Manuel Merino). Con la pandemia, la situación de la economía se ha degradado, profundizando aún más la desconfianza de los peruanos hacia sus líderes en un momento crítico: las elecciones presidenciales se llevarán a cabo dentro de poco más de dos meses. Ante ello, parecía indispensable que el arranque del proceso de vacunación sea irreprochable. Pero fue todo lo contrario.
Hace unos días, los medios locales dieron cuenta de que el ex presidente Martín Vizcarra recibió dos dosis de la vacuna china, realizada por el laboratorio Sinopharm, en octubre del año pasado, cuando aún estaba al frente del gobierno y se estaba llevando a cabo el estudio clínico de la misma en el país. En un principio, el nuevo presidente, Francisco Sagasti, manifestó su indignación por el caso, pensando que el escándalo solo afectaría al gobierno saliente –en particular a sus funcionarios, que podrían ser de esta manera despedidos. Sin embargo, conforme la prensa fue investigando, otros nombres de personalidades empezaron a surgir, incluyendo a varios miembros del actual gabinete del presidente Sagasti. A raíz de estas revelaciones, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, fue la primera en renunciar a su cargo. Poco tiempo después, la canciller Elisabeth Astete tuvo que dimitir, tras reconocer que había recibido la vacuna el 22 de enero. Posteriormente, los viceministros de Salud Luis Suárez y Víctor Bocangel hicieron lo propio, dejando descabezado el ministerio de salud en plena pandemia.
Para intentar salir de las cuerdas, el gobierno publicó la lista de las 487 personas que recibieron de manera irregular la vacuna, que incluyeron a las principales autoridades del ministerio de Salud y de la cancillería, al médico personal del ex dictador Alberto Fujimori, el nuncio apostólico, a los rectores de las principales universidades peruanas, entre otros. Mientras tanto, los peruanos de a pie siguen esperando el comienzo de la campaña masiva de vacunación. Ante esta situación, el congreso de ese país nombró una comisión investigadora para determinar a las responsables de estas vacunaciones, que además de constituir una violación a la igualdad en el acceso a la vacuna, constituye una infracción a las buenas prácticas internacionales sobre ensayos clínicos. Falta saber si estas pesquisas tendrán un efecto práctico, teniendo en cuenta que en pocos meses habrá un nuevo gobierno en el Perú. En América Latina, el tiempo pasa, pero las prácticas perduran.

* Director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París

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