En enero de 2020 fueron presentados por la Coordi-nadora de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fun-dadores (CRAC-PF) en la comunidad de Alcozacán del municipio de Chilapa, mientras que la se-mana pasada lo hicieron en la comunidad de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera. Niños, sosteniendo armas precarias, desfilan por las calles de la comunidad acompañando a los policías comunita-rios locales, como una estrategia de visibilización del acoso que las bandas criminales ejercen, de manera cotidiana, contra los pueblos de la región. Ya en mayo de 2019, los comunitarios de Rincón de Chautla, municipio de Chilapa, habían publicado un video exhibiendo a niños que se entrenaban para el manejo de armas con el objetivo de defender a la comunidad cuando fuera necesario.
Desde luego que este gesto de poner armas, sean verdaderas, precarias o de juguete, en las manos de los niños es inaceptable. Muchos actores, sobre todo políticos, lo han manifestado de manera pública. Pero habría que hacer una lectura empática de ese hecho. Y hacerlo desde dentro la situación de los pueblos que viven hostigados o que están en territorios “gobernados” por la delincuencia organizada. No es muy acertado hacerlo desde arriba, desde las élites del poder, o desde fuera de los entornos que viven amenazados constantemente. Podríamos, al menos, entender estos gestos que manifiestan el abandono del Estado, la indefensión de las comunidades y los esfuerzos desesperados por encontrar una salida a la crisis de inseguridad y de violencia.
Pero lo que quiero resaltar ahora, es que cuando se habla de seguridad se evoca, de manera directa el recurso a las armas. Y así se origina y se desarrolla una especie de fascinación hacia las armas y una adicción a las mismas. Hemos convertido a las armas en un fetiche que tiene la virtud de hacernos sentirnos seguros y poderosos. Recuerdo una conversación que tuve una ocasión con un sicario, que decía que con el arma en la mano se sentía respetado y sin ella se sentía anulado. Es un hecho que la mayoría de los trabajadores de la delincuencia organizada, se sienten poderosos al estar cobijados por grupos armados ilegales. Esa sensación de poder viene a sustituir la autoestima de la cual carecen. Y hablo de los trabajadores en cuanto que en la delincuencia organizada hay dueños y hay trabajadores, hay patrones y hay empleados. El poder de fuego que estos grupos es el que les da poder en un territorio y ante la población.
Los comunitarios de la Montaña Baja de Chilapa no han hecho otra cosa que comprar la creencia de que es la fuerza la que resuelve las situaciones de conflicto. Y cuando se habla de la fuerza, las armas tienen un lugar privilegiado. Esa creencia es dominante por todos lados, entre los gobiernos y en la sociedad misma. La tendencia a militarizar la seguridad pública pregona esa creencia. Ante la ineficacia de las policías, ahora tenemos militares por todo el país. El mensaje inconfundible es que, a más armas, más seguridad. Y gran parte de la sociedad ha caído en esa trampa. Y le delegamos a las policías y a los militares la tarea de la seguridad en razón del armamento que tienen en sus manos.
Es evidente que las armas tienen un papel en la construcción de una nación y en la seguridad del país. Pero es un papel instrumental y no fundamental. Las armas representan tecnologías que han de ser utilizadas racionalmente para favorecer la convivencia social en términos de justicia y de paz. Y tienen que estar subordinadas a las capacidades humanas para la seguridad y para la paz, que sí son fundamentales. No pueden sustituir a la inteligencia, a la creatividad, a la solidaridad, a la libertad y a la afectividad como un caudal de potencialidades que todos los seres humanos tenemos para nuestras relaciones y para la construcción de la sociedad. Y tampoco pueden sustituir a la palabra, al diálogo y al encuentro entre diferentes para resolver conflictos y para lograr niveles aceptables de convivencia social.
Es verdad que necesitamos una fuerza armada para disuadir y desalentar crímenes, para preservar la soberanía nacional y para coadyuvar en los esfuerzos para la justicia y la paz. Pero esa fuerza armada es coadyuvante, ya que la política, en su sentido más amplio de búsqueda del bien común, tiene el protagonismo. El caso es que cuando la política fracasa, se tiende a usar la fuerza como sustituto.
El creciente interés en construir la seguridad con las armas, manifiesta que no creemos en nosotros mismos, en nuestras capacidades y en los instrumentos con los que contamos por el hecho de ser personas. Delegamos en las armas nuestras deficiencias humanas, pues al no creer en nosotros mismos ni en nuestras capacidades humanas, renunciamos a la seguridad humana para dar lugar a que el uso de las armas nos sustituya con resultados nefastos. Eso hizo el gobierno de Calderón y eso se sigue haciendo aún ahora. Y los ciudadanos nos hemos creído esa leyenda de que la paz se puede conseguir mediante el recurso de las armas.
Eso nos demuestra también la fallida experiencia de las autodefensas, tanto en Guerrero como en el país. Muchas de ellas terminaron cooptadas por las mafias o por quienes las podían financiar. Incluso, la CRAC ha sido víctima de esta creencia, la cual le ha llevado a su fragmentación y a su creciente decadencia. En este sentido, presentar a niños armados como reservas para la seguridad de las comunidades lleva a un callejón sin salida.
El gran aporte que los civiles podemos dar para la seguridad y para la paz no está en las armas, sino en nuestra capacidad para asumir nuestras responsabilidades ciudadanas y para la organización social. Necesitamos recuperar nuestra autoestima social para creer en las potencialidades inscritas en nuestra condición humana y necesitamos creer en el poder de la palabra y de la parti-cipación, del diálogo y del servicio. Se ha demostrado que donde hay un tejido social sólido y fuerte y donde hay confianza, la seguridad es mayor. La seguridad es construida con las capacidades humanas que tenemos y, básicamente, se construye mediante la garantía de todos los derechos humanos para todos. Esa es la gran tarea: la paz y la seguridad dependen del avance en la cultura de los derechos humanos y en su cumplimiento. Y eso no es asunto de armas.
Si le enmendamos la plana a los comunitarios de Chilapa por poner armas en las manos de los niños, hay que enmendársela también a todos aquéllos que siguen con la creencia de que la seguridad nos la darán soldados y policías. Ellos podrán ayudar y, sólo ayudar. Pero la seguridad es tarea de quienes creamos en el potencial que tenemos por el solo hecho de ser personas. Con inteligencia, con pasión, con imaginación y con las manos unidas. Las armas en manos de civiles nos meten en callejones sin salida. Y las armas en manos de policías y de militares sólo ayudan cuando hay políticas públicas que fortalezcan las capacidades de los ciudadanos como la participación, la confianza y el uso de la palabra. Si la seguridad está construida sólo con el recurso de las armas, es tremendamente insegura.