El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU anunció el viernes 4 de abril la apertura de un proceso con “carácter de urgente” para pedir al gobierno de México información sobre la crítica situación de las desapariciones forzadas. No es un asunto menor. Este proceso inédito en la historia de México podría conducir estos casos a la consideración de la Asamblea General de la ONU.
El gobierno mexicano, como ningún otro, ha perfeccionado un arte macabro: el de la negación como estrategia de Estado. Frente al reciente informe del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas –que señala una crisis “generalizada y sistemática”–, la respuesta oficial ha sido, nuevamente, un ejercicio de cinismo institucional. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por ejmplo, en vez de asumir su rol ético y constitucional se convirtió una vez más en vocera del oficialismo, acusando a la ONU de estar “totalmente descontextualizada” y negando lo que las fosas clandestinas gritan desde hace lustros.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez había insistido en que, “en el pasado, el Comité ya señaló que en México las desapariciones son ‘generalizadas’ y que ocurren en un ‘contexto de impunidad’. Esta calificación debe mantenerse en el próximo informe, porque las condiciones no han cambiado sustancialmente y porque esta crisis no es ‘la herencia dolorosa del pasado’, sino una crisis del presente”.
La respuesta inmediata y tajante fue un comunicado donde el gobierno federal encabezado por Claudia Sheibaum “rechaza las declaraciones de integrantes del Comité en torno a la supuesta práctica de desaparición forzada por parte del Estado”.
Mientras los voceros del oficialismo descalificaban el procedimiento de la ONU como “injerencista”, las colectivas de buscadoras –esas mujeres que en su dignidad han sustituido al Estado en su obligación más elemental– celebraban la intervención internacional. ¿Qué dice esta contradicción? Que en México la verdad tiene dos versiones: la de las que excavan los restos de sus familiares con uñas y picos, y la de los que entierran la evidencia bajo retóricas nacionalistas.
El informe de la ONU no es una exageración. Es el reflejo de una realidad que el gobierno federal insiste en maquillar con cifras manipuladas y discursos de “paz”. México acumula más de 120 mil personas desaparecidas. Pero, a diferencia de dictaduras latinoamericanas con menor número de desapariciones, aquí sólo hay un patrón como consecuencia: la militarización del territorio, la colusión con el crimen organizado con los gobiernos y la revictimización de quienes buscan y exigen justicia.
El documento del Comité de la ONU es contundente: señala la participación directa de agentes estatales en desapariciones forzadas y también su responsabilidad por aquiescencia: por tolerar, encubrir o facilitar esos crímenes. Esto viola abiertamente la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por México en 2008, que obliga al Estado a prevenir, investigar y sancionar estos actos.
El caso de Guerrero es paradigmático. En el estado –donde el fantasma de los 43 de Ayotzinapa merodea– las desapariciones no son un “error” del sistema, sino su lógica más perversa. El Centro Prodh ha documentado cómo las fuerzas armadas participan activamente en estos crímenes, en tanto las fiscalías archivan casos con la complicidad de jueces locales. ¿Por qué entonces la sorpresa cuando la ONU señala que las desapariciones son “forzadas”? El eufemismo “personas no localizadas” –tan común en la narrativa oficial–no borra la huella del terror.
La reacción del Estado mexicano sigue un libreto previsible. Primero, la descalificación (“la ONU no entiende”); luego, la victimización nacionalista (“atentan contra nuestra soberanía”); y finalmente, la simulación (“fortaleceremos las instituciones”). Pero las familias de desaparecidos ya no creen en esos guiones. Tal como lo dijo una madre de Sonora en entrevista para CNN: “Si el gobierno no nos escucha, que al menos nos oiga el mundo”.
El negacionismo es la última fase de la impunidad. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador tildaba a los organismos internacionales de “conservadores”, o cuando la CNDH cuestiona metodologías avaladas por el derecho internacional, están enviando un mensaje claro: no importan los miles de cuerpos sin nombre en fosas, ni las madres que mueren buscando; lo único que importa es proteger la gran ficción del “proyecto transformador”. En México la verdad se define por decreto presidencial.
Los discursos sobran en un país donde los muertos no descansan. Mientras el gobierno de la autonombrada Cuarta Transformación siga negando lo evidente, cada informe, cada condena internacional será un doloroso recordatorio: aquí, la desaparición forzada no es un crimen del pasado, es la política del presente.