AGENDA CIUDADANA

Ni siquiera las grandes revoluciones lograron deshacer todo lo que suponían inaceptable en el viejo orden. Esa tarea es mucho más ardua cuando se intenta por la vía pacífica, institucional, como es el caso de México. Aquí y hoy la transformación es lenta y parcial pues los intereses creados por generaciones cuentan con vastos recursos para su defensa y el contraataque. Esos intereses disponen de medios económicos propios del carácter oligárquico del sistema del que surgieron, pero también cuentan con el apoyo de sectores sociales, partidos, medios de comunicación y enclaves dentro del propio aparato de gobierno.
Como el dios romano Jano, el Estado al que dio forma el viejo régimen adquirió pronto una naturaleza contradictoria. Por una parte, una cara que expresaba una fuerza sin precedentes, pero –semi oculta por un buen tiempo– estaba otra de notable debilidad.
A mediados del siglo pasado, el mexicano era uno de los sistemas políticos más estables en América Latina. Estaba asentado en lo que parecían bases corporativas sólidas –sindicatos, organizaciones campesinas y de clase media– y un modus operandi predecible: el presidente controlaba todas las partes de lo que en teoría era un sistema de división de poderes, pero donde sólo había uno efectivo: el suyo. Y esa presidencia había institucionalizado un proceso de sucesión centrado en la no reelección que, entre otras cosas, amortiguaba las pugnas internas y aseguraba una renovación controlada de la élite política. En la práctica había un solo partido político que pretendía representar no a una parte sino a la totalidad del conjunto social. El empresariado no era formalmente un sector del partido, pero sus organizaciones rara vez desafiaban la voluntad presidencial. La policía política (DFS) vigilaba y actuaba contra “subversivos”, a los medios de comunicación les redituaba auto controlarse, el conservadurismo de las iglesias era funcional para el sistema y el ejército siempre actuó en los momentos en que fallaron los controles no violentos. Finalmente, desde 1928 la potencia hegemónica en la región apoyó, por ser eficaz y conveniente, a este sistema.
Pero el Jano estatal tenía otra cara. Sus elecciones carecieron de contenido y no le generaron legitimidad. El fisco nunca recabó los impuestos que hubiera podido. En 2019 la OCDE calculó que apenas equivalían al 16.5% del PIB, la proporción más baja de los 35 países de su membresía. Una corrupción sistémica minó la eficacia de casi cualquier política pública y finalmente desembocó en fallas que afectaron la esencia misma del Estado: la expansión de organizaciones criminales llegó al punto de arrancarle el control de regiones enteras e incapacitarle para proteger al ciudadano. Hoy la lista de desaparecidos suma 90 mil y la tasa de homicidios de 27 por cien mil habitantes destaca frente a los 13 de Haití, 15.3 de Guatemala, 5 de Cuba o 3.7 de Chile, (ONU, Oficina contra las Drogas y el Delito, cifras de 2020).
Las debilidades del Estado mexicano del viejo régimen se empezaron a mostrar con la crisis del 68, el fraude evidente de 1988, el desafío del EZLN en 1994 y se hicieron inocultables tras el fracaso de la “guerra contra el narco” de 2006-2012.
Es justo con la legitimidad ganada en buena lid en las urnas (y de la que carecieron sus antecesores) y los programas sociales, pero con un Estado herido en sus partes vitales, que la presidencia de hoy intenta modificar la naturaleza corrupta y oligárquica del viejo régimen para transformarlo en uno menos hostil y más afín a los intereses de las mayorías y políticamente más democrático ¿Hasta dónde se podrá llegar en este empeño histórico? Sólo el tiempo lo dirá.