La violencia de los grupos criminales no cesa. En casi todas las zonas de la entidad los grupos delictivos imponen su ley a punta de balas. Hace un mes Chilpancingo fue escenario de batallas campales de las bandas delincuenciales.
Estos hechos se replican en los municipios de Tierra Colorada, San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán, Acapulco, Iguala, Chilapa, Chichihualco. Enfrentamientos entre bandas rivales, asesinatos y desapariciones se están convirtiendo en parte de la cotidianeidad. Nadie se siente interpelado por las pérdidas humanas. Solo se trata de números, sin dimensionar que atrás hay familias que padecen el dolor de esta violencia sórdida e irracional. Desde los grupos de poder y el gobierno pretenden normalizar la violencia, negándola y privilegiado actos de gobierno superficiales y frívolos.
Lo peor es que los asesinatos en las últimas semanas se están dirigiendo contra quienes procuran justicia. El hampa está desafiando la fuerza del estado. Ataca al núcleo duro de quienes operan el uso de la violencia legítima estatal para imponer el orden social.
No es la primera vez que asesinan a un funcionario público, pero nunca había sido tan sistemático como estos días. El 2 de junio asesinaron al licenciado Henner Tomás Olea Chino agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de personas desaparecidas, hombres armados lo sacaron de su casa y lo tiraron en la carretera de cuota Diamante; el 22 de agosto hombres armados llegaron a la agencia del ministerio público de Coyuca de Catalán desarmando a los policías de guardia y se llevaron a la licenciada Jaquelin González Salgado después apareció y no se supo más del caso; el 9 de septiembre privaron de la libertad al teniente coronel Víctor Manuel Salas Cuadras en Coyuca de Catalán, horas más tarde fue encontrado su cadáver en un paraje cercano; el día 12 de septiembre fue asesinado a tiros cerca de su casa en Chilpancingo el delegado estatal de la FGR, Fernando González Fernández, y ayer por la noche cuando el vicefiscal y el director de Investigaciones salían de la Fiscalía general fueron agredidos a tiros saliendo ilesos.
Es menester que estos crímenes sean investigados, que se esclarezcan los hechos y sancione a los responsables. Los operadores de justicia desempeñan una labor esencial en la sociedad; por más que su imagen esté desgastada por la corrupción, son el núcleo duro del monopolio de la fuerza del Estado. Una respuesta contundente del estado frente a estos hechos asesinatos se hace necesaria para restaurar el estado de derecho y la confianza ciudadana, de lo contrario el Estado estaría sucumbiendo ante la delincuencia. Y poco a poco será el hampa quien imponga sus leyes.
Cuando el Estado abdica de su deber de imponer el orden y brindar seguridad a los ciudadanos, los derechos humanos de las personas se ven seriamente comprometidos. Las familias no pueden salir a la calle para trabajar, para ir a la escuela y convivir, la vida y el patrimonio están a merced de quienes ejercen la violencia criminal. Por esta razón el esclarecimiento de los crímenes contra los que procuraban justicia debe ser un imperativo impostergable.
Es verdad que alrededor de ellos yacen especulaciones subjetivas. Se afirma sin elementos objetivos que son parte de un bando delictivo y que su deceso obedece a un ajuste de cuentas de los rivales. De cualquier modo, las investigaciones tienen que avanzar, los hechos deben ser esclarecidos y los responsables sancionados. El silencio y la impunidad solo alentarán la violencia.
Por su parte la gobernadora y su equipo se han convertido en espectadores del infierno que padecemos. Carecen de una estrategia clara para contener la vorágine de la violencia que se desborda por doquier. Las fuerzas policiacas solo atinan a llegar para levantar los cuerpos y acordonar la escena criminal. Miles de policías, incluida la Guardia Nacional, decenas de batallones militares, fuerzas federales que han llegado a la entidad, nada pueden hacer. Frente a ellos el hampa ajusta cuentas contra quien quiere, sin consecuencia alguna.
Como lo hemos dicho con anterioridad, es imprescindible que la gobernadora convoque a un gran diálogo estatal a los distintos actores, principalmente a las víctimas de desapariciones, ejecuciones y asesinatos. Que se diseñe una ruta de construcción de la paz con una agenda amplia que considere los temas más sentidos de nuestra entidad: salud, educación, vivienda digna, derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, de las mujeres, justicia, verdad y reparación para los luchadores sociales asesinados, búsqueda de los desaparecidos y medidas de asistencia, y un plan de retorno para las familias desplazadas por la violencia.
Se necesita una verdadera reconciliación, reconstruir el tejido social hecho trizas por la violencia; ya están rebasados mecanismos como la Mesa para la Construcción de la Paz donde prevalece una mirada policiaca y militar acartonada, cuyos fracasos están a la vista. No se trata solo de enfrentar la violencia per se, es preciso que el estado baje a ras de suelo, tocando las fibras sensibles de un pueblo agraviado históricamente. Es menester que tenga presencia con los colonos, en las comunidades campesinas, con los sindicatos, los periodistas, luchadores sociales, víctimas de desapariciones forzadas y asesinatos a través de una ruta de solución programática de sus demandas. Solo así se irá reconstruyendo el tejido social y el estado será más fuerte medrando la capacidad de los grupos delictivos. Los programas sociales no serán suficientes para una entidad vilipendiada como la nuestra.
La estrategia policiaca y militar por sí misma no resolverá el problema, sobre todo cuando estos cuerpos de seguridad están infiltrados y cooptados por el hampa. Es necesario que la gobernadora regrese la mirada al pueblo y a las organizaciones sociales. Dejar de lado los pactos con los poderes caciquiles y las élites económicas. Los grupos sociales con demandas legitimas deben sentir el respaldo de un gobierno de izquierda, humanista y que trabaja por una transformación. La transformación es justamente sentar las bases para ir cambiando las condiciones de asimetrías sociales, romper estructuras de poder, la política de un gobierno de izquierda debe generar ámpula en los potentados que ven menguados sus privilegios.
Pero este gobierno va en dirección contraria. Apapacha a los caciques, a las élites económicas y militares y da la espalda a los de abajo, a los oprimidos de siempre, a los que le dieron su voto de confianza.
A una presidenta municipal que se reunió con grupos delictivos, la solapa y protestas ilegítimas auspiciadas por el hampa, se toleran, mientras quienes con legitimidad demandan, educación, salud y vivienda son reprimidos violentamente como ocurrió con las compañeras y compañeros de las preparatorias populares que fueron desalojados de la Autopista del Sol o lo que ocurre contra los estudiantes de Ayotzinapa que se están movilizando por los nueve años de la desaparición de sus 43 compañeros contra quienes se orquesta una campaña infame de descalificación, lejos de comprender la gravedad del problema y la criminal acción de los militares de negarse a entregar la información que tiene en su poder y con la cual se pueden esclarecer los hechos. Esas no son señales de un gobierno de izquierda comprometido con la transformación.