La extrema y extraña exigencia a todos los destinatarios de recursos públicos de entregar sus declaraciones patrimoniales, de pago de impuestos (no fiscal) y de intereses (sin familiares) será echada por la borda pronto. Ni Peña Nieto puede abrir tantos flancos simultáneamente. Y los jefes de la partidocracia, junto con sus apologistas en la comentocracia y la sociedad civil, sabrán como convencernos que la no obligatoriedad de hacer públicos los documentos requeridos (ya de por si lite) representa un paso adelante significativo, que Roma no se construyó en un día, Zamora no cayó en una hora, etc. Con una larga lista de lugares comunes entenderemos por qué la ira electoral del 5 de junio no puede ser desahogada en leyes excesivas y en peligrosas cacerías de brujas.
Lo que no van a hacer es explicarle a los 630 mil firmantes que creyeron en ellos qué sigue. ¿Juntar más firmas? ¿Dar más declaraciones? ¿Volver a la mesa de negociación con la partidocracia? O tal vez algunos se atrevan a sacar lecciones de la batalla, transmitiéndole a sus adeptos que en una democracia representativa (imperfecta y todo), las grandes batallas se ganan únicamente en las urnas: para eso están. Sólo habrá un combate frontal y eficaz contra la corrupción en México cuando el jefe del Ejecutivo lo conduzca. Su liderazgo podrá no ser suficiente (sin la sociedad civil, no se puede), pero siempre será indispensable (sin el poder político, no se puede). Entender que sin un desenlace electoral en el 2018 no hay camino me parece improbable.
Asimismo, dudo que los sectores civiles organizados que con toda razón apoyaron y se convencieron de las consignas de encarcelamiento para los gobernadores salientes de 2015 y 2016 por corrupción, asimilen que sin el respaldo directo y pro-activo de la Ciudad de México (PGR, Pinos, Función Pública), nadie caerá preso. No por falta de voluntad de los nuevos gobernadores de este año o del año pasado. Ganas no les faltan de encarcelar a sus predecesores.
Pero los delitos imputables o las investigaciones que conduzcan a ellos, pertenecen casi en su totalidad al ámbito federal. No son del fuero común, o si lo son, los recursos humanos, financieros, jurídicos e investigativos al alcance de los estados, son mínimos. No creo que Claudia Pavlovitch o El Bronco, Corral, Yunes, Rosas Aizpuro o Joaquín cuenten con las canicas necesarias para proceder como sus electores e intereses políticos lo piden.
Si dichos electores, intereses, actores de la sociedad civil y comentócratas quieren poner un término a la impunidad, deberán exigírselo a la PGR o la SFP. Con Peña en Los Pinos, ni pensarlo. ¿Como le quieren pensar en el 2018? ¿Con Margarita Zavala de Calderón? ¿Con Osorio Chong? ¿Con Mancera? ¿O con AMLO, el justiciero de la “honestidad ignorante”?