La razón de hacer este recordatorio sobre el Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo fue la noticia de que en Acapulco se invertirán poco más de 400 millones de pesos para mejorar la infraestructura del drenaje sanitario y el saneamiento del puerto en una inversión bipartita del gobierno del estado con el municipal.
Las razones de invertir en un megaproyecto coordinado por la Comisión Nacional del Agua, parecen obvias ante la necesidad de preservar la calidad de la oferta turística cuidando las bellezas naturales que dan atractivo al puerto, comenzando con el agua de la bahía.
Ese mismo trato requiere Zihuatanejo que vive una situación necesitada de inversiones constantes en el mismo rubro de saneamiento y ampliación del drenaje sanitario como lo demanda el ritmo creciente de la ciudad.
La bahía de Zihuatanejo, muchas veces más pequeña que la de Acapulco, con una superficie de menos de tres kilómetros cuadrados, se encuentra en una situación más vulnerable porque es receptora natural de las lluvias que caen en todos los cerros del anfiteatro, contaminados por los desechos depositados en las barrancas por los asentamientos irregulares que los pueblan.
Hasta la fecha nadie ha hablado claro sobre la enorme responsabilidad que tiene el Fibazi tanto en la distorsión de la ciudad como en la contaminación de la bahía, pero a casi medio siglo de que fue creado y administrado por el gobierno priísta convendría una revisión a fondo de la opacidad con la que se ha manejado, comenzando por juzgar su responsabilidad en permitir que el crecimiento de la ciudad haya superado la línea máxima de altura contenida en el Plan Director de Desarrollo Urbano, a sabiendas de las dificultades técnicas y financieras para llevar los servicios más allá de la cota 70, despojando a la ciudad de prácticamente todo el cinturón verde.
En una gira reciente por las colonias del anfiteatro cuyo contenido puede aún revisarse en la página del fideicomiso, el ex director del organismo, Jorge Legorreta, acompañado de la Secretaria de Desarrollo y Bienestar, Mari Cármen Cabrera, se hace la anotación de que actualmente es el 25 por ciento de las colonias las que carecen del servicio de drenaje, lo cual nos lleva a pensar las consecuencias nefastas que tiene el medio ambiente repitiéndose la misma situación que en el año 2006 el Tribunal Latinoamericano del Agua consideró como falta de atención en el manejo de las plantas de tratamiento de parte de las autoridades locales.
Ha sido la carencia de inversiones públicas sostenidas lo que ha provocado la acumulación de problemas ambientales aún cuando existe un organismo como el Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo cuyo objetivo consiste en “dotar de infraestructura urbana la lotificación y fraccionamiento de terrenos fideicomitidos” y efectuar la venta de terrenos urbanizados.
La complicidad del fideicomiso en la proliferación de los asentamientos irregulares para favorecer políticamente al partido del gobierno, en este medio siglo, debe ser castigada, igual que el caso de lo sucedido con la grave contaminación del agua de la bahía que hizo crisis a finales del siglo pasado como responsabilidad de la propia Comisión Nacional de Agua.
Como nunca se ha transparentado la conducta de este organismo que ha sido utilizado como un lugar para el destierro de políticos o para pagar favores, la corrupción ha campeado en perjuicio de la población pobre y en general de toda la sociedad.
Conforme a lo que se sabe popularmente sobre la conducta de sus administradores, hay hechos de corrupción que los involucra inclusive en la reventa de terrenos y hasta en la enajenación de áreas protegidas.
El largo conflicto con los ejidatarios por el abuso de excederse en las áreas consideradas como expropiadas, así como el desorden en la urbanización del entorno de la bahía sin que la sociedad conozca de los beneficios, ingresos e inversiones que realiza, obliga a una auditoría en la que se deslinde la responsabilidad del gobierno priísta con un corte de caja para evaluar el desempeño del nuevo gobierno.
Convendría cuantificar los hechos irregulares que afectan el derecho de muchos habitantes en la compra de sus lotes, sobre todo despojos por reventa que el fibazi ha realizado.
De lo que yo puedo dar constancia como ejemplo de los que pululan en el puerto, paso a contar el referido a una de las viejas familias de Zihuatanejo asentada hace más de 50 años en el cerro del Almacén.
Cuando el Fibazi se dio a la tarea de regularizar los asentamientos anteriores a su creación, los ocupantes del predio se ajustaron a las políticas del organismo atenidos a la oferta de que con la regularización accederían a los servicios públicos y a la escrituración.
No sin dificultades y retrasos sus ocupantes terminaron de pagar el precio de su lote de poco menos de 500 metros cuadrados en el año 2009 y se pusieron al corriente en el pago del impuesto predial cuya cuenta estuvo vigente hasta el año 2014.
Cuando la familia se disponía a realizar las gestiones para escriturar, un día se encontró con la noticia de que su cuenta del impuesto predial había desaparecido en el ayuntamiento.
Al averiguar la razón el dueño se enteraró que su propiedad había sido vendida por el Fibazi a un expresidente municipal que la revendió.
El nuevo comprador registró la compra en el Registro Público de la Propiedad y la escrituró sin mayor problema autorizado por el Fibazi que para esos casos debe dar vista sobre la legalidad de la venta al notario correspondiente.
Por fortuna el dueño primigenio cuenta con los comprobantes de sus pagos e incluso con un documento de liquidación del terreno extendido a su favor en el año 2009, pero se sienten desprotegidos frente a un problema legal que no fue él quien lo provocó, viviendo en la incomodidad de pensar que de un momento a otro el pretendido dueño quiera desalojar a la familia para tomar posesión de lo que compró, quien sabe si a sabiendas que no era un lote baldío.
En el período administrativo que le correspondió al gobierno de Héctor Astudillo los dueños originales del terreno se entrevistaron con el director del Fibazi para exponerle su caso y solicitarle el apoyo legal que evite un posible desalojo, pero los solicitantes se quedaron solo con la promesa del último director priísta, Jorge Allec Maciel, quien al principio de la pandemia del coronavirus, después de pedirles una copia de sus documentos para tratar el caso con las autoridades municipales se comprometió a que les llamaría para comunicarles el resultado, pero eso nunca sucedió.
Pasado lo más grave de la pandemia los afectados por la reventa de su terreno volvieron a retomar el caso poniéndolo en manos del nuevo director, ahora del gobierno morenista, quien sostiene el principio aquel de que “el primero en tiempo es primero en derecho” poniéndose del lado de los afectados quienes ahora se sienten alentados por dicha postura, pero sienten que no es suficiente para tener la tranquilidad de que les será respetada su posesión legal del lote donde viven.
Por eso desde el viernes pasado esperan a entrevistarse con el titular del departamento jurídico para que éste resuelva el caso que habla de la terrible corrupción que ha imperado en el Fibazi donde parece ser que el despojo a los pobres ha sido una práctica común, de lo cual, por lo visto se puede colegir que hay también muchos casos de mayor gravedad que la sociedad debe conocer y por ello el gobierno estatal está obligado a transparentar todo como modo de evitar la corrupción en el futuro.