La intervención de la Policía Federal Preventiva en Oaxaca es la primera experiencia en la
historia del país de uso democrático de la fuerza pública, declaró orondo el secretario de
Seguridad Pública del gobierno federal Eduardo Medina Mora.
Ojalá y fuese cierto, pero no. Lo habría sido si en lugar de ir a reprimir a los integrantes de
la organización que conduce la movilización popular contra un gobierno autoritario hubiese
ido a detener a los pistoleros de éste, e incluso a él mismo.
En los medios electrónicos proliferan comentaristas que a cada rato elogian a la
democracia liberal, pero que olvidan o no conocen episodios históricos centrales que
forjaron a las instituciones que corresponden a ese régimen de gobierno.
Para no irnos hasta el siglo XIX, a mediados del siglo pasado el gobierno federal de
Estados Unidos se puso del lado del movimiento de los derechos civiles que enfrentaba en
los estados del sur profundo la violencia y la persecución de los gobiernos racistas de la
región.
Una clásica fotografía de la época mostraba a un joven negro entrando al edificio de la
universidad de Arkansas de la mano de un fornido soldado blanco del Ejército
estadunidense. Es memorable en el mismo sentido la historia llevada al cine de cinco
activistas de los derechos civiles que fueron asesinados en el estado de Mississippi por
miembros del Ku Klux Klan, el grupo violento de supremacistas en el que participaban lo
mismo magnates y políticos que granjeros y blancos pobres.
El gobierno federal envió entonces a un grupo del FBI que no fue a perseguir y a detener a
los miembros del movimiento por los derechos civiles, sino a quienes habían matado a
sus compañeros.
¿Estaría pensando en la historia de su propio país el embajador estadunidense Tony
Garza cuando urgió al gobierno federal a imponer la ley y el orden en Oaxaca tras el
asesinato de un camarógrafo estadunidense? ¿Suponía que el presidente Vicente Fox y el
secretario Carlos María Abascal y el presidente electo Felipe Calderón enviarían a una
fuerza federal a detener al gobernador Ulises Ruiz?
Y es que el mismo viernes 27 de octubre el gobierno del estado justificó las muertes a
balazos del periodista de Nueva York, un maestro y un miembro de la Asamblea Popular de
los Pueblos de Oaxaca (APPO) ocurridas ese día. En un comunicado oficial, el gobierno
priísta dijo que estos hechos eran “resultado del hartazgo ciudadano por el permanente
ejercicio de violencia, amenazas y secuestro que a manos de la APPO han sufrido los
oaxaqueños”.
Luego se demostró que tales ciudadanos “hartos” que dispararon contra la multitud eran
pistoleros del PRI y policías ministeriales al servicio del gobierno de Ulises Ruiz. ¿A
cuántos oaxaqueños han matado los de la APPO?
Habrá uso democrático de la fuerza pública cuando haya gobiernos legítimos que estén
pensando en proteger a sus ciudadanos y en fortalecer a su país.
Lo que vemos ahora son sólo juegos de poder para proteger intereses de partido y
garantizar que el PRI no deje solos a los panistas en la toma de posesión de Felipe
Calderón. En ninguna democracia liberal un partido se la juega “a muerte” con un
gobernador que manda a disparar contra sus gobernados, pues sabe que sería castigado
en las urnas. Pero en México no hay tal democracia; aquí sólo prevalece una clase política
que no ve en esta actividad más que un modo de obtener poder por el poder mismo, y para
beneficio personal. Nada de servir a los demás ni de defender una ideología o un proyecto
de nación.
Si estuviera de por medio el engrandecimiento del país ¿qué ganan los panistas de esa
alianza con lo peor de los priístas? Si rompe el PRI con el PAN por Oaxaca ¿no se
supondría que saldría ganando Calderón que de ese modo se desmarcaría de los políticos
violentos que debieran representar un pasado que no se quiere reeditar?
Otra propaganda que circula por estos días dice que si cae Ulises caerán otros
gobernadores. Es el típico razonamiento de quienes no creen que haya movimientos
sociales legítimos, y que todos son resultado de conjuras y conspiraciones de enemigos
políticos o de grupos radicales. Porque si otros gobernadores son como el oaxaqueño ¿no
es justo que caigan? Y si no lo son, si atienden las demandas de sus ciudadanos, si
gobiernan con las puertas abiertas, si rinden cuentas y son honestos ¿por qué habría que
tirarlos? Ningún poderoso enemigo político de éste o de aquél gobernador y ningún grupo
radical podrían levantar movimiento alguno contra gobernantes justos.
El problema surge cuando no lo son y, desgraciadamente, es el caso en buena parte de
los estados del país. Por eso todos los mandatarios locales que participan en la
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) firmaron un desplegado de apoyo a
Ulises Ruiz. ¿Seguirá el gobernador de Guerrero apoyando a su par del estado vecino
luego de los sucesos violentos de la última semana? Es una buena pregunta.
En fin. El conflicto de Oaxaca demuestra una vez más que la clase política y los poderosos
de este país se resisten a pagar el sacrificio que les corresponde para que haya en México
un auténtico Estado de derecho.
La marcha a la que convocó la APPO para hoy será decisiva en el desenlace de los
acontecimientos. Si es multitudinaria, se demostrará que la intervención de la PFP no tuvo
la fuerza disuasiva que se esperaba. Decenas de miles de ciudadanos en la calle hoy
serían además la mejor noticia para Oaxaca, pues apresurarían la caída de Ulises Ruiz.
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No es comparable la movilización de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa con el
paro de maestros de la sección 22 de Oaxaca que dio origen a la situación que se vive hoy
en el estado vecino.
Pero si se mantiene el gobernador en su idea de que no puede dar audiencia a quienes la
soliciten mediante marchas y plantones; y si la policía estatal comete algún pequeñisimo
error ya veremos todos cómo Guerrero se coloca en las primeras planas de los diarios y
Zeferino Torreblanca es comparado con Ulises Ruiz.
El secretario de Gobierno Armando Chavarría –y sólo él– un día sí y otro también declara
que Guerrero no es Oaxaca, que aquí se atiende a los inconformes, que es falso que sea
un gobierno insensible, que no se viven en el estado los tiempos de antes, con los
gobiernos autoritarios del PRI. Pero él no es el gobernador.
Y ya no sabe cómo justificar la insensibilidad de su jefe cuando, a la petición de audiencia
con el gobernador que vienen reiterando los estudiantes de Ayotzinapa, Chavarría responde
que “es muy complicado que (Torreblanca) hable con todo mundo y no porque no quiera,
sino porque humanamente es imposible”.
Como siempre, la generalización y la descalificación. Nadie está solicitando que el
gobernador hable “con todo mundo”, sino simplemente que reciba en audiencia a una
comunidad estudiantil que representa mucho en la historia de Guerrero… con sus
asegunes.
A propósito del secretario de Gobierno. En el acto de presentación de la coordinación del
Polo Guerrerense de Izquierda en Acapulco, del cual fue la estrella principal, Chavarría dijo
una frase que hay que anotar bien en la libreta por lo que pueda suceder más adelante.
“Que no se engañe nadie: el fortalecimiento del PRD pasa por el fortalecimiento del
gobierno de Zeferino Torreblanca”.
En la misma línea, el funcionario se refirió al gobernador como “un hombre honesto,
trabajador y que quiere lo mejor para el estado de Guerrero”.
Por cierto en esa misma reunión el secretario pidió a sus compañeros que sean pacientes
con el gobierno de Torreblanca y hasta dijo que “dentro de un año” observarán que el
gobierno va por el camino adecuado. ¡Un año más! Zeferino Torreblanca pidió un año para
limpiar la casa y ya lleva año y medio en el gobierno sin ninguna obra material o política de
importancia. Y ahora su secretario de Gobierno pide un año más para ver resultados.
Esperemos pues. No digamos nada. Quietos todos. Que el gobierno del estado trabaja
–en silencio, como debe de ser– por el bien de todos nosotros.

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Y mientras, el secretario de Fomento Turístico y la presidenta de la principal agrupación de
hoteleros minimizando la recomendación del gobierno de Canadá para que sus
ciudadanos no visiten Guerrero.
Acaban de estar en ese país y encontraron un ambiente excelente, dicen. Pues sí
estuvieron allá, pero antes de la recomendación del gobierno.
Dice Ernesto Rodríguez Escalona que la agencia que canceló reservaciones lo hizo por “un
factor de baja ocupación” de los dos vuelos charter a la semana que tenía previstos llenar.
Pero no explica qué causó esa “baja ocupación”. Huracanes no hubo en Acapulco; tampoco
un desbordado movimiento de resistencia civil en contra de la “imposición” de Felipe
Calderón. No se sabe tampoco que haya disminuido de pronto el poder adquisitivo de los
canadienses. Lo único que ha habido en Acapulco –y en Ixtapa-Zihuatanejo– es
narcoviolencia, y es por eso que Guerrero fue incluido en la recomendación del régimen de
Ottawa.
Pero Rodríguez Escalona sólo sigue la actitud del primer perredista del estado –que está
claro que no es Félix Salgado–, quien en torno a la ejecución de tres policías ministeriales
bajo su mando, entre ellos un comandante decapitado, en acciones vinculadas con el caso
de dos sicarios detenidos in fraganti cerca de Chilpancingo y liberados al otro día,
respondió que se trata de actos de violencia que no afectan ni a la sociedad ni a la
inversión. Y entonces ¿las benefician?