El Consejo Nacional del PRD llamó en su sesión del fin de semana antepasado a
“impedir” la toma de posesión de Felipe Calderón como presidente de la República; y ayer,
el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados federal hizo público un
“Manifiesto al pueblo de México” en el que, en la misma línea, llama a “impedir y combatir la
imposición y obligar a la discusión y acuerdo de un nuevo pacto social entre los
mexicanos”.
En este documento, la bancada perredista, la mayor en la historia electoral de la izquierda,
abona a la estrategia de no dejar llegar a Calderón, porque eso significaría contribuir a “otro
sexenio similar al salinista”. Y por eso advierten que “la resistencia parcial y gradual será
un camino infructuoso y muy negativo para el pueblo de México. Los únicos ganadores
serán, como en el salinismo, los privilegiados de siempre”.
Antes, los diputados federales hicieron un llamado a elaborar un plan para alcanzar la meta
de impedir la asunción del panista, y en el que incluyen a los representantes populares de
todos los niveles, “a nuestros gobernadores” y a los presidentes municipales.
Es claro que se trata de una estrategia que no tiene consenso en el propio PRD, como lo
han demostrado declaraciones recientes de miembros del mismo grupo que lanza el
Manifiesto, como es el caso del guerrerense Evodio Velázquez, a la sazón miembro de la
corriente Nueva Izquierda, la más fuerte y estructurada de las que tiene el PRD.
Es el caso asimismo del secretario de Gobierno Armando Chavarría, que apenas el jueves
declaró que, aunque antes se expresen posiciones radicales, él sabe por experiencia
propia –fue diputado federal y senador– que “de última hora esos temas” –las acciones de
protesta– “siempre se discuten en el pleno de la fracción de los diputados y senadores” y
que por eso espera que predomine la mesura y la madurez “como siempre”. (Ver El Sur del
viernes).
Y entre los gobernadores ni se diga. Tampoco hay consenso en esa línea de levantar un
movimiento de masas con una fuerza tal que impida lo que parecería inevitable: la toma de
posesión de Felipe Calderón como presidente de la República.
La ausencia de unidad en las propias fuerzas lopezobradoristas es la debilidad principal
de esta estrategia. Y los adversarios de López Obrador buscarán aprovechar la omisión de
los gobernadores, con todo el peso político específico que les viene del manejo de
millonarios recursos públicos; y la ausencia de apoyo real de diputados y senadores, que
no se han cansado de filtrar a periodistas de todos lados que no están dispuestos a dar
dinero para las actividades del movimiento de resistencia civil, en una etapa que se
presenta como decisiva.
Uno quisiera equivocarse y que efectivamente del 20 al 1 de diciembre pudiese levantarse
en las principales ciudades del país un movimiento de millones de mexicanos que, como
dice el documento de los diputados del PRD, obligue a la “discusión y acuerdo de un nuevo
pacto social entre los mexicanos”, se entiende que a Calderón, al PAN y al PRI, a las elites
empresariales y a los poderes fácticos.
Tal vez un acicate adicional para la protesta popular sea el alza a la gasolina y a la leche de
consumo popular que recién impuso el gobierno de Vicente Fox, que pudiera tomarse
como prueba de que la clase media que votó por el candidato panista fue engañada, y de
que a los mexicanos pobres les espera el peor de los mundos posibles en un eventual
gobierno calderonista.
Pero esta vez prefiero ser pesimista. Andrés Manuel López Obrador y el entorno de políticos
del viejo régimen que lo rodea parece que sólo quieren estirar la cuerda al máximo para,
llegado el momento, detenerse para no exponer a la gente a la represión, como dicen. Y,
por otro lado, la base social que los ha acompañado desde el 2 de julio es una masa
desorganizada formada por ciudadanos honrados y decentes que querían sinceramente un
cambio en México y que por eso fueron a votar, pero no parecen dispuestos a ir más allá.
Millones de ellos –muy lejos de los 15 que ueron a las urnas– han atendido con más o
menos frecuencia a las convocatorias de López Obrador, pero quien sabe si incluso éstos
tengan la disposición para “impedir” la toma de posesión de Calderón y pasar ya a la
acción directa como lo sugiere el Manifiesto de los diputados que afirman que “la
resistencia parcial y gradual será un camino infructuoso y muy negativo para el pueblo de
México”.
Es decir, tengo mis dudas de que la base del lopezobradorismo tenga la disposición
suficiente y alcance la fuerza necesaria para que la situación se decida aquí y ahora, y no
dentro de tres o seis años.
El Zócalo de todos modos estará pletórico este lunes en que se imponga la banda
presidencial a López Obrador. ¿Podrá seguir la masa presente a su líder hasta lograr el
objetivo de que Calderón no gobierne? ¿Podrá la movilización extenderse más allá del
Distrito Federal, donde por lo demás también ha decaído?

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De todos modos no es fácil emprender un movimiento como el que se propone sin el
apoyo de los gobernadores, verdaderos jefes políticos del PRD en los estados.
Tan lo son que en su visita a Chilpancingo y Acapulco, López Obrador no hizo ninguna
alusión siquiera a los principales problemas del estado, como para evitar caer en
contradicción con las posiciones y las políticas del gobernador Zeferino Torreblanca.
Ciertamente se refirió a los “sueldos desproporcionados” que ganan los funcionarios
públicos, y como antes de entrar en la materia dijo que había que hacer una autocrítica, se
entiende que el mensaje iba dirigido a Zeferino Torreblanca, cuyo sueldo figura entre los
más altos de todos los gobernadores del país.
Uno esperaría que después de este señalamiento directo de quien desde el lunes será el
“presidente legítimo” que reconocerán los perredistas, los diputados de este partido
aprueben un tabulador de sueldos y salarios de los altos y medianos funcionarios
–incluidos los presidentes municipales y los síndicos y los regidores– que tome en cuenta
que son servidores públicos de un estado pobre. Muy pronto sabremos si darán este paso.
Argumentos sobran. Para empezar, un gobierno de la izquierda debe reivindicar la nobleza
del servicio al público como un valor en sí mismo. Aquí no se viene porque se pagan
buenos sueldos o porque se obtienen tales y cuales bonos, sino por el sólo hecho de
trabajar por el bien de la comunidad. ¿Estarán dispuestos nuestros políticos y funcionarios
de izquierda a tener salarios de servidores públicos?
Por lo pronto el gobernador no. Él cree que el gobierno es una empresa que se debe de
manejar con criterios de rentabilidad. No va a venir alguien a ganar menos; a ver que se
venga un diputado, ha dicho Torreblanca siempre que se toca el tema de su sueldo, uno de
los más altos entre los gobernadores del país. Pero si no quieren ganar menos, pues
entonces no pueden ser funcionarios de un gobierno de la izquierda, y menos en un estado
pobre. Si quieren ganar dinero, que se dediquen a otra cosa, pero no al servicio público.
Fuera del asunto de los sueldos de los funcionarios, López Obrador no habló en su
discurso de ningún tema candente de Guerrero como la narcoviolencia. Tampoco hizo
referencia alguna a la reaparición de la guerrilla en México. Sus seguidores en el estado
habrían apreciado alguna orientación al respecto de su principal líder.
Por lo demás, el político tabasqueño hacía sus propuestas como si en Guerrero gobernara
el PRI o el PAN. Se refirió al tema de los rechazados de las universidades públicas, cuando
aquí el problema es la ofensiva del gobierno perredista contra las normales públicas del
estado, ofensiva que no se había visto en ningún otro periodo.
Tampoco escuchamos un llamado explícito para que el gobierno de Guerrero aplicara las
políticas que él anunció que aplicará desde su gabinete de la resistencia. Hubiera sido
bueno contrastar estas políticas con las que aquí aplica el gobernador Torreblanca, que no
pierde oportunidad para demostrar que es un defensor de la política económica neoliberal
que tanto ha empobrecido a millones de mexicanos y superenrriquecido a una minoría
cada vez más pequeña que la de antes.
No quiere el gobernador que se construyan más hospitales en Guerrero si no van a tener
las condiciones para operar. El planteamiento debe ser al revés, digo. Los hospitales que
ya hay deben dejar de ser elefantes blancos como los llamó, y tener médicos y enfermeras
suficientes, y equipo suficiente y medicinas suficientes. Y, además, deben construirse más.
¿Pero de dónde va a salir el dinero?, se preguntará el gobernador. Sí, de dónde. Mientras,
que los guerrerenses se esperen otros 20-30 años a que se cree la riqueza, pues ésta no
se puede repartir si no la hay.