En la semana que pasó, lo mismo en Oaxaca que en Guerrero se habló de aplicación de la
ley. En el primer caso –en el centro del interés nacional– hubo toda una ofensiva mediática
en la que locutores, conductores y uno que otro periodista se preguntaban cómo es que no
se aplicaba la ley en Oaxaca y reprochaban al gobierno federal que no interviniera para
imponer el orden. Aquí, el gobernador, el secretario de Gobierno y el de Educación también
incorporaron a su discurso las palabras de ley y orden, para amenazar a los estudiantes de
la normal rural de Ayozinapa, aunque no han contado con el cobijo social que quisieran
para emprenderla a golpes contra los rijosos jóvenes alumnos.
De hecho las opciones de fuerza no cuentan con la simpatía de los mexicanos en general.
Encuestas van y encuestas vienen, y cuando al ciudadano se le pregunta si se debe aplicar
la fuerza pública contra tal o cual movimiento invariablemente la respuesta mayoritaria es
“no”.
Algunos analistas llaman a eso el síndrome del 68. Dicen que desde la matanza de
estudiantes ese día por el Ejército, que recibió órdenes del presidente Gustavo Díaz Ordaz,
la sociedad considera al uso de la fuerza pública como un sinónimo de reprimir. Y que,
asimismo desde entonces, los presidentes no quieren pasar a la historia como
represores.
Siendo ciertas esas dos conclusiones, creo que si el uso de la fuerza pública no tiene
consenso social se debe fundamentalmente al entorno en que se aplica. Funcionarios de
los tres niveles de gobierno, sean del partido que sean, y sobre todo los del área de
seguridad, se mueren de las ganas de salir a las calles con sus huestes a repartir golpes y
si es el caso incluso balazos. Apenas a fines de agosto, cuando el gobierno federal ordenó
cercar el Palacio Legislativo de la ciudad de México con un impresionante dispositivo
policiaco-militar, y salieron a la calle tanquetas, el secretario de Seguridad Pública federal,
Manuel Medina Mora, declaró que no debiera de extrañar esas medidas, pues también las
aplican los gobiernos de los países de Europa.
Si es así, ¿por qué entonces cuesta tanto trabajo a los gobiernos usar la fuerza pública
contra los movimientos sociales y políticos opositores? Pues porque son gobiernos no
legítimos. Y cuando algunos políticos llegan al poder con una alta legitimidad, como sería
el caso de Guerrero, ya en éste la pierden más o menos aceleradamente pues tienden a
establecer o a profundizar alianzas con los mismos poderosos de siempre, y a romperlas
con los sectores populares que los encumbraron.
En Oaxaca el detonante de la movilización fue un hecho menor: la demanda de
rezonificación salarial de los maestros, que por lo demás se venía levantando desde hacía
varios años. En Guerrero apenas fueron sacados los policías antimotines en plan de
reprimir a los alumnos de Ayotzinapa también por un hecho súper menor: si se autorizaba
la inscripción en esa escuela de 140 estudiantes, como lo proponían los normalistas o si
sólo se aceptaba a 130 como lo planteaba la Secretaría de Educación Guerrero. Es más,
los normalistas ya habían aceptado tener para ellos 10 puestos menos, y lo único que
demandaban es que ese acuerdo fuese firmado por el secretario José Luis González de la
Vega.
¿Qué legitimidad social podría alcanzar una medida represiva del gobierno en este
contexto? Ninguna. Ni en Oaxaca ni en Guerrero estamos hablando de demandas
exorbitantes de los maestros allá, y de los normalistas acá.
Saben los gobernantes que si aplican la fuerza pública van a ser calificados, y con
muchísima razón, de represores, y no de funcionarios firmes y capaces que solamente
aplican la ley en beneficio de la sociedad. Saben que esto no es cierto, pues o no tienen la
fuerza o no tienen la disposición para gobernar en beneficio de la mayoría de sus
gobernados.
Un gobierno que representa al interés general de la sociedad y escucha a sus ciudadanos
tendrá siempre la legitimidad necesaria para aplicar la ley.
Y jamás tendrá legitimidad social la represión contra quienes luchan por sus derechos, en
un país con la mitad de su población viviendo en la pobreza; con salarios que no alcanzan
para una vida digna, mientras una minoría concentra riquezas y privilegios insultantes.
Reprimir en este contexto es abrir las puertas a la ingobernabilidad, a los estallidos
sociales y a la insurrección.

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Otro asunto que está en el fondo de la incapacidad de los gobernantes para aplicar la ley,
es que no tienen la fuerza o la disposición para aplicarla parejo, para hacer realidad el
axioma de que todos somos iguales ante la ley.
Imaginemos que este viernes el gobierno del estado hubiese ordenado reprimir a los
estudiantes de Ayotzinapa. Un probable titular de El Sur habría sido: “Desalojan a
normalistas; liberan a los dos sicarios”.
Porque se me pasaba decir que siempre que los gobernantes hablan de que van a aplicar
la ley están pensando en los de abajo, en los pobres, en los desamparados, en los
trabajadores, en los indígenas, en los campesinos, en los estudiantes.
Si el gobernador dijera: muchachos los vamos a desalojar porque ustedes de plano no
entienden, son muy radicales y extremistas. Ya encarcelamos a los que desviaron
millonarios recursos de la SEG; ya estamos terminando con los aviadores; ya le dijimos a
Calixto que no le vamos a autorizar más comisionados; ya no aceptamos recomendados
de ningún político; yo mismo estoy encabezando las gestiones y la movilización para que
haya más recursos para toda la educación pública en Guerrero ¿y ustedes no se aplacan?
Pero no. Todo lo demás sigue igual. O peor porque cada día hay más voces que le piden al
gobernador que sea sensible, y él sigue con sus techos financieros y otras palabrejas que
se traducen en menos oportunidades de progreso para los jóvenes de Guerrero. A
propósito, creo que nadie le ha pedido al gobernador que dé plazas sin el famoso techo
financiero. Lo que se le ha pedido es que encabece la lucha para que la federación libere
los recursos suficientes para autorizar esas plazas. ¿O ya no se necesitan maestros en
Guerrero?
Entonces, que la ley no se aplique por igual a tirios y troyanos es otra fuente de ilegitimidad
de los gobiernos que hace que éstos la piensen dos veces antes de desatar la represión
abierta contra algún grupo social.

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Que los gobernantes de ahora, como los de antes, no están dispuestos a ver por los de
abajo lo confirma la declaración del ex presidente de la Coparmex-Acapulco, y actual
presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado,
Jorge Bajos Valverde.
En entrevista con el subdirector Hugo Pacheco publicada en El Sur del viernes, Bajos dijo
que el gobierno del estado debe apostarle a la inversión privada porque los recursos
presupuestales siempre serán insuficientes para atender la demanda social. Y expresó la
frase que es como el primer mandamiento del capitalismo salvaje: para que haya
desarrollo social primero debe haber desarrollo económico, pues no se puede repartir la
riqueza que no existe.
Se oye bien ¿no? Pero es falso. Lo misma se viene repitiendo en el mundo
subdesarrollado desde el siglo XIX. Yo desde niño, en los 50, escuchaba a mi papá en
Arcelia decir: en 20 años México será otro país, más rico y próspero, con menos pobres. En
30 años cambiaremos al país, dicen que dijo por allí el artífice del desarrollo estabilizador
Antonio Ortiz Mena o alguien de su grupo en los años 60. Gobernaremos 24 años seguidos
y México entrará al primer mundo, dijeron a fines de los 80 los tecnócratas de Carlos
Salinas. En 20-30 años… dice ahora el presidente electo Felipe Calderón.
Y tenemos cada día más pobres y cada día menos ricos más ricos.
Hay otra frase memorable del otro lado de la luna. Es de John Maynard Keynes, quien dijo:
“En el largo plazo todos estaremos muertos”.
El Estado, no me canso de repetirlo, es una de las grandes conquistas de la humanidad.
También es cierto que han fracasado las economías planificadas, y que se ha impuesto la
economía de mercado, como se le llama eufemísticamente al capitalismo, categoría que
remite a otras como despojo, explotación irracional de la naturaleza y del hombre por el
hombre.
Pero el mercado no se autocorrige y una economía de mercado sin Estado fuerte, sin
impuestos a los empresarios y sin regulaciones que los limiten, sólo lleva al capitalismo
de compadres como el que existe en México. El que defiende Bajos.
A propósito ¿por qué no es viable demandar a la federación que asuma la deuda pública
de Guerrero? ¿Y por qué el Congreso del Estado, donde el PRD y sus aliados hacen
mayoría, no emite una declaración en favor de un cambio de la política económica
nacional?

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El gobernador Zeferino Torreblanca hizo ayer un señalamiento muy grave a raiz de los
recientes hechos de narcoviolencia en Chilpancingo y Acapulco.
Dijo que hay “municipios con cuerpos policiacos completos coludidos con el crimen
organizado, con alto grado de complicidad y de corrupción; me parece que es un tema en el
que tenemos que trabajar los tres órdenes de gobierno”.
La declaración del gobernador se dio después de su intervención en el acto de toma de
posesión de la nueva mesa directiva de la Barra de Abogados de Acapulco, donde dijo: “No
variaremos nuestro rumbo en relación a que las cosas vayan corrigiéndose a profundidad
en el estado de Guerrero”.
Tenemos pues, un gobierno del estado perfecto. ¿Cómo le harán los grupos de la
delincuencia organizada para infiltrarse sólo en los policías que dependen de los alcaldes
y dejar intactos e impolutos a los policías del gobierno del estado?