La Cámara de Diputados aprobó en su sesión del martes 29 de octubre, el dictamen de reforma constitucional para modificar las normas relativas a los delitos por los cuales puede ser enjuiciado del Presidente de la República.
1.- El fuero ha sido un privilegio que las constituciones han concedido a servidores públicos de alto rango –entre ellos a los Presidentes de la República– para que no puedan ser detenidos y enjuiciados sin un procedimiento previo por el Poder Legislativo, mediante el desafuero o declaración de procedencia y por ciertos delitos específicamente enunciados.
La Constitución de 1824 establecía en su artículo 38 fracción I, que el Presidente de la Federación sólo podría ser acusado ante cualquiera de las dos Cámaras –diputados o senadores– constituidas en gran jurado, por los delitos de traición contra la independencia nacional, o la forma de gobierno y por cohecho o soborno cometidos durante el periodo de su encargo.
Luego la Constitución de 1857 previno en su artículo 103 que el Presidente de la República sólo podría ser acusado durante el ejercicio de sus funciones por los delitos de traición a la patria, violación expresa a la Constitución, ataque a la libertad electoral y delitos graves del orden común.
2.- La Constitución vigente desde 1917 mandató en su artículo 108 que el Presidente de la República podría ser enjuiciado durante el lapso de su encargo únicamente por traición a la patria y por delitos graves del orden común. La parte de esta disposición constitucional se ha mantenido intacta durante más de un siglo.
Desde la Constitución de 1824 hasta la fecha, nunca se ha enjuiciado a algún Presidente de la República y vaya que hemos tenido muchos traidores a la patria y delincuentes que han violado la confianza popular y las leyes de la nación y han cometido fraudes electorales, entre ellos Antonio López de Santa Anna, Porfirio Díaz –en la etapa final de su gobierno– Gustavo Díaz Ordaz, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Esto ha sido así, porque los senadores y diputados en cada época, han sido cómplices de los Presidentes de la República en turno.
3.- Entre las iniciativas más relevantes del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, como parte sustancial del combate a la corrupción se encuentra la de ampliar los delitos por los cuales pueda ser juzgado el Presidente de México, es por ello que el dictamen aprobado se agregan los delitos de corrupción, electorales y los que se encuentran contenidos en al artículo 19 constitucional en un catálogo muy extenso que son: abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violacio?n, secuestro, trata de personas, robo de casa habitacio?n, uso de programas sociales con fines electorales, corrupcio?n trata?ndose de los delitos de enriquecimiento ili?cito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petroli?feros o petroqui?micos, delitos en materia de desaparicio?n forzada de personas y desaparicio?n cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Eje?rcito, la Armada y la Fuerza Ae?rea, asi? como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nacio?n, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.
4.- En virtud de que se trata de una reforma constitucional se ha requerido de la aprobación en el Senado –23/03/2019– y ahora en la Cámara de Diputados de una mayoría de al menos dos terceras partes de los legisladores presentes, lo cual implica un amplio consenso. La reforma aprobada pasará al Senado para su aprobación definitiva. El debate en ambas cámaras ha sido más de forma, aún cuando sí hubo legisladores que se oponen a la ampliación de los delitos por los cuales pueda ser enjuiciado el Presidente de la República bajo el argumento de que con ello se queda desprotegido y puede generar ingobernabilidad; sin embargo, el mensaje de los electores del primero de julio del 2018 fue por un cambio de régimen en donde no haya privilegios, en donde sin duda también se encuentra incluido el propio jefe de Estado, López Obrador, quien por sí mismo ha impulsado esta reforma como parte sustancial de la Cuarta Transformación de México.

marcialrodriguezsaldana.mx