Puede afirmarse que hay una opinión cada vez más extendida, entre diversos sectores de la academia, la política y las organizaciones ciudadanas, que sostiene que una reforma fiscal es indispensable para la reconstrucción del país.
Recientemente salió a la luz un conjunto de estudios, editados por la Fundación Ebert (disponible en http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/17774.pdf) donde se plantean varios enfoques en torno a este asunto. En la presentación, los coordinadores del texto no dudan en afirmar que es imperiosa “la necesidad de aumentar los recursos disponibles del Estado para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la crisis desatada por el Covid-19…”. Y agregan que: ante la necesidad de urgentes inversiones públicas en el sistema de salud, la educación y la infraestructura y los programas de reactivación económica ante la crisis económica detonada por el Covid-19, los ingresos públicos en México son cada vez más insuficientes”.
El consenso apunta también a que la reforma fiscal debe ser progresiva y por lo tanto afectar principalmente al Impuesto sobre la Renta (ISR) y, en específico, el ISR a las personas físicas. Subrayan que este gravamen es por lo general el elemento central de la progresividad de los sistemas tributarios, ya que supone que las personas deben contribuir a los gastos colectivos de manera proporcionalmente mayor conforme disponen de ingresos superiores a los de los demás integrantes de la sociedad. Esta es una característica que no presentan la mayor parte de los impuestos al consumo (IVA; IEPS). Desde el punto de vista de la equidad, el ISR debe ser visto como una de las piezas centrales de una reforma fiscal relevante. Una reforma que afecte solo a la cúspide de la pirámide de la distribución del ingreso.
El problema, precisan, no reside en las tasas máximas vigentes sino en sus tramos, es decir, la tasa más elevada se aplica a ingresos muy reducidos (10 968 pesos mensuales). Debido a esa estructura, el ISR castiga a las personas que obtienen ingresos inferiores y medios puesto que los más ricos pagan la misma tasa que aquellos.
Otro elemento que cabe revisar para aumentar la recaudación del ISR y su potencial redistributivo son las deducciones: los beneficios fiscales por este concepto están altamente concentrados en los cuantiles más altos de la distribución de ingresos.
José Casar, en esta misma colección de ensayos, señala que:
“La precariedad del sistema tributario ha tenido dos consecuencias graves. Por un lado, se ha convertido en un freno al crecimiento de la economía mexicana debido al colapso de la inversión pública, que se encuentra en sus niveles mínimos históricos como proporción del PIB y, por otra parte, el tamaño de los ingresos tributarios y su composición ha impedido que el sistema fiscal juegue el papel de corrección de la desigualdad que genera el mercado.
Subraya que los datos disponibles muestran que, mientras la distribución del ingreso antes de impuestos en México no es muy distinta de la que se observa en el resto de los países de la OCDE y en varias economías latinoamericanas, la distribución del ingreso disponible después de impuestos y transferencias monetarias es notoriamente más desigual en México. De tal manera que el efecto de las imposiciones fiscales sobre la distribución del ingreso es “prácticamente nulo”.
Por ello, afirma, que los pilares de una reforma fiscal significativa deberían consistir en aumentar la progresividad del ISR, lo que supone la creación de nuevos tramos que eleven las tasas en el extremo superior de la escala.
Casar presenta un ejercicio con base en la estimación del ingreso que obtiene el 3 por ciento de los hogares más prósperos del país. De acuerdo con lo anterior, afirma que “es perfectamente factible obtener resultados satisfactorios en materia de ISR a las personas afectando solo a una minoría muy pequeña de la población, debido precisamente a que esa minoría acumula una proporción extraordinariamente alta del ingreso disponible de los hogares. El aumento de la recaudación equivaldría a casi 70 por ciento de la recaudación actual”.
Algunos textos reunidos en la publicación que comentamos constatan que una reforma fiscal que elevara los impuestos a los más ricos y los redujera a los que ganan menos, sería apoyada de manera entusiasta por la población.
Habría que agregar que la elevación de gravámenes a las personas más prósperas ha sido propuesta en otras latitudes. En Estados Unidos (según reveló el New York Times el 22 de abril) el presidente Biden está considerando proponer nuevos impuestos a lo que ganan más de un millón de dólares al año. En Argentina, se aprobó desde enero una “contribución extraordinaria” a la riqueza (es decir al patrimonio) que afecta aproximadamente a unas 13 mil personas. También existen impuestos similares en Uruguay y Colombia; en Chile se ha abierto el debate en este mismo sentido.
Thomas Piketty en su libro más reciente, Capital e Ideología (2019), afirma que: “El sistema tributario de una sociedad justa debería estar basado en tres grandes impuestos progresivos: sobre la propiedad, sobre las herencias y sobre la renta”. Y nos recuerda que: los impuestos progresivos desempeñaron un papel relevante para combatir las desigualdades durante el siglo XX, con tasas que durante décadas alcanzaron o superaron el 70-90 por ciento para los más ricos (particularmente en Estados Unidos y en el Reino Unido). Como sabemos estas políticas fiscales cambiaron radicalmente a partir de la década 1980-1990 y con ello aumentaron de manera acelerada las desigualdades en Europa, Estados Unidos, y en el mundo.
A raíz de la crisis de 2007-2008 la inconformidad política con las desigualdades, el abandono social a los más vulnerables y la increíble riqueza acumulada por una pequeña minoría fue en aumento. La pandemia de 2020 y sus efectos en materia de pobreza y disrupción económica han hecho surgir de nuevo el tema de las desigualdades y las políticas fiscales. A tal punto que incluso el FMI propuso en su asamblea de primavera el pasado 7 de abril que: “las rentas altas y las compañías que han prosperado durante el coronavirus –las grandes tecnológicas o algunas farmacéuticas, por ejemplo– deberían pagar impuestos adicionales en solidaridad con los más afectados por la pandemia”.
En México se ha iniciado la discusión no sólo en los medios académicos, sino también en algunas esferas políticas. Una comisión del Congreso, encabezada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar ha convocado a académicos, empresarios y legisladores de todos los partidos a discutir el tema fiscal.
Sin embargo, la principal oposición se ubica en la Presidencia de la República. No es éste el espacio para discutir las razones de su negativa, que puede derivar principalmente de razones políticas. Más bien importa subrayar sus consecuencias: si no hay una reforma fiscal progresiva en lo que resta del sexenio, afectando a los ingresos y el patrimonio de los más ricos y una disminución de las aportaciones de los que ganan menos, la 4T pagará un costo social, político y económico muy alto. No podrá cumplir con sus objetivos, no lo está haciendo, para evitar el crecimiento de la pobreza, ampliar la cobertura y calidad de la salud y la educación; tampoco para financiar obras de infraestructura suficientes para jalar la inversión privada y salir de la postración económica; y para demostrar su legitimidad como un gobierno que responde a los interés de los más desfavorecidos y no a los “fifís”, “machuchones”, o como quiera llamar a la oligarquía que ha dominado al país desde hace décadas.
El asunto de una reforma fiscal progresiva no es un asunto menor o prescindible. Es una de las cuestiones vitales de nuestro tiempo. Sería la mejor apuesta para el futuro de México y para la continuidad de un régimen distinto, verdaderamente diferente, de los que han gobernado en el pasado reciente.

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