De la mayor parte de las predicciones, una de las más difíciles de pronosticar es el del futuro de los medios de comunicación, destacadamente en nuestro país. En los muchos años de nuestra existencia, el acceso cotidiano a la información pública tanto local como nacional e internacional, a las noticias se ha modificado substancialmente. Sobre todo a partir del amplio acceso que hemos tenido al internet y al cada vez más relevante intercambio de la información en las llamadas redes sociales, en las cuales se avizora tengan una mayor importancia en el futuro inmediato.
Si hacemos una relación de las tendencias en los años recientes vemos que esto no es tan difícil: cada vez usamos más los teléfonos celulares, más instrumentos inalámbricos, tenemos menos tiempo libre; no obstante, el tiempo de conexión sigue aumentando, por ejemplo cada año se viene incrementando y cada vez más transcurre nuestro vida frente a cualquier pantalla un promedio de seis horas cada día. Asimismo, decidimos informarnos y dedicarnos más a ver en pantallas de grupos de mensajería cerrados como WhatsApp, en donde cada vez más formamos parte de nuevos grupos tanto con compañeros de trabajo, amigos y familiares; esta es una tendencia al alza.
Cada día que transcurre se cuenta con más sensores, en nuevos tipos de dispositivos, se incrementa la recolección de información más amplia sobre muchos aspectos de la vida al igual que se realizan más análisis de esos registros. Por otro lado, las empresas saben más de nosotros, destacadamente como consumidores de productos y usuarios de servicios y nos conocen más en nuestras preferencias, así cómo reaccionamos ante algunas palabras, imágenes, temas, entre los aspectos más importantes de nuestra existencia cotidiana.
Ahora las grandes empresas tecnológicas, entre otras Facebook, Google, Twitter han sido cuestionadas por su desproporcionada influencia en la forma de pensar de las personas, por su deficiente manejo de los datos personales que los usuarios les confían y por la vulnerabilidad a la manipulación de sus preferencias personales en los diferentes rubros de su existencia.
Por eso ahora disponer de un buen acceso a internet se ha convertido en un requisito indispensable para el desarrollo personal y social de cualquier ciudadano. Tener acceso a este servicio depende de su capacidad para mantener interacciones económicas y sociales, así como poder acceder al ejercicio de derechos fundamentales. Sin embargo, no todos los ciudadanos en México disfrutan actualmente de la misma posibilidad de acceder a la sociedad en red.
La dificultad técnica o económica para aprovechar los usos beneficiosos y avanzados de contar con el servicio de internet se ha convertido en nuestro país en nuevo elemento de exclusión social y desigualdad que tanto nos caracteriza como sociedad. Las grandes diferencias en el acceso a estas nuevas tecnologías son un factor de inequidad y un lastre para el crecimiento económico. Todavía lo expresamos con preocupación, quedan amplios espacios del territorio nacional, particularmente en entidades como Guerrero, a las que no llega la banda ancha y la cobertura no solo es de mala calidad, sino también insegura.
Ahora que estamos observando la puesta en marcha del proceso de digitalización de la administración pública, que en algunos casos obliga y en otros fomenta que los ciudadanos nos relacionemos digitalmente con ella cuando todavía, lo decimos con preocupación, hay un porcentaje muy importante de la población que no tiene ni la infraestructura ni los conocimientos suficientes para poder acceder a este servicio público. Que algunos ciudadanos puedan vincularse con mayor facilidad con los tres órdenes de Gobierno y se beneficien mejor de los múltiples servicios que se prestan por internet, constituye una nueva forma de injusticia social.
En la actual sociedad del conocimiento el acceso a internet debe interpretarse como un bien social de primera necesidad y si el mercado no es capaz de ofrecer este servicio, el poder público debe procurar garantizarlo. La igualdad de acceso es tan relevante, que habría que pensar en alguna reforma constitucional como un bien social no opcional al igual que lo es el derecho a la salud o a la educación.