Héctor Astudillo Flores desde su discurso de toma de posesión como gobernante estatal, no dejó dudas sobre su total apoyo a la gran minería. Representada en su mayor parte por corporaciones extranjeras, quienes tienen concesionada alrededor de la tercera parte del territorio de Guerrero. En particular la empresa “Torex Gold”, subsidiaria de la mina Media Luna que tiene dentro de sus altos gerentes operativos en México a Alfredo Phillips, otrora conspicuo funcionario de la Secretaría de Energía del gobierno federal.
A los pocos meses de su mandato, Héctor Astudillo, tiene que enfrentar el primer conflicto social provocado por la operación de esa empresa: Los pescadores de la comunidad Nuevo Balsas de Cocula manifiestan su descontento, por la mortandad de peces en sus áreas de captura, ocasionada por los lixiviados vertidos en el río Mezcala y las explosiones que realiza en la ribera del mismo.
El conflicto se resolvió al intervenir el gobierno estatal, asignándole a la parte quejosa un monto de seis millones de pesos para obras sociales y productivas, como reparación del daño causado; comprometiéndose la empresa a revisar sus procedimientos de explotación minera para que la contaminación del río no rebase las tolerancias permitidas en los estándares internacionales.
Tiempo después, al gobernante y a la minera se les viene el mundo encima. Cuando un grupo de trabajadores bloquean las entradas y salidas del yacimiento a causa de un irresuelto y mal atendido conflicto sindical. A saber, una parte de los obreros mineros deciden organizarse en un sindicato independiente no adherido a la CTM quien ostenta hasta ahora la titularidad contractual. Los motivos aducidos por los paristas son: que dicho sindicato blanco (al que no se les consultó para su adscripción) no representa sus intereses y está incondicionalmente al servicio de la contraparte patronal.
El bloqueo de operaciones provoca gran alarma financiera de los dueños canadienses de la mina, ya que es uno de los yacimientos más ricos que tienen de oro y que está colocado entre los diez mayores del mundo por su “ley alta”, es decir, alto porcentaje de extracción de oro por tonelada de tierra trabajada. Tan alta es la riqueza del metal áureo extraído que sus acciones en la bolsa de valores de Canadá subieron hasta las nubes. Empoderándose muy bien, financieramente hablando.
Pero la prolongación del conflicto sindical y los asesinatos concomitantes, publicitados mundialmente, provocaron la depreciación acelerada de sus activos accionarios. Motivo por el cual obligó a los dueños de la empresa a trasladarse a México para “jalarle las orejas” al gobierno federal y estatal, por la incompetencia e ineptitud demostrada en la resolución del conflicto en forma expedita.
Ya estando en nuestro país, le reprochan públicamente al gobierno federal no devolver a Guerrero lo que la empresa pagaba de impuestos. Revelaron que en 2017 enteraron 170 millones de pesos tan solo por la operación de esa mina. De ese monto, la federación ha destinado al estado de Guerrero solamente la tercera parte: alrededor de 57 millones, mismos que aún no se han invertido siendo que están etiquetados para la construcción de obras y servicios públicos en las comunidades aledañas a la mina. ¡Uf!
En distintos momentos, en el contexto del conflicto, ha habido tres asesinatos de personas que trabajaban indirectamente para la minera. Una línea de investigación recae en los matones de la CTM de México. Los dos últimos crímenes cometidos, fueron la causa para la intervención directa de la policía estatal a efecto de eliminar el bloqueo. Raudamente la empresa “Torex Gold” reanudo sus operaciones. Pero el conflicto sindical aún sigue sin resolverse.

PD. Corrupción. S.A. de C.V. El “maestro incómodo” del gobernador, Florencio Salazar Adame, llamó telefónicamente al líder nacional de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, para preguntarle que “con cuánto se arreglaba el conflicto, para que se retirara”. Así lo denunció el líder del Sindicato Nacional de Mineros, Indalecio Pérez Morón.