Son múltiples, variados y distintos los síntomas de descomposición de una sociedad, pero el centro puede ubicarse en el gobierno, primero en un proceso creciente de debilitamiento que alienta el surgimiento de grupos de poder que actúan de facto, la agudización de los problemas y la creciente incapacidad de la autoridad para resolverlos. Asoman los rasgos del autoritarismo y se manifiesta una esquizofrenia en la que la realidad desaparece de la mente del gobierno y se crea su propia fantasía, el gobierno se convierte en víctima y los críticos en verdugos.
La característica más grave de la descomposición en Guerrero y en varios estados de la república y en el gobierno federal mismo, es el incremento en la violencia y la reducción de los márgenes de seguridad de la población. Las inversiones en programas de seguridad pública, la intervención del Ejército y la Marina se han multiplicado, pero los resultados han ido en contra del objetivo: la inseguridad crece, la violencia cobra día a día decenas de vidas humanas, la repercusión económica es creciente y la incapacidad es manifiesta.
En Guerrero se vive una realidad que, hace menos de dos años, parecía estar en vías de superación. Todo lo contrario, la problemática de la inseguridad y todos los problemas inherentes, se han agravado y ya hay quienes ven visos claros de un gobierno fallido.
En un estado en que por su cotidianeidad los hechos de sangre ya no sorprenden a nadie, ha causado conmoción el asesinato del secretario general estatal del PRD, Demetrio Saldívar Gómez, ejecutado la noche del miércoles pasado en Chilpancingo.
La pasmosa facilidad con que dos o tres gatilleros lograron su objetivo para luego huir sin contratiempos, muestra los niveles de inseguridad en los que la población guerrerense vive, o sobrevive, día con día.
Ni en Chilpancingo, ni en Acapulco, ni en ningún otro lugar de Guerrero, está nadie a salvo de la ola de criminalidad que invade todo el país, pero en este estado tiene uno de sus epicentros.
En esa dinámica, los asesinatos de personajes políticos llaman la atención, porque cuando ni siquiera la clase política se mantiene a salvo, ¿qué puede esperar el habitante de a pie de cualquier colonia popular?
La muerte de Demetrio Saldívar se suma a la de otros líderes partidarios, legisladores, alcaldes y funcionarios municipales, dirigentes de organizaciones campesinas y comunitarias, periodistas y otros personajes sociales, además de las incontables víctimas fatales de la violencia incesante, la cual durante este año en vez de disminuir observa un repunte.
En particular y tanto por su relevancia como por el modus operandi, la ejecución de Demetrio Saldívar recuerda la mortal emboscada en 2009 al diputado Armando Chavarría, quien hubiera sido el sucesor natural del entonces gobernador Zeferino Torreblanca, y a quien muchos de los cercanos al fallecido acusaron como el autor intelectual del crimen.
Apoyaba esa sospecha, entre otros elementos, el hecho de que al legislador le había sido retirada su escolta por órdenes del gobernador unos días antes, pese a que su asignación está reglamentada, así como las diferencias públicas entre ambos personajes, que se habían agudizado en las semanas anteriores. El crimen está impune desde entonces, aunque en agosto del año pasado, con motivo del séptimo aniversario luctuoso de Chavarría, el gobierno de Héctor Astudillo evaluó la investigación del caso, y luego de reconocer que hubo en ella una “irresponsabilidad jurídica institucional” que incumplió el debido proceso, se comprometió a llevar a término el tema y hacer justicia. Ninguna novedad ha habido en los siguientes ocho meses.
En el caso de Demetrio, a casi una semana de su muerte no hay todavía ninguna noticia de móviles y autores del homicidio. La Fiscalía de Guerrero se ha reservado la información sobre las líneas de investigación que dice seguir, y el resultado es que no se sabe nada.
De la muerte de Saldívar son pocos días los transcurridos, pero el caso de Armando Chavarría muestra que en Guerrero pueden pasar semanas, meses, años y gobiernos, sin que haya certeza ni justicia pese a tratarse de figuras relevantes de la vida pública. De las demás víctimas de la violencia ya ni hablar; no sabemos con certeza ni cuántas son.
En su discurso de toma de posesión, el gobernador Astudillo se comprometió a remontar lo que llamó “las cifras de la vergüenza” de Guerrero, entre ellas ser el estado más peligroso del país. Lo seguimos siendo en estos días, en que se cumple año y medio de ese momento.
El deterioro del tejido social crece, los negocios se espantan, la desesperación aumenta y todo junto achica a la autoridad que se siente víctima e incomprendida. Abandonar la soberbia y adoptar un mínimo de humildad para aceptar la realidad sería muy buen síntoma de ver la realidad desde otra perspectiva, sin cortinas ni embellecedores artificiales.