Con el asilo a Evo Morales y otros funcionarios de su gobierno, México retoma su tradicional política exterior, la que a partir del sexenio de Ernesto Zedillo fue abandonada en forma por demás vergonzosa, pues no se olvide que aquel nefasto presidente autorizó que policías extranjeros operaran libremente en territorio nacional e incluso secuestraran a perseguidos políticos.
Con gobernantes como Fox, Calderón y Peña Nieto no podía esperarse otra cosa y aumentó la presencia de policías de otros países, mientras que la política de asilo se redujo a su mínima expresión, pues se estableció una indeseable dependencia de los intereses de Washington.
Con seudotecnicismos se pretende descalificar el asilo, ignorando lo que dispone el derecho internacional. Por ejemplo, se condena al derrocado presidente boliviano tachándolo de “dictador”, cuando lo cierto es que Morales llegó al poder mediante elecciones inobjetadas. Se discute lo ocurrido en las recientes elecciones del país andino para justificar el golpe de Estado, pero lo cierto es que Evo era un mandatario en funciones y fue coaccionado para abandonar su país.
Ahora se dice que algunos de los asilados en nuestra embajada en La Paz no pueden beneficiarse de la protección mexicana porque contra ellos había órdenes de aprehensión, pero ya Marcelo Ebrard señaló que tales órdenes se emitieron después de que los perseguidos entraran en la representación mexicana.
No es la primera vez que un gobierno de facto trata de impedir que otro país proteja a quienes los golpistas persiguen, contra quienes se lanzan las más peregrinas acusaciones. Pero aun si se hubiera ordenado la aprehensión antes de que llegaran a la embajada, “corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución” (artículo IV de la Convención sobre Asilo Diplomático de la Organización de Estados Americanos).
Sobre el particular, la misma Convención, en su artículo IX establece que el asilante “tomará en cuenta las informaciones que el gobierno territorial le ofrezca para normar su criterio respecto a la naturaleza del delito o de la existencia de delitos comunes conexos, pero será respetada su determinación de continuar el asilo o exigir el salvoconducto para el perseguido”.
Por si algo faltara, aun si se produjera el rompimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, el artículo XIX dispone que si “el representante diplomático que ha otorgado el asilo debe abandonar el Estado territorial, saldrá aquel con los asilados”.
De modo, pues, que doña María Teresa Mercado, nuestra embajadora, actuó con toda dignidad y conforme a las normas internacionales, pues el Estado mexicano está en su derecho de decidir a quién proporciona asilo y las autoridades bolivianas están obligadas a extender el respectivo salvoconducto.
No es la primera vez que México afronta estas situaciones. En Chile, en los días del pinochetazo, los militares trataron de impedir en diversas formas el ejercicio del derecho de asilo. Precisamente por esa hostilidad brilló entonces la diplomacia mexicana, que encabezaba Emilio O. Rabasa y que tuvo en Santiago a Gonzalo Martínez Corbalá, un embajador valeroso e inteligente que actuó en forma ejemplar.
Con los espadones argentino las cosas no fueron mejor. Recordemos simplemente que el derrocado presidente Héctor J. Cámpora pasó más un año en la legación mexicana, pues los gorilas sólo concedieron el salvoconducto cuando la salud del perseguido era tan precaria, que sólo pudo venir a México cuando su muerte era inminente.
No son esos los únicos casos en que la digna actuación mexicana se ha enfrentado a la incomprensión y las actitudes canallescas, pero resultan ilustrativos para entender lo que se vive ahora mismo en la capital boliviana, escenario de un golpe de Estado que algunos críticos del gobierno de López Obrador pretenden justificar.
La ruptura del orden constitucional constituye un golpe de Estado y los golpistas no dejan de serlo si visten enaguas. La gorilocracia boliviana se encaramó en el poder con el abierto apoyo del ejército y la policía. Si la señora Áñez y sus compinches son civiles, eso no cambia las cosas. El suyo es un gobierno criminal que ya debe decenas de vidas.