Ustedes sabrán si dejan suelto al tigre.
Andrés Manuel López Obrador.

Es irritante, desconsolador, frustrante, hablar de los estragos del huracán Otis. Enrique Krauze dice en su artículo de ayer domingo en Reforma: “Acapulco está destruido”. Las redes divulgan números: dos mil, tres mil muertos y desaparecidos. Por supuesto, deben ser muchos más de los consignados en los datos oficiales, si hay olores putrefactos. Los problemas se encadenan y amenazan con terminar en mayor pobreza, enfermedades y más violencia hasta llegar a la ingobernabilidad.
Especialistas calculan que los recursos necesarios para la reconstrucción oscilan entre los 250 y los 300 mil millones de pesos. Recursos que el gobierno federal no asignará y el sector privado tampoco. Los huracanes Paulina (1997) e Ingrid y Manuel (2013), de menores magnitudes respecto a Otis, tuvieron recursos para la reconstrucción bajo la supervisión de los entonces presidentes de la República Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto.
No se requieren evidencias del abandono a los damnificados. La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados rechazó la propuesta de crear un fondo de contingencia; y la designación de la secretaria de Gobernación María Luisa Alcalde, como coordinadora del programa de reconstrucción, reitera el mensaje: no habrá recursos. La titular de la ex poderosa Secretaría carece de recursos económicos, influencia política y se ignora si dispone de un equipo de expertos en planeación y desarrollo social.
Por su parte, el sector privado difícilmente contribuirá a la reconstrucción. Está fuera de su alcance así Carlos Slim se haya reunido con líderes empresariales para comprometer su participación. Las razones son obvias: el motor de la reconstrucción no puede ser otro que el gobierno federal. Sin él habrá –como hay– donativos para despensas, agua, conexión telefónica, mas no para acciones de mayor envergadura.
Nos quedamos con la idea de que quien ha sido el hombre más rico del mundo, con capitales de hasta 70 mil millones de dólares, podría empujar con fuerza la recuperación de Acapulco; pero tal cosa no es posible porque esa deslumbrante suma la administra el ingeniero Slim, pero no es su dueño. Él tiene que cuidar la inversión de socios y accionistas y asegurarles dividendos. Los empresarios tienen el corazón irremediablemente en la cartera. Para que el sector privado sea factor del crecimiento de la economía necesita que el gobierno cree las condiciones de certidumbre y seguridad. Es decir: el gobierno planea la reconstrucción y aporta los recursos y los empresarios se suman; al revés, imposible.
Llama la atención que el presidente de la República escatime, a los gobiernos estatales de su partido, los recursos necesarios para su buen desempeño. Por un tiempo, la gobernadora Evelyn Salgado podrá mitigar algunos problemas de subsistencia, pero no tardará el momento en que se harán más punzantes las urgencias de la población. Y ahí, ya no tendrá capacidad de respuesta. Hasta la fecha, no ha recibido una partida presupuestal extraordinaria para atender las ingentes necesidades de los porteños, comunidades y municipios afectados.
Otis nos ha colocado como una sociedad en vilo. De la respuesta que reciba la población y los territorios afectados, dependerá el futuro del estado. En un estado con una historia de violencia, los guerrerenses somos una sociedad con armas. Hasta la fecha no se ha construido una sociedad civil fuerte porque, entre nosotros, ha prevalecido el cacicazgo y sus funestas consecuencias. Habrá que agregar el atraso educativo y la falta de infraestructura para el desarrollo que nos mantiene, con Chiapas y Oaxaca, como uno de las tres entidades más atrasadas de México.
Guerrero debe asumirse como un asunto de seguridad nacional. Obsérvese un breve repaso de nuestra historia de conflictos: El movimiento popular de 1960, la matazón de copreros (1967), las guerrillas de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y Carmelo Cortés (1960-70) y la llamada guerra sucia, Aguas Blancas (1995), los 43 de Ayotzinapa (2014)… La inestabilidad política se refleja en periodos gubernamentales de dos años y ocho meses promedio, a partir del régimen de la Revolución Mexicana.
Somos una sociedad subsidiada. Abandonarla a su suerte será tan grave como el propio Otis. La irritación social puede ir más allá de las elecciones. El gobernador José Francisco Ruíz Massieu expresó en alguno de sus informes de gobierno: “Sería una temeridad de la federación abandonar a Guerrero”.
No hay necesidad de poner los oídos en la tierra para advertirlo.