La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) ordenó a nuestro periódico que retire de su página web y de sus redes sociales la nota de la entrevista en la que el candidato del PRI-PRD a la alcaldía de Acapulco, Ricardo Taja Ramírez, opinó que las mujeres sin hijos no tienen amor por la familia, y ejemplificó con su contrincante por el mismo cargo, la ahora alcaldesa electa Abelina López Rodríguez, y la actual presidenta municipal Adela Román Ocampo, ambas del partido Morena.
Argumenta la instancia que así lo solicitó López Rodríguez en su queja, pues se trata de una expresión que se considera violencia política de género, y que procede ordenar la medida cautelar del retiro de la publicación digital de la entrevista mencionada para impedir la revictimización de la víctima.
No estamos de acuerdo con la orden que nos da la Comisión de Quejas y Denuncias del IEPC. Es claramente contraria a la libertad de expresión y al derecho a la información consagradas en la Constitución.
Retirar el texto de la entrevista como lo ordena, beneficia más al que emitió la declaración que a la víctima de la misma.
Pareciera entonces que lo que se busca no es terminar con la violencia contra las mujeres, en este caso la violencia política de género, sino impedir que la sociedad conozca a los presuntos perpetradores.
El abogado de la empresa Información del Sur, editora de este periódico, Juan Martín Altamirano Pineda, buscó conocer la denuncia que nos implicaba, y la licenciada Azucena Abarca Villagómez le respondió que no nos la podía proporcionar porque no somos parte del juicio.
O sea que, con argucias y mala fe, pues ahora se aprueba una medida que afecta al periódico –y sobre todo a sus lectores–, ni siquiera respetaron nuestro derecho de audiencia para defendernos y explicar a los juzgadores lo que significan la libertad de expresión y el derecho a la información.
Los mismos que se hicieron de la vista gorda ante muy evidentes muestras de actos anticipados de campaña; que no vieron decenas de anuncios espectaculares colocados en las principales ciudades del estado promoviendo la imagen de un aspirante a la gubernatura; que dieron por buena la simulación de que se trataba de la propaganda de una revista; que no pudieron proporcionar los resultados electorales preliminares la noche de la elección en cantidad suficiente; que impidieron la presencia de reporteros en las sesiones del Consejo General del IEPC y en los debates de candidatos con el pretexto de la pandemia; que expulsaron a reporteros de sesiones de consejos distritales que por ley son públicas, son los mismos que ahora nos ordenan dejar de informar a la sociedad sobre hechos de interés público.
Según nuestro abogado, tenemos cuatro días para apelar el acuerdo y así lo haremos. Mientras tanto, esperamos un deslinde de la alcaldesa electa Abelina López Rodríguez. Suponemos que la denuncia fue puesta contra su rival Ricardo Taja y no contra El Sur ni contra los derechos de sus lectores.