La semana pasada, Argentina hizo historia. Los congresistas de ese país, primero en la Cámara de Diputados y después en el Senado, votaron la despenalización del aborto hasta las catorce semanas de embarazo. Si bien algunos países de la región ya han legalizado esta práctica –como Cuba, Uruguay, Guyana, la Ciudad de México y el estado de Oaxaca en México–, este voto claramente será un parteaguas en el debate latinoamericano sobre el aborto, que había sido dominado hasta hace poco tiempo por la Iglesia católica y los cultos evangélicos. Y el hecho que el actual Papa, Francisco, sea argentino, refuerza su carácter simbólico.
Y es que América Latina es una de las regiones que peor trata a las mujeres que tienen que hacer frente a un embarazo no planeado. Según el instituto alemán Guttmacher –especializado en el estudio de la salud reproductiva a nivel mundial–, se llevan a cabo 121 millones de embarazos no planeados cada año en el mundo. De estos embarazos, según este mismo instituto, 61 por ciento terminan en un aborto, lo que equivale a 73 millones de abortos por año en el mundo. En América Latina, la gran mayoría se realiza de manera clandestina: para las personas que tienen recursos, éstos se llevan a cabo en buenas condiciones de higiene. No es así cuando se trata de mujeres pobres, que muchas veces se ponen en las manos de curanderos, o de personas sin preparación médica, poniendo en peligro su vida. La desigualdad, el cáncer de las sociedades latinoamericanas, también tiene un impacto determinante en la salud de la mujer.
Pero en la mayoría de países de América Latina se repite el mismo patrón: leyes restrictivas impulsadas por una plana de partidos conservadores, respaldados por la fuerte presión de las iglesias que apelan a la moral social permeando a las instituciones y a los que toman las decisiones, en su gran mayoría hombres, para trabar el acceso a los procedimientos que permitirían evitar accidentes y muertes.
Al poner por delante la moral social por encima de la salud pública, miles de mujeres son condenadas a morir en la clandestinidad o a vivir en la cárcel. De ahí la importancia de la movilización de la sociedad latinoamericana para obtener que el debate se dé dentro del terreno de la autonomía femenina y de su derecho a decidir libremente sobre sus cuerpos. En este sentido, el caso argentino es paradigmático. En 2018, gracias a la presión de los movimientos feministas argentinos, la despenalización del aborto fue puesta a la orden del día del Congreso en 2018, a pesar de las resistencias dentro del gabinete del entonces presidente de centro derecha Mauricio Macri. Y si bien los diputados votaron a favor del dictamen (con una mínima diferencia), el Senado, que siempre ha sido más conservador, no se manifestó en el mismo sentido. Pero lo importante fue que el debate público cambió de sentido, y por primera vez le dio voz a las mujeres.
Pocos meses después se llevaron a cabo elecciones presidenciales y legislativas, que llevaron al poder a Alberto Fernández y a una nueva composición del Parlamento, más proclive a respaldar este cambio. Desde su campaña, el actual presidente de Argentina se comprometió a llevar esta reforma al Congreso, y a obtener su aprobación. Ya como presidente, Fernández volvió a afirmar esta decisión, durante una conferencia en Sciences Po, en París, en febrero del 2020. Y unos meses después, lo que era una promesa de campaña se volvió realidad.
Esta parece haber sido la receta del éxito: la conjunción de la presión social junto con la voluntad política. Es en este sentido que los demás países latinoamericanos deberían avanzar, en aras de garantizar los derechos de las mujeres, en particular en los países donde las leyes son más restrictivas, como en Centroamérica donde las mujeres que practicaron un aborto después de una violación pueden ser condenadas a prisión. Para cambiar la legislación, la presión de las calles, de la política e inclusive de los tribunales internacionales –como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH)– es fundamental.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

@Gaspard_Estrada