Nuestro Inai, antes Ifai, no es para nada perfecto: tiene gastos superfluos, algunos sueldos de lujo, instalaciones costosas y hasta meseros que llevan comida a las oficinas de los comisionados. Pero este organismo es tan imperfecto como necesario.
Andrés Manuel López Obrador ha lanzado una propuesta que parece irreal: desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y otros entes autónomos. Ofrece a cambio que sea la Secretaría de la Función Pública la que lo sustituya, y que entregue en menos de 72 horas la información solicitada. Esto último es, en los hechos, prácticamente imposible: el proceso de transparencia lleva 10, 15 o más días hábiles para encontrar la información y proporcionarla a los solicitantes. Además, la burocracia está sobrecargada de trabajo, por lo que sería injusto que si no la entrega en ese lapso se ejerza una sanción, como ha propuesto también el presidente.
El Inai no nació por capricho, ni por una idea neoliberal de panistas o priistas, como tal vez piense López Obrador. No. El Inai surgió por la exigencia de transparencia de parte de ciudadanos, la academia, periodistas y sociedad civil organizada. México vivió décadas de opacidad institucional donde no se podía conocer siquiera el sueldo de los servidores públicos, pero todo eso ha ido cambiando paso a paso, a veces con regresiones de opacidad, a veces con acelere de transparencia.
El Inai es un organismo constitucional autónomo, garante tanto del cumplimiento del derecho al acceso a la información pública como de la protección de datos personales. Busca asegurar que se entregue –salvo en casos excepcionales– la información pública solicitada a cualquier autoridad en el ámbito federal, entidades autónomas, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y sindicatos; o cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.
También garantiza el uso adecuado de los datos personales, así como el ejercicio y tutela de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que toda persona tiene con respecto a su información.
El Inai sirve como contrapeso del gobierno, por eso es que la idea de AMLO de que sea absorbido por la Secretaría de la Función Pública es totalmente inviable: sería juez y parte. Es decir, se crearía un conflicto de intereses.
Cuando un ciudadano solicita información al gobierno, y el gobierno la niega, acude al Inai a través de un recurso de revisión y éste resuelve en la mayoría de las ocasiones a favor de la persona inconforme. Es una institución que resulta incómoda al poder, a los poderes, porque les quita el control de cuál información entregar y cuál no.
Gracias a las resoluciones del Inai pudimos conocer el expediente del caso Ayotzinapa, y descubrir que la investigación estaba llena de irregularidades, pruebas falsas, tortura, entre otras tropelías que terminaron de fulminar la “verdad histórica” del ex procurador Jesús Murillo Karam.
Con ayuda del Inai y el modelo de transparencia actual hemos descubierto la enorme maquinaria de empresas fantasma que existe en México, donde han participado el Ejército y políticos de todos los partidos; la “estafa maestra”, por la que se han girado órdenes de aprehensión contra funcionarios de alto nivel del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Con la ayuda del Inai y del sistema de transparencia conocemos la cifra negra de feminicidios, que tenemos más de 2 mil fosas con restos de personas desaparecidas. Con la ayuda del sistema de transparencia y del Inai conocemos cómo operaron gobernadores corruptos hoy en la cárcel o con órdenes de aprehensión, como Roberto Borge de Quintana Roo, César Duarte de Chihuahua o Roberto Sandoval de Nayarit, entre muchas otras informaciones.
Si la transparencia nos ha ayudado a detectar desvíos de miles de millones de pesos en México, ¿por qué le molesta tanto al presidente?, ¿qué no está comprometido con la transparencia?, ¿acaso será esto lo que le molesta?
En un comunicado conjunto, organizaciones civiles como Fundar y Artículo 19 alertan sobre la recurrente opacidad de la actual administración federal: “Durante este gobierno han continuado prácticas de opacidad que reiteran la importancia de la existencia y autonomía del Inai. Muestra de ello es que 2019 fue el año en que se interpusieron más recursos de revisión en contra de la Oficina de la Presidencia de la República desde 2003, con 513. Esto representó un incremento de 817 por ciento respecto al año previo. De igual manera, en 2019 hubo un notable incremento en las declaratorias de inexistencia de la información solicitada por ciudadanos, que pasó de 152 en 2018 a 381 en 2019. Además, en 2020 la Oficina de la Presidencia se declaró notoriamente incompetente para responder solicitudes de información en 389 ocasiones. Esto destaca si observamos que entre 2015 y 2019 nunca se había utilizado este mecanismo para negar información por parte de Presidencia”.
Esta propuesta de López Obrador no parece que vaya dirigida a ahorrar miles de millones de pesos, como asegura, más bien tiene el tufo de un deseo de volver a la opacidad de antaño, a la concentración de poder y a lesionar el derecho a la información de los mexicanos.