Hay un dicho mexicano que alienta la idea de pensar siempre mal si se quiere acertar en determinado hechos, (piensa mal y acertarás, dice), y otro reitera que en política la realidad siempre supera a la ficción.
Ambos dichos pueden aplicarse al problema de la corrupción que en nuestro país era el obstáculo principal del desarrollo, y su tamaño superlativo que superó toda imaginación ahora que sabemos de las millonarias fortunas que amasaron no pocos funcionarios, políticos y empresarios a la sombra del poder, algunos de los cuales ya han sido exhibidos por sus nombres, entre prófugos, amparados, encarcelados y uno que otro atenido temporalmente a su fuero.
De acuerdo con el informe que rindió el viernes pasado en la conferencia mañanera el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, las denuncias hasta ahora formuladas (suponemos que con solidez en las pruebas para no dejar resquicios en los que luego se amparan los acusados, involucran a 140 personas físicas, 157 empresas y 63 funcionarios), hay 868 personas que tienen cuentas bloqueadas por lavado de dinero por un monto de 980 millones de pesos, y mil 400 millones de pesos en prácticas relacionadas con corrupción política (aquí se incluye el caso del ex director de Pemex Emilio Lozoya y de un magistrado que servía a un cártel del narcotráfico a través de una empresa inmobiliaria).
Por todo lo que ahora conocemos, durante muchos años esa extensa red de corrupción que se beneficiaba del manto protector de impunidad que la clase política diseñó para no considerarla como delito grave, utilizó toda clase de patrañas para hacernos creer que esa realidad era el destino inamovible que nos había tocado vivir.
Por esa razón millones de mexicanos, industriosos, intrépidos, audaces y decididos, que en otras condiciones pudieron ayudar al desarrollo del país, optaron por emigrar buscando más allá de nuestras fronteras las oportunidades de progreso que aquí estaban vedadas.
Pero entre los que nos quedamos, la mayoría sobrevivió a esa idea del destino manifiesto, buscando la raíz de la crecida desigualdad que nos puso a la cabeza de toda América Latina, la que era el obstáculo del desarrollo nacional, hasta encontrarla en el fenómeno de la corrupción que en la época del neoliberalismo se extendió como una epidemia en las instituciones a lo largo y ancho del país.
Por eso se justifica el énfasis que el gobierno de la 4T ha puesto en el combate a la corrupción y que muy tempranamente se le ha reconocido a nivel internacional por su eficacia.

La voluntad política en el combate a la corrupción

Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que para acabar con la corrupción hacía falta voluntad política, pero yo no creo que baste el deseo para lograr los cambios que él ha conseguido.
Para acabar con la corrupción se necesita el apoyo popular y la fuerza convincente que da la ideología a favor de los pobres, y los principios que procuran coherencia a esos pensamientos.
Si solamente bastara el deseo de cambio, el papa Francisco ya hubiera puesto fin a la pederastia en la Iglesia católica, y las defensoras de los derechos de las mujeres el alto a los feminicidios.
Pero en México desde principios del siglo tuvieron que ocurrir varias cosas para que el gobierno de la 4T pudiera exhibir tantos logros en solo un año de combate a la corrupción.
Primero porque la mayoría nos tuvimos que convencer de que a pesar del saqueo del que hemos sido víctimas, la riqueza de México sigue siendo suficiente para alcanzar el pleno desarrollo donde todos tengamos oportunidades de progresar, y nuestra energía dispuesta para convertirnos en potencia mundial siguiendo el liderazgo forjado en largos años de lucha.
El informe de Santiago Nieto también nos permite afirmar que los hechos de corrupción que alcanzaban la luz pública en épocas pasadas eran solo para saciar el morbo, usados para mantenernos ocupados y entretenidos, mientras los verdaderos mafiosos ni un segundo desaprovechaban para saquear el presupuesto nacional mediante los métodos más sofisticados, aunque algunos no tanto porque seguramente nunca pasó por sus cabezas que la realidad política del país podía cambiar y porque, ocupados en su negocio de saquear la riqueza pública, jamás se dieron cuenta de que entre los mexicanos se estaba gestando un hartazgo que pondría punto final a su impunidad, aún contradiciendo la explicación del presidente Peña Nieto quien con su cara dura quiso convencernos de que la corrupción era un asunto cultural, que todos los mexicanos somos corruptos, un mal, si no imposible, muy difícil de desterrar.
El caso más notable que tuvo esa afirmación fue la actitud asumida ante el robo masivo de gasolina de los ductos de Pemex que como era propiedad de la nación, a muchos les parecía que era justo porque confrontaba el modelo económico de concentración del ingreso en pocas manos, así el huachicoleo era visto como método popular para la redistribución del ingreso.
En su exposición, el funcionario del gobierno federal que se ha erigido en el estratega más importante en el combate a la corrupción hizo una narrativa de la intensa lucha que se libra en cada sector de acuerdo con la coyuntura, empezando contra los saqueadores de la gasolina que crearon empresas transportistas para el lavado de dinero, luego contra la mafia que controla la trata de personas involucradas con los migrantes, después contra las empresas que hacían negocio con la facturación falsa, luego el narcotráfico, donde el principal golpe fue contra el magistrado que encabezaba la red de corrupción y por último contra los políticos donde, reservándose el nombre de cuatro ex gobernadores y dos gobernadores, el más relevante resulta ser Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón y ahora detenido en Estados Unidos, acusado de triangular casi 5 mil millones de pesos a través de una empresa ligada a sus familiares.
Gracias a la eficacia en el combate a la corrupción y a la implementación del principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, el ahorro alcanzado con la llamada austeridad republicana (230 mil millones de pesos) le ha permitido al gobierno federal asegurar el gasto del próximo año para pagar todos los programas de Bienestar, así como la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y las sucursales del banco gubernamental que dispersará los recursos en todo el país.
Escuchar al informe de Santiago Nieto sobre el resultado de su trabajo al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, aparte de conocer la eficacia que ha desplegado con su método de seguir la huella que deja el dinero producto de la corrupción y del narcotráfico, nos ha servido para confirmar que la inteligencia no está peleada con la honestidad y que, en su caso, el presidente de la república cuenta con un excelente colaborador que está comprometido con la 4T.