Es natural que los mexicanos muestren su malestar a través de las redes sociales por el trato especial y el retraso en el juicio que la Fiscalía General de la República le otorga al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, acusado de haber hecho negocios ilícitos en el desempeño de su cargo, extraditado de España y custodiado en un hospital de la Ciudad de México donde se le atiende de problemas tan graves como la anemia, un padecimiento con el que viven millones de mexicanos.
Muchos quieren verlo tras las rejas, sin privilegios de ninguna especie, refundido en la cárcel durante el tiempo que dure el juicio, para pagar en ella el tiempo que se le dicte como castigo para pagar su culpa por los delitos que cometió, y como ejemplo de que a partir de este gobierno no habrá más impunidad ni complicidad ni encubrimiento de parte de las autoridades con los corruptos.
Esta actitud vengativa y justiciera de los mexicanos es explicable por los excesos que cometieron los gobiernos del periodo neoliberal en perjuicio de la sociedad, los cuales se conocían a trasmano y guardados en el imaginario colectivo como hechos que sirvieron de aliciente en la larga y tenaz lucha que se libró desde la izquierda para cambiar de raíz el sistema podrido, causante de todas las desgracias que ha padecido el país cuyo saldo no se ha terminado de pagar.
La trama de corrupción que tiene a Emilio Lozoya como exponente inmediato forma parte de la estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto para abrir la industria petrolera, minera y eléctrica a la inversión privada con la promesa de un crecimiento sostenido del sector y la generación de millones de empleos que después de ocho años mostró la farsa con la que pretendió engañar a los mexicanos.
Para conseguir los votos necesarios en el Congreso para la mentada reforma energética el gobierno entregó sobornos a diputados y senadores cuyo nombre y montos estamos a punto de conocer por parte de quien también fue el responsable de pagar.
Por eso ni el aburrimiento provocado por el encierro al que nos obliga el coronavirus, ni tampoco el ánimo justiciero que nos invade para castigar al bandido a nuestro gusto, nos debe-rían embargar al grado de hablar pestes contra las autoridades que dirigen el proceso contra el ex director de Pemex por lo blandas y complacientes que nos parecen, pues hasta ahora todo el trabajo invertido por la Fiscalía para convertirlo en testigo colaborador para desnudar el sistema corrupto, ha sido impecable.
Nada mejor como espectáculo para nuestra distracción en tiempo de pandemia que seguir atentos el juicio contra el funcionario de Enrique Peña Nieto que nos servirá no solo para conocer la voracidad y modo de vida de quienes dirigían al país, sino también para conocer las ventajas del Nuevo Sistema Penal Acusatorio que desde el 2016 funciona en el país como una forma nueva de hacer justicia, basado en la posibilidad de que tanto el imputado como la víctima puedan llegar a un acuerdo que resuelva de manera expedita y justa el delito, incluyendo la reparación del daño.
Es por la aplicación del nuevo Sistema Penal Acusatorio (que no es tan nuevo pero poco se ha divulgado) que se explica el trato especial que la Fiscalía está dando al ex funcionario en la búsqueda del beneficio superior de la nación que es conocer el modus operandi de la mafia de cuello blanco para acabar con ella y curarnos de sus males, desterrándola para siempre de nuestra vida social.
En los acuerdos del juicio al que han llegado las partes ha intervenido el jurista español Baltasar Garzón, un personaje que tiene tras de sí una estela de justicia porque fue quien intervino en la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en 1998, acusado de crímenes contra la humanidad, gracias a lo cual pudo ser enjuiciado.
El juez Garzón, como se le llama aunque no ostente ya esa función, cumplió en el caso de México el papel de facilitador para que las partes alcancen un acuerdo que todos estaremos en posibilidad de conocer para opinar desde nuestro personal punto de vista.
No nos debe importar ni alarmar tanto que a poco de iniciar sus declaraciones el indiciado clame inocencia y trate de desvirtuar las acusaciones que se le han formulado reputándose inocente de los cargos queriendo aparecer casi casi como víctima, con el argumento de que los delitos que se le imputan los cometió constantemente “intimidado”, “presionado” e “instrumentalizado” porque deberá aportar pruebas de sus dichos mientras nosotros estaremos festejando porque descubra quién o quiénes lo intimidaron o intimidan, cómo lo presionaron y quién o quiénes lo “instrumentalizaron” para actuar en contra de la nación.
Será interesante saber cómo un alto funcionario federal que tenía ingresos anuales de su empleo y sus negocios por arriba de los 3 millones de pesos pudo ser intimidado y obligado a cometer actos de corrupción involucrando a su madre, a su esposa y a su hermana en los mismos.
Para saciar nuestro morbo podremos conocer un poco más de los apetitos y formas de vida de personajes que como Lozoya pueden disfrutar de residencias con un valor superior a los 38 millones de pesos comprada con dinero robado a todos nosotros y que ahora nos tiene que devolver.
En esto radica lo que a mi juicio es uno de los mayores logros políticos del gobierno de la 4T, capturar a un pez gordo que confiese sus delitos y desnude la red de complicidades para que conozcamos todos el tamaño y los mecanismos del fenómeno corruptor creado por el PRI para mantenerse en el poder, la estructura con la que operaba y lo extendido del sistema corrupto, con montos de lo defraudado al pueblo de México, así como el nombre de los principales beneficiarios integrantes de la mafia del poder.
Con ello podremos valorar lo profundo de las transformaciones que se están llevando a cabo y la importancia del papel que cada uno de los mexicanos jugó para hacerlo todo de manera pacífica y democrática.
Por eso si Emilio Lozoya no pisa la cárcel y sufre su condena en la comodidad de su casa, controlado con un brazalete electrónico, no nos deberá incomodar si a cambio se puede continuar con la limpieza de la corrupción que es el mayor de los males que padece la república.
Sólo agregaría, como lo propone el asesor de la fiscalía antimafia, Edgardo Buscaglia, que a la lista de cargos que se le imputan, Emilio Lozoya Austin sea también acusado de delincuencia organizada, a fin de evitar la sorpresa de verlo libre pronto.