Los últimos días han sido turbulentos en Argentina. A raíz del acuerdo alcanzado entre el gobierno encabezado por el presidente Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional (FMI), la situación del ejecutivo se ha deteriorado en el plano interior, a pesar de que este acuerdo constituya una bocanada de aire fresco para el gobierno. Y es que desde la derrota de la coalición gubernamental en las elecciones legislativas del año pasado, las relaciones entre el presidente y su fórmula vicepresidencial no han dejado de degradarse. Poco tiempo después de la derrota oficialista en el Congreso, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, escribió una carta a su antiguo delfín –y hoy jefe de Estado, Alberto Fernández–, reclamándole su actitud durante su mandato, y amenazando con romper con el gobierno. Acto seguido, varios ministros del entorno vicepresidencial renunciaron o pusieron su cargo a disposición de Alberto Fernández. Finalmente después de un estira y afloja por la vía de los medios, la mayoría de las personalidades leales a Cristina se mantuvieron en sus cargos. Más recientemente, Máximo Kirchner, hijo de Cristina y jefe del grupo peronista en la Cámara de Diputados, renunció a su cargo en protesta por el acuerdo con el FMI, llevando esta disputa a un nivel casi insostenible. La pregunta ahora es saber por cuanto tiempo este escenario se mantendrá, teniendo en cuenta que la situación entre los dos equipos se ha degradado desde entonces.
Para tener la respuesta, hay que pensar en los pronósticos a futuro. Lo que separa Alberto Fernández de Cristina Kirchner es una diferencia profunda respecto al sustento electoral que puede ofrecer la política económica del gobierno en los próximos dos años. Al final de todo, es su profesión: la obligación de un político es preocuparse por si la gente va a votar por él o no.
¿Dónde está el problema central de la cuestión electoral en lo que refiere a la economía? Son dos visiones contrapuestas sobre la capacidad o incapacidad de este programa para reducir la inflación, que determina el nivel de salario real, que a la vez determina la orientación del voto. La gente tolera o deja de tolerar a un líder político o a un gobierno por muchísimas razones, pero sobre todo por una: su poder adquisitivo. Lo que se discute aquí es si este gobierno, en los meses que faltan para las primarias que anteceden a la elección presidencial, puede o no hacer que la población recupere su capacidad de compra.
Alberto Fernández creería que es posible, en particular si logra articular un eje con la oposición, que colaboró en que se apruebe el acuerdo con el FMI. No sabemos muy bien si está dispuesto a ejercer un liderazgo sobre esos opositores o si seguirá navegando en el mar de la ambigüedad, como hizo durante los últimos dos años.
Frente a este escenario, se encuentra el grupo que rodea a Cristina Kirchner, que se encuentra en proceso de radicalización. Si deciden salirse del gobierno y desentenderse del plan económico, se liberan de algo muy incómodo: tener que responder cómo se llega al día de mañana. ¿Cómo pagar los sueldos mañana? ¿Cómo hacer para que haya combustible y que la economía funcione? ¿Qué hacer con un Banco Central sin reservas? Son preguntas que ya no se verían obligados a contestar ni Cristina, ni Máximo Kirchner. Pero tendrían que hacerlo desde la oposición al gobierno, y con el agravante de tener de compartir la loza de haber gobernado juntos durante la mayor parte del gobierno. De manera que esta situación podría complicar aún más las ambiciones de ambos grupos. Las posibilidades de un regreso del macrismo, o de manera más general de la centro-derecha, al poder en Argentina han aumentado, a pesar de la responsabilidad histórica de este grupo político en la crisis que vive hoy ese país sudamericano. Tanto Alberto Fernández como Cristina Kirchner tendrían que tener esto claro si quieren mantener el poder.

*Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada