(Respuesta a Florencio Salazar)

En su columna titulada Diálogo en el laberinto, Florencio Salazar intenta presentar como un intercambio técnico lo que en realidad es una confrontación histórica entre dos modelos de nación. No se trata de una diferencia metodológica ni de una disputa académica sobre indicadores internacionales. Se trata de una discusión de fondo sobre el régimen político que gobernó México durante décadas y sobre la ruptura que comenzó en 2018.
No puede hablarse de neutralidad cuando quien escribe fue secretario de Estado en un gobierno panista y secretario de Gobierno en administraciones priistas. Es decir, formó parte activa del engranaje que sostuvo durante años la alianza estructural entre PRI y PAN, el llamado PRIAN. Ese bloque no fue una consigna propagandística. Fue una realidad política que garantizó continuidad de intereses, preservación de privilegios y una alternancia que nunca alteró el modelo económico ni desmontó las estructuras profundas de poder. Fue el gatopardismo llevado a la praxis: Que todo cambie para que todo permanezca igual.
Durante ese periodo se normalizaron prácticas que hoy algunos pretenden relativizar: privatizaciones opacas, condonaciones fiscales multimillonarias a grandes corporativos, rescates bancarios y financieros cargados a la sociedad, reparto de órganos autónomos por cuotas partidistas y presupuestos convertidos en moneda de negociación y “moches”. La corrupción no era una anomalía; era un mecanismo funcional de gobernabilidad. Permitía disciplinar actores políticos, financiar estructuras partidistas y asegurar la reproducción del mismo modelo económico.
También fue una etapa marcada por crisis de legitimidad democrática. Luis Carlos Ugalde encabezó el entonces IFE durante la elección presidencial de 2006, un proceso profundamente cuestionado por millones de mexicanos y que dejó una herida de desconfianza institucional que tardó años en cerrarse. Más allá de las resoluciones formales, aquel episodio fracturó la credibilidad del sistema electoral y evidenció la fragilidad de la confianza pública en las instituciones.
Ese contexto no puede borrarse cuando hoy se invoca autoridad técnica o se citan índices internacionales como si fueran sentencias morales definitivas. Durante décadas, esos mismos indicadores coexistieron con un sistema estructuralmente capturado por intereses privados sin que el régimen PRI-PAN emprendiera una transformación de fondo. La alternancia fue administrativa, no estructural.
La llegada de Andrés Manuel López Obrador en 2018 no fue una alternancia más. Representó la primera ruptura real con el pacto de élites que había definido la relación entre poder político y poder económico. Se terminó la condonación fiscal discrecional. Se acabó el presupuesto como instrumento de chantaje legislativo. Se enfrentó el robo de combustibles desde dentro del aparato estatal. Se instauró la austeridad republicana como principio de gobierno y se eliminaron privilegios en la alta burocracia.
¿Significa esto que la corrupción desapareció? No. Significa que dejó de ser política de Estado. Significa que ya no existe un pacto estructural para proteger redes de privilegio desde la cúspide del poder. Y eso es lo que incomoda profundamente a quienes participaron del modelo anterior.
Reducir la discusión a décimas en una tabla de percepción es evadir el fondo histórico. No estamos discutiendo un indicador; estamos discutiendo quién controlaba el Estado y para quién gobernaba. La transformación no es un ejercicio cosmético ni un ajuste administrativo. Es un proceso de desmontaje de estructuras que tardaron décadas en consolidarse.
El país no votó por la transformación por un capricho ideológico. Votó por hartazgo. Por la percepción acumulada de que la alternancia no resolvía la desigualdad ni desmontaba la corrupción estructural. Votó por romper un ciclo político que había agotado su legitimidad moral.
Hoy algunos pretenden colocarse como observadores imparciales del proceso que los desplazó. Pero la memoria histórica no es opcional. Quienes fueron parte del régimen PRI-PAN no pueden analizarlo como si no hubieran ocupado responsabilidades dentro de él. La crítica es legítima; la amnesia selectiva no lo es.
No fue un laberinto. Fue un régimen diseñado para proteger privilegios y administrar el poder entre los mismos grupos. No fue confusión institucional. Fue simulación democrática bajo reglas que aseguraban continuidad estructural. No fue alternancia auténtica. Fue el PRIAN repartiéndose el control del Estado mientras el país acumulaba desigualdad, desconfianza y desgaste institucional.
México decidió cerrar ese ciclo en 2018. Y esa decisión fue histórica. Fue una ruptura política que modificó la relación entre el poder y la sociedad. La transformación es un proceso en construcción, con desafíos y pendientes, pero representa la primera confrontación frontal contra el entramado de complicidades que definió al viejo régimen.
Lo que hoy incomoda no es el debate público. Lo que incomoda es haber perdido el control del sistema que durante décadas consideraron propio. El país ya decidió desmontar el régimen de privilegios que el PRIAN normalizó y defendió.
La historia no concede amnistía moral a quienes participaron en ese sistema y hoy intentan presentarse como jueces técnicos del proceso que los desplazó. El ciclo se cerró. El régimen quedó atrás. Y México no regresará al modelo que convirtió la corrupción en engranaje de gobierno. Disculpen las molestias que esto les ocasiona, pero estamos transformando a la nación.

* Secretario de Ciencia, Arte y Cultura CEN de Morena