El pasado viernes 10 de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador cayó en evidentes contradicciones cuando fue cuestionado sobre la información del reportaje “Ejército espía” elaborado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social Tic en coordinación con Proceso, Aristegui Noticias y Animal Político. Las pruebas de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) espió al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos con el software Pegasus, son irrebatibles.
Ante este nuevo episodio ocurrido en pleno régimen autodefinido como “Cuarta Transformación”, que evidencia uso del mismo spyware heredado de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para espiar a opositores, hay dos panoramas: o bien AMLO ignora las violaciones sistemáticas a los derechos humanos contra la población civil por parte de los militares, o bien está subordinado y rebasado por el poder militar al que él apostó como estrategia envenenada para consolidar su movimiento (“confío en los mandos”, declaró ese mismo día).
Por su parte, la única respuesta de las fuerzas armadas tras la primera entrega del reportaje “Ejército espía” –en octubre pasado– consistió en reconocer que se utilizó el spyware Pegasus sólo de 2011 a 2013. Esta segunda parte de la investigación lo desmiente.
Tal como revela Mathieu Tourliere en su reportaje “Centro Militar de Inteligencia, el búnker de la 4T para espiar”, publicado esta semana en Proceso, en 2011 Calderón aprobó un contrato para edificar y equipar un búnker de inteligencia militar por 5 mil millones de pesos. Hoy ha salido a la luz la existencia de ese Centro Militar de Inteligencia (CMI) gracias a los documentos hackeados por Guacamaya Leaks. Y no sólo eso: el CMI –como todo en el ámbito militar– creció durante el sexenio de AMLO. El número de agentes dedicados al espionaje se duplicó de 293 a 619. Dicho CMI no aparece, sin embargo, en organigrama alguno y su prioridad es el uso de tecnologías superintrusivas contra la población civil y opositores sin ningún control judicial.
No son casos aislados de espionaje los realizados por los militares, sino sistemáticos: vuelve vulnerables a los espiados, como al periodista Cecilio Pineda, que fue asesinado en Tierra Caliente, Guerrero, semanas después de ser investigado con Pegasus por el Ejército. Todo este aparatoso y millonario arsenal tecnológico se ha usado con fines meramente políticos, sin órdenes judiciales. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de Peña Nieto espió a cientos de opositores políticos con estas mismas herramientas. Desde que existe, ningún gobierno mexicano ha dejado de contratar ni de usar Pegasus. Periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y del territorio, normalistas rurales, son parte de sus blancos.
Esto entraña una continuidad del original proyecto calderonista abrazado por la 4T. Las fuerzas armadas tienen como prioridad garantizar la impunidad militar, preservar su poder durante un sexenio más. El costo es la verdad y la justicia sobre muchísimos casos de violaciones de derechos humanos, como Aytozinapa. Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) Ángela Buitrago y Carlos Beristáin, en reunión sostenida con AMLO el pasado enero, le insistieron nuevamente en la necesidad de que intercediera ante el Ejército para que éste les entregue la información que le han solicitado reiteradamente. A casi cinco años de haber prometido dar con la verdad para el caso Ayotzinapa, sin embargo, el presidente simplemente parece estar incapacitado o subyugado para avanzar por el camino que apunta a la participación de militares en la desaparición de los 43 normalistas.
En su tercer informe, difundido en septiembre de 2022, el GIEI concluye que el Ejército Mexicano tuvo información detallada de todo lo que ocurrió durante y después de la desaparición de los normalistas. Y no sólo eso, también desarrolló su propia investigación que se negó a compartir con el GIEI. En el informe se habla de la existencia del hasta entonces clandestino Centro Regional de Inteligencia, el órgano que recabó toda la información del caso. Tal como hoy con el CMI, el Ejército negó la existencia de dicho centro hasta 2015.
Los miembros del GIEI, en cambio, fueron blanco de una sistemática campaña de descalificación por parte de los militares y, como señala el informe a través de documentos castrenses a los que tuvieron acceso, el Ejército ordenó no acatar las recomendaciones que emanaran de la investigación, tildándolos de grupo de “izquierda radical”.
AMLO le ha otorgado dinero, tareas y poder inusitados a una institución preparada para la guerra, además de apoyarlos en la imposición de una narrativa monopólica de los hechos ante la opinión pública.
A pesar de su abrumadora popularidad, el comandante supremo de las fuerzas armadas no tiene control alguno sobre los militares y sus herramientas puestas en contra de la población civil. La adicción de AMLO por el poder militar será su condena en la historia. El presidente miente. El presidente ignora. Al presidente le han mentido. El presidente es hoy víctima sin salida del propio entramado de poder militar que él mismo propició. Al igual que el arquitecto Dédalo, que construyó un monumental laberinto para encerrar la amenaza del minotauro y terminó encerrado con él en su interior, parece que AMLO está siendo arrinconado en su propio y descomunal laberinto.