Durante las últimas semanas se ha desplegado una formidable movilización de las mujeres. No es ya una protesta aislada ni un grito pidiendo ayuda. No. Lo que estamos presenciando es el inicio de un gran levantamiento femenino en contra de la violencia machista, del feminicidio, de las violaciones, de la discriminación laboral y social.
Lo que nos dicen las recientes protestas es que no basta que la igualdad de derechos esté en la ley. Lo intolerable es que esa igualdad jurídica no se muestre en la vida cotidiana, en los hechos de cada día y cada momento. Lo inaceptable es que en todos los aspectos de la vida social, incluidas las religiones, se relegue a la mujer a un segundo plano.
En 1953 se reconoció su derecho al voto en elecciones federales, pero subsistió en las leyes una notoria discriminación, tanta, que en 1975, al reunirse en México la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, también conocida como la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, hubo que reformar numerosas disposiciones legales discriminatorias, aunque varias quedaron intocadas. En el colmo del machismo gubernamental, Luis Echeverría impuso al procurador general de la República al frente de dicha conferencia, lo que constituyó una ofensa para las delegaciones venidas de todo el mundo.
Si bien hemos tenido diputadas federales desde 1955 y senadoras a partir de 1964, fue hasta años muy recientes cuando se estableció por ley la paridad en las candidaturas a puestos parlamentarios, lo que en ambas cámaras ha dado una presencia mucho mayor a las mujeres, si bien (si mal) los hombres conservan la mayoría.
En el Poder Ejecutivo, a partir del presente sexenio existe algo cercano a la igualdad, lo que está muy lejos de conseguirse en el Poder Judicial, pues resulta abrumadora la mayoría de varones en todos los niveles de la judicatura, producto de un inveterado machismo que asoma la cola en sentencias temerarias.
Entre los ejemplos de ese machismo judicial que a la actitud misógina suma presumiblemente la corrupción, están casos recientes que constituyen una vergüenza para el Poder Judicial y la sociedad entera, como el de Abril Pérez Sagaón, quien el 4 de enero pasado fue agredida por su marido, quien la emprendió a batazos contra ella a la que también agredió con un bisturí.
La señora Pérez Sagaón fue victima de un feminicidio en grado de tentativa, pero Federico Mosco, juez de control, decidió que se trataba únicamente de lesiones y violencia intrafamiliar y se escudó en que el Ministerio Público ni siquiera acudió a la escena del delito ni aportó pruebas suficientes, entre otras, los objetos empleados para cometer la agresión.
En efecto, el Ministerio Público ni siquiera incluyó en el expediente fotografías de la agredida con el rostro tumefacto y sangrante, pero la determinación del juez Mosco permitió que Juan Carlos García, el energúmeno que atacó a la señora, quedara en libertad, lo que aprobó el también juez Luis Alejandro Díaz.
La irresponsabilidad o corrupción o ambas cosas de los juzgadores fue coronada el pasado 25 de noviembre, al ser asesinada la señora Pérez Sagaón por un pistolero. Desde luego, las sospechas recaen sobre el marido que no pudo matarla en enero y que bien pudo pagar al gatillero.
El de Abril es un caso extremo, pero de ninguna manera aislado. Todos los días se abusa de las mujeres en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en el transporte público, en la calle… Por eso han decidido ponerse en pie de lucha. Apoyémoslas y exijamos a las autoridades un plan antimachista que comprenda todos los aspectos: formación escolar en todos los niveles dentro del respeto recíproco entre hombres y mujeres; igualdad de salarios y de oportunidades laborales; programas tendientes a eliminar la misoginia en todos los ámbitos; severidad en las penas a los agresores de mujeres; así como combate real, eficaz y sostenido a la corrupción en el Ministerio Público y la judicatura. Por supuesto, es insoslayable la capacitación mental, jurídica y física de las y los policías para contener la violencia antifemenina, que en muchos casos es ejercida impunemente por los propios uniformados, pese a las denuncias.
Ya ha sido suficiente. Ni una más.