El martes 23 de octubre la prensa local dio cuenta del evento oficial organizado por el gobierno municipal de Zihuatanejo para
conocer el resultado del estudio de viabilidad técnica contratado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la
construcción de un muelle para cruceros en la bahía de Zihuatanejo.
En la presentación del resultado, donde estuvieron como invitados los representantes de las organizaciones locales involucradas
directamente en el turismo y partidarios del proyecto, el director de obras de la SCT, Celso Morales Lechuga, hizo una exposición
sucinta de lo que muy forzadamente podríamos llamar evaluación de las opciones alternativas para la construcción del muelle
fuera de la bahía.
Como se adivinaba desde el principio, los técnicos de la empresa Procomar concluyeron en que es la bahía la mejor opción para
la construcción de la obra que facilitará a los cruceros vomitar a sus miles de pasajeros cuando a ellos les de su regalada gana
venir y atracar en las azules aguas del puerto de Zihuatanejo.
Para descartar del proyecto las playas fuera de la bahía como alternativa para la construcción del muelle que el presidente
municipal les sugirió, pensando en salvar a la bahía de esa atroz contaminación y destrucción del ecosistema, los técnicos
aludieron a dificultades técnicas, mayores riesgos, altos costos y carencia de infraestructura.
Después los responsables del estudio plantearon con toda comodidad, y al gusto de los dueños de Puerto Mío, lo que también
sabíamos desde el principio: que las condiciones más a modo de su codicia, el ahorro y la ganancia de los inversionistas, era la
bahía de Zihuatanejo y que la SCT era el segundo frente en la guerra de conquista que hace dos décadas emprendió la
Inmobiliaria Punta de Mar, para quedarse con la bahía de Zihuatanejo como botín.
No debe olvidarse que la paralización en el año 2000 de la construcción del muelle de Puerto Mío, el mismo que en aquellos
años pretendía extenderse desde el cerro del Almacén al centro de la bahía, fue resultado de la lucha digna de amplios sectores
sociales que al lado de las organizaciones ambientalistas locales defendieron ésa belleza que la naturaleza regaló a los
zihuatanejenses.
En aquel triunfo con el que la movilización social despidió al pasado siglo par dejar a buen resguardo el patrimonio común de los
habitantes del puerto, se dejó en claro que si bien la calidad del agua en la bahía no cumple con los estándares de los centros
turísticos de fama mundial, el tiempo llegaría en que la eficiencia de las autoridades locales se caracterizará por su pulcritud en el
manejo de las aguas residuales de la ciudad para frenar la contaminación que ahora impide a los lugareños disfrutar de la playa
principal de la bahía.
Mientras tanto, se dijo entonces, no se permitirá ni un elemento contaminante más, y menos si se trata de afectarla con un
proyecto que incidirá negativamente en la calidad del agua, que ocasionará contaminación visual y que modificará drásticamente
el uso y aprovechamiento que la bahía tiene de la población local.
La inviabilidad del proyecto de muelle en la bahía de Zihuatanejo es de carácter legal y ambiental. Un resumen de esta afirmación
lo podemos tener en el siguiente texto elaborado por las propias autoridades federales del medio ambiente. Uno de los
resolutivos que el Consejo Consultivo de la Semarnat emitió en el año 2002 respecto a la bahía de Zihuatanejo recomendó
“revocar la autorización de impacto ambiental a la Inmobiliaria Punta del mar, SA de CV así como las subsecuentes revalidaciones
de la misma para la construcción y operación del proyecto Puerto Mío en la Bahía de Zihuatanejo. En este mismo sentido –dice la
recomendación- que no se revalide la autorización de impacto ambiental para la continuación del citado proyecto y se revoquen
las concesiones para el uso y goce de la zona federal marítimo terrestre, otorgadas para el desarrollo de Puerto Mío en
Zihuatanejo, y se ordene: a) la demolición del espigón o rompeolas, b) se impida la realización de detonaciones submarinas y c)
la construcción del muelle de cruceros dentro de la bahía”.
Así mismo- sigue la recomendación- que la Semarnat actúe conforme a derecho y revoque la autorización de impacto ambiental
del proyecto Montecristi, ubicado en la zona conocida como La Majahua II y tome las medidas necesarias para que se impida la
realización de detonaciones con explosivos. Que verifique, informe y pruebe sobre el cumplimiento de las condicionantes
impuestas a la Inmobiliaria Punta del Mar y al fideicomiso Montecristo para el desarrollo del proyecto originalmente denominado
Puerto Mío y ahora también Montecristo.
A los responsables del proyecto de cruceros les convendría saber que dichas recomendaciones están vigentes y que si bien el
proceso legal que se sigue para dar cumplimiento a las recomendaciones, puede ser tardado y tortuoso, se entiende que las
autoridades medioambientales no pueden pasarlas por alto dando trámite a otro proyecto similar, máxime cuando se trata de
una dependencia pública como la SCT que por principio debe ser escrupulosamente celosa del respeto a la legislación ambiental.
Ahora bien, el muelle para cruceros que capitanea la SCT, si se mira bien, es el mismo que en su tiempo promovió y gestionó la
Inmobiliaria Punta del Mar, en la que, se dijo, había intereses tanto de la familia Riverol, como del propio gobernador.
Cuando el impacto ambiental negativo del rompeolas o espigón de piedra se hizo ostensible y se descubrió que el propósito era
privatizar una cuarta parte de la bahía para la construcción de una marina para 150 embarcaciones, el Instituto Nacional de
Ecología emitió un dictamen que obligaba a la empresa a demoler el espigón.
Así se detuvo esa obra cuya demolición el primer gobierno municipal perredista se comprometió a encabezar, y aunque ya en el
poder le dio por justificar dicha obra, el pueblo de Zihuatanejo se mantuvo firme contra su realización respaldado por los
dictámenes federales.
Después con el primer gobierno federal panista hubo otro intento de continuar el mentado muelle, mezclándose con la nueva
iniciativa los intereses públicos y privados desde el Fonatur en el personaje de su titular John MacCarthy. Ese es el origen del
proyecto que ahora se conoce como Montecristo, dueño ya del cerro contiguo al del Almacén con sus respectivas playas que han
quedado privatizadas pasando por encima de la Constitución.
El grado de desconocimiento de la problemática de la bahía de Zihuatanejo que exhiben las autoridades de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes está comprometiendo gravemente al presidente municipal porque las serias restricciones legales
que hay para afectar este cuerpo de agua serán un impedimento infranqueable.
Sobre esa realidad se está generando un descontento social innecesario porque no sólo se trata de la oposición al proyecto por
parte de las organizaciones ambientalistas, pescadores, comerciantes y lancheros, sino también de los empresarios y usuarios de
la zona federal de la bahía quienes ya se dieron cuenta que con la llegada de los grandes barcos a la bahía con miles de turistas
que gastan unos cuantos dólares, se ahuyentarán los clientes que tradicionalmente reciben y que vienen a Zihuatanejo para
disfrutar de la tranquilidad y de sus bellezas naturales. Con eso suponen que se devaluarán sus posesiones y que la
redistribución del ingreso entre la población serán quimeras.