Las razones formales de Trump para construir el muro en la frontera con México tienen poca base objetiva. Los motivos de fondo son subjetivos e inaceptables.

Jesús Silva-Herzog Flores y su padre fueron excepciones a la regla dentro del  régimen de su época.

El muro de 3 mil 143 kilómetros de longitud y 9.1 metros de altura con el que el presidente norteamericano, Donald Trump, se propone alterar físicamente la geografía política de la América del Norte, quizá llegue a tener unos sólidos cimientos materiales, pero no morales.
Desde 2015, el discurso de Trump ha insistido en la necesidad de un gran muro que divida efectivamente a Estados Unidos de México como elemento para reafirmar la soberanía de su país. Oficialmente, se trata de un “muro cortafuegos” social y se justifica con los argumentos contenidos en la orden ejecutiva del 25 de enero pasado.
Ese documento sostiene que los individuos que ingresan a Estados Unidos sin autorización, representan un riesgo para la seguridad del país. Alega que ha habido un aumento de este tipo de migración (a surge) que constituye una carga tanto para las autoridades como para las comunidades donde se asienta. Para cumplir con su responsabilidad, Trump ordenó a la gama de autoridades federales y locales, asegurar esa frontera sur a fin de prevenir la entrada de nuevos ilegales, el tráfico de drogas y de personas, el ingreso de terroristas y, además, capturar y deportar sin dilación, de manera “humanitaria”, a prácticamente todos los extranjeros ilegales. Como broche de oro, el presidente ordenó en ese documento que se construya un muro a lo largo de toda la frontera sur más centros de detención temporal de indocumentados. Finalmente, y como colofón, se pidió a todas las agencias federales, un reporte del monto y objetivos de todas las ayudadas dadas a México en los últimos cinco años (whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/25/executive-order-border-security-and-immigration-enforcement-improvements).
Esta orden ejecutiva, con su lenguaje burocrático, no pide a México costear el muro y vela un tanto el crudo argumento del trumpismo para hacer de México the enemy of choise. Sin embargo, esta crudeza se encuentra en el discurso de junio de 2015, al postularse como candidato presidencial. Ahí Trump fue muy claro: “Cuando México nos manda a su gente, no nos manda a los mejores, no manda a gente como ustedes (los de la audiencia). Envía a personas llenas de problemas y los traen acá. Traen drogas. Traen crimen. Son violadores. Aunque, supongo, algunos serán buenas personas, (http://time.com/3923128/donald-trump-announcement-speech/).
Respuesta. Para empezar, el tal surge es falso, no hay un incremento en la migración indocumentada de mexicanos al país del norte, todo lo contrario, lo que hay es un auténtico “crecimiento negativo” de esa migración a raíz de la crisis económica de 2008, y eso se explica por una combinación de las deportaciones ordenadas por la administración anterior y por el retorno voluntario ante la disminución del empleo (Gandini, Luciana et. al., El retorno en el nuevo escenario de la migración entre México y Estados Unidos, [CONAPO, 2015]).
Un artículo reciente, publicado por Vivian Yee, Kenan Davis y Jugal K. Patel el 6 de marzo en The New York Times –ese “enemigo del pueblo” según Trump–, desmonta, con cifras, otros argumentos del presidente norteamericano. El punto de partida son las cifras: el total de indocumentados en Estados Unidos ronda los 11 millones, de los cuales 6.2 son mexicanos y un millón 532 mil son nacionales de Guatemala, El Salvador y Honduras. El 60% de ellos han vivido en Estados Unidos por 10 años o más y una tercera parte de los mayores de 15 años han adquirido ya una casa y tienen hijos con nacionalidad americana, así que la deportación va a separar a familias que ya echaron raíces en ese país.
Por lo que se refiere a “criminales, narcotraficantes y violadores”, resulta que apenas el 7.5% ha sido acusado de un “crimen” y que básicamente consiste en faltas de tránsito o por haber entrado ilegalmente. En realidad, apenas el 2.7% tiene cargos por una transgresión seria (felony), lo que contrasta con el grueso de la población norteamericana, donde el porcentaje es de 6% (dato de 2010). De ser el caso, quienes deben cuidarse de los criminales en Estados Unidos, son los indocumentados.
Finalmente, si hasta 2008 la mayoría de los indocumentados llegaban a Estados Unidos cruzando la frontera por tierra, a partir de entonces la mayoría llega con visa de turista y se queda tras expirar el plazo de su visita. Así pues, el pretendido muro de 20 mil millones de dólares o más, será obstáculo para la minoría, no para la mayoría.
La razón de fondo. Objetivamente, la muralla que Estados Unidos va a construir en su frontera sur representa un gasto cuantioso para enfrentar de manera ineficiente un problema que va disminuyendo. Por tanto, la verdadera razón debe ser una que no se encuentra en la exposición de motivos de la orden ejecutiva del 25 de enero, quizá por no ser políticamente correcta pero muy real y profundamente arraigada en quienes votaron por Trump: la racial y cultural.
Hay motivos para suponer que el trumpismo pretende hacer con su muralla lo que la naturaleza no hizo: separar físicamente las dos américas: la aun predominantemente blanca y de tradición cultural anglosajona –Estados Unidos y Canadá– y la otra, la mestiza, que se inicia en México y el Caribe y se extiende hasta Tierra del Fuego.
No son sólo a los indocumentados a los que quiere expulsar Trump de Estados Unidos, es a México de su América del Norte.

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