Tlachinollan ha emprendido una lucha política de lo que debería ser un debate jurídico. Yo no entendía el porqué de tal actitud, hasta que leí la colaboración publicada en El Sur el día de ayer: Los derechos de los pueblos se escriben con clave comunitaria.
A partir de una serie de supuestos, descalifica las reformas al artículo 14 constitucional y a la Ley 701, y a cualquier norma que apruebe el Poder Legislativo porque “los gobiernos colonizadores, para consolidar eficazmente relaciones de poder desigual en nuestras sociedades, usan el derecho para negar la existencia de un sistema basado en las desigualdades sociales”.
Por lo tanto, según Tlachinollan, los pueblos han emergido para pelear “al tú por tú con los estados nacionales”, acabar con un orden hegemónico impuesto por el Estado y el derecho eurocéntrico, así como por los principios “nacionalistas liberales”. En otras palabras, acabar con el orden establecido. Creo que los pueblos originarios tienen el legítimo derecho de luchar contra la exclusión, la discriminación y la desigualdad. Pero suponer que se debe reconstruir al país desde su cosmogonía, equivale a colocarse en el otro extremo: ahora hay que excluir a los excluyentes.
Las reformas aprobadas por la LXI Legislatura local no maquillaron cambios. Lo que hizo, de acuerdo con la iniciativa enviada por el Ejecutivo, fue jerarquizar las disposiciones y garantizar que los sujetos de la ley no sean ignorados por acciones de fuerza de agentes ajenos a las comunidades, poniendo especial énfasis en el aprovechamiento de sus recursos naturales y el pleno respeto a los derechos humanos.
No calificaré los foros de consulta ni el parlamento abierto sobre el tema organizados por la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso local. Baste mencionar que han sido a modo. Solamente los organizadores y sus afines participaron en ellos. No se expresó en esos eventos una sola voz discordante, distinta. Y ha sido así porque los cuestionamientos a las disposiciones que hemos unificado bajo el rubro de Leyes para la justicia comunitaria, no han sido discutidas jurídicamente sino políticamente. No podía ser de otro modo, puesto que –siguiendo su lógica– siendo el derecho eurocentrista toda norma que de él proceda es por naturaleza opuesta a la concepción normativa defendida por Tlachinollan.
El eurocentrismo significa desde la preminencia de la cultura occidental, considerada la cultura madre, hasta las políticas de conquista, imposición y dominio. La conquista española sometió a las culturas de Mesoamérica, como durante ocho siglos se impusieron los árabes a lo que sería España. El recientemente desaparecido Miguel León-Portilla, dijo a propósito de la celebración de los 500 años del descubrimiento de América, que fue “el encuentro de dos mundos”, y con esa fórmula se logró evitar la polarización.
Es un hecho que los pueblos originarios fueron explotados al extremo. La conquista se apropió de sus bienes, de su fuerza de trabajo, de sus ritos religiosos. El indigenismo fue debatido entre asimilación o integración, para que, al final, la resistencia de las culturas prehispánicas –así, en plural– lograra mantenerlas y emerger. Hay que observar, sin embargo, que los españoles derrotaron a un imperio establecido en un enorme territorio –desde México hasta Centroamérica– el cual tenía sometidos a reinos que lo mismo pagaban tributos, que ofrecían doncellas y guerreros para sacrificarlos antes sus dioses. Los aztecas eran, como todos, un imperio feroz; de ahí que los tlaxcaltecas se hayan aliado a Hernán Cortés. Como dato obsérvese lo siguiente: Cortés cumplió la palabra otorgada a los tlaxcaltecas de respetarles sus tierras y es por ello que las comunidades de esa entidad tienen títulos virreinales.
Los españoles, a diferencia de otros pueblos, se mezclaron. Heredaron su lengua y su religión; con ellas sus conocimientos. Leopoldo III, Rey de Bélgica, colonizador de una buena parte de África, saqueó, ensangrentó, martirizó y cuando los belgas fueron obligados a abandonar sus dominios no dejaron más que sufrimiento, guerras étnicas y una vida tan incierta, como se sigue viviendo ahora en aquella parte del planeta. No educaron y tampoco construyeron. Y todo lo hicieron con el pretexto de civilizar y cristianizar. Nada comparable con la América india.
La identidad de los mexicanos la representa el conflicto interior. Debatimos lo que somos como si no tuviéramos raíces españolas e indígenas. Nuestra narrativa es de buenos y malos. Cortés es un monstruo, según los murales de Diego Rivera; Iturbide, un oportunista. Nos esforzamos por arrancarnos un brazo, una pierna, en sacarnos un ojo, como si no fuéramos el mismo cuerpo. La única imbricación aceptada es la Virgen de Guadalupe.
Los pueblos prehispánicos no deben ceder en sus luchas reivindicatorias. No puede haber un país sano cuando viven en él más de 55.1 millones de mexicanos pobres en pueblos olvidados (Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2019, Secretaría de Bienestar). Hay que empoderar a esos pueblos y dejar de tratarlos como a menores de edad, manteniéndolos con dádivas.
Somos una nación pluriétnica. Los pueblos originarios tienen reconocidos sus derechos en la Constitución y en los convenios internacionales, pues son parte del todo. Pero como lo plantea Tlachinollan pareciera que en su futuro ven el desmembramiento del Estado mexicano. Y en su alegato contra el eurocentrismo y el liberalismo olvidan que somos un país democrático, en el cual las minorías cuentan.
La reforma al artículo 14 de la Constitución del Estado responde a la recomendación 09/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en materia de seguridad pública. Establece las bases para una “adecuada delimitación de competencias en las materias de seguridad pública e impartición de justicia y de los mecanismos legales de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal, para que los pueblos indígenas y afromexicanos apliquen sus propios sistemas normativos”.
El constitucionalista Eduardo López Betancourt ha opinado que la reforma al artículo 14 de la Constitución “para eliminar de ahí el nombre de la Policía Comunitaria es correcta, pues la Constitución sólo hace señalamientos generales, y eso no implica que desaparezca esta corporación indígena, pues se mantiene en la Ley 701, y en el artículo 2 de la Constitución General de la República”. Dejar la redacción anterior, además, abriría la posibilidad de que grupos delincuenciales pretendieran ampararse en la ley por su carácter progresivo. Evitarlo, es de la mayor responsabilidad política y favorece la paz social.
En concordancia con la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, se reconoce el Sistema de Seguridad Comunitario Indígena como un mecanismo que coadyuvará a la vigencia del Estado de derecho, la protección y conservación del orden público y la paz social de los pueblos indígenas. Se establece que los policías comunitarios deben ser nombrados en asamblea por sus vecinos y actuar en la demarcación de su comunidad.
Se protege el derecho de las mujeres para no ser objeto de matrimonios por acuerdos económicos. Se prohíbe el matrimonio de menores de conformidad con el Código Civil del Estado.
Se establece que los pueblos indígenas y comunidades reciban hasta un 70 por ciento por concepto de derechos sobre la explotación racional de los recursos naturales, que destinarán a la obra pública, determinada y ejecutada por las propias comunidades.
La nueva redacción reivindica los sistemas normativos indígenas y afromexicanos en materia de seguridad e impartición de justicia, conforme al artículo 9 del Convenio 169 de la OIT: “En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros”.
El gobierno del estado ha actuado con responsabilidad. Se celebraron foros de consulta en coordinación con la UAGro, a los cuales se invitó a organizaciones y líderes comunitarios. Tlalchinollan no asistió, como tampoco ha asistido a otros foros con el fin de encontrar puntos de coincidencia. El gobierno estatal, repetimos, tiene toda la disposición de reformar lo reformable, si fuera el caso. En vez de excluir al gobierno de sus foros debería haberlo convocado para que, en la exposición de argumentos, se encontrará la razón como sustento de la justicia.
El gobernador Astudillo siempre ha estado abierto al diálogo y al entendimiento.