La iniciativa de la Secretaría de Gobernación de abrir caminos de diálogo con las autodefensas, mismo que ya se había iniciado en Michoacán y se seguiría en Tamaulipas y en Guerrero, se encontró con el veto presidencial. Por instrucciones expresas de López Obrador se ha cancelado. Esta diferencia al interior del gobierno federal hace visible un asunto demasiado complejo y de no fácil manejo. Las intenciones de la señora Olga Sánchez Cordero son indudablemente buenas en el sentido de abonar a la pacificación del país, pero no bastan las buenas intenciones. Voceros de las autodefensas presentes en Guerrero opinaron de manera positiva en torno a eventuales diálogos, pero de entrada descartaron el desarme como medida derivada del diálogo. Y argumentaron que no hay condiciones para ello.
El diálogo en sí mismo es una estrategia positiva, pero tiene sus implicaciones y sus condiciones. En el caso de las autodefensas hay que considerar una serie de aspectos para que genere resultados positivos. Enumero algunos.
Primero. La mayoría de las autodefensas se generaron por la ineptitud del Estado para proteger y defender a los pueblos y a las comunidades. La necesidad de una legítima defensa las llevó a tomar las armas para atender una situación de emergencia y suplieron la ausencia de la fuerza pública del Estado, que no tomó el control de la situación de manera oportuna. Esto colocó a las autodefensas en un callejón sin salida en el que tenían que mantenerse armadas entrando al terreno de la ilegalidad por la presión de la delincuencia organizada. Esta situación proporcionó a las autodefensas de una base social que, en muchos casos permanece, lo cual tiene implicaciones políticas.
Segundo. Cada organización de autodefensa tiene su propia fisonomía. Dependen de sus liderazgos, de sus pretensiones políticas, económicas y sociales, también de sus alianzas y de sus estrategias y de los contextos de gobernabilidad específicos de las regiones en las cuales se establecieron. Esto significa que no pueden medirse con el mismo rasero.
Tercero. Como el que paga manda, está el tema del financiamiento, que es decisivo. ¿Quien y como las sostiene?, es la pregunta. Aquí es donde hay grupos que han incursionado en los mismos métodos de la delincuencia organizada y se han relacionado con cárteles de la droga. Y hasta se han convertido en bandas criminales que cobran cuotas. Extorsionan y secuestran. Recordemos que la Familia Michoacana, nació en Michoacán como organización de autodefensa y derivó en un verdadero cártel. Y en Colombia, las autodefensas derivaron en grupos paramilitares al servicio de terratenientes, ganaderos, empresarios y narcotraficantes.
Cuarto. Las condiciones que dieron origen a las organizaciones de autodefensa permanecen y, aun, se han agravado. Si se desactivaran –hipotéticamente– ahora las que ya están, sin duda otras nuevas organizaciones aparecerían, como lo hemos visto en los últimos años. Por lo tanto, hay que atacar las causas de la violencia para que desaparezcan las condiciones que propiciaron las autodefensas. Con solo proyectos de desarrollo o productivos en las regiones en las que se han establecido, no se desactivarían.
Quinto. Acordar y ejecutar el desarme de las autodefensas tendría que corresponder a una fase posterior, con condiciones de gobernabilidad y de contención de la delincuencia organizada. En la ruta de pacificación, el desarme tendría que ser acompañado con medidas de justicia restaurativa para sanar las heridas de las comunidades, para recuperar a quienes hayan delinquido y para hacer justicia a las víctimas.
Sexto. Quizá convenga pensar en la necesidad de una legislación específica que dé soporte legal a todo el proceso de diálogo, desarme y reinserción social de quienes se vieron forzados a tomar las armas. Invocar el respeto a la ley en este caso es necesario, pero la ley tiene que dar respuestas a los desafíos sociales y políticos que han estado apareciendo. Sería una ley semejante a la Ley para el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas que se promulgó en 1995 para buscar una salida a la guerra declarada por los zapatistas al gobierno federal. La problemática representada por las autodefensas en el país no es menor y no se resolverá de manera simplista. Hay que pensar en medidas proporcionales al problema.
En fin, la emergencia y el desarrollo de las autodefensas en el país, tiene que mirarse en su justa dimensión. Es ya un asunto estructural, por lo que su solución tiene que ser parte de un proceso integral de pacificación que involucre a todos, a sociedad y gobiernos. Incluidas las autodefensas que cayeron en la trampa de la violencia que quisieron combatir. De que este diálogo es necesario, es necesario. Pero necesita una hoja de ruta para desatar el difícil nudo que las autodefensas representan. Una hoja de ruta que integre variados temas como la gober-nabilidad, la justicia transicional, la atención a las víctimas de las violencias, el fortalecimiento del tejido social, la seguridad ciudadana y otros más. Hay que hacer un camino para que las autodefensas sean innecesarias y desaparezcan porque ya el Estado es lo suficientemente fuerte y capaz para dar seguridad a todos.