Los enredos del gobierno con los detalles del T-MEC y el alcance de diversas concesiones realizadas por López Obrador a última hora le han ofrecido a caricaturistas, comentócratas, políticos, funcionarios y empresarios una magnífica oportunidad para inundarnos de lugares comunes y de tonterías. Me limitaré a las más evidentes, no sin antes subrayar un par de aspectos de la guerra de los agregados o de la letra chiquita que no han recibido la suficiente atención.
En primer lugar, todos los reflectores se han dirigido al tema laboral del T-MEC, pero el aspecto ambiental reviste la misma importancia, si no es que más. La sección 811 del Implementing Legislation Act enviada al Congreso de Estados Unidos estipula que habrá un Comité Intersecretarial sobre Medio Ambiente, cuya tarea consistirá en monitorear y hacer cumplir (enforce) las leyes ambientales mexicanas. Habrá tres attachés o agregados ambientales en la embajada o los consulados norteamericanos en México. Al igual que sus colegas laborales, deberán recibir y recopilar información sobre prácticas ambientales en México; informar trimestralmente al Comité Intersecretarial, y en su caso, echar a andar el mecanismo de páneles de solución de disputas.
El mejor término para nombrar al conjunto de disposiciones ambientales y laborales aceptadas por López Obrador y el Senado es el de un protectorado ambiental y laboral. Se establece un régimen de vigilancia y puesta en práctica –enforcement– en estos ámbitos que obliga a respetar una legislación interna, bajo pena de sanciones comerciales en caso de no hacerlo. Ya veremos si los sindicatos mexicanos, las ONG ambientalistas, los disidentes obreros, los maestros, petroleros o empleados de Walmart optan por recurrir a estos instrumentos para hacer avanzar sus derechos. El patrioterismo ramplón de la 4T tal vez los intimide. O no.
Entre los lugares comunes más divertidos estos días figura sin duda aquel que reza que los agregados laborales y ambientales deberán sujetarse a las leyes mexicanas. No solo es redundante y obvio; contradice otro lugar común, a saber, que no puede haber inspectores porque la ley mexicana no lo permite. ¿Por fin? Quizás un poquito de historia les serviría a todos. Hay inspectores norteamericanos de la Food and Drug Administration que revisan los cargamentos de frutas, verduras, carne, camarón y atún de México a Estados Unidos desde hace casi un siglo. Hay agentes del FBI desde la Segunda Guerra Mundial, y de la DEA desde los años 1970.
Los agregados, inspectores, agentes ambientales y laborales, o como se les quiera llamar, actuarán en México como todos los funcionarios estadunidenses desde tiempos inmemoriales: más o menos como se les da la gana. Un gobierno en Washington antiobrero o antiambiental como el de Trump posiblemente los conmine a hacerse de la vista gorda frente a las barbaridades ambientales y laborales que se cometen en México. Un gobierno prosindical y “verde” hará lo contrario. Dependerá cual nos toque.