Hace unos días un grupo de trabajo compuesto por nueve parlamentarios del Partido Demócrata de Estados Unidos, encargado de revisar el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (en inglés U.S.-Mexico-Canada Agreement, USMC, conocido en nuestro país como T-MEC), dio a conocer un reporte de actividades. Para empezar, advierte que la redacción del Acuerdo, tal como fue aprobado por los gobiernos de los tres países, tiene carencias en cuatro áreas: trabajo; protección del medio ambiente; acceso a medicamentos; y mecanismos de cumplimiento.
El grupo propone, claramente, la necesidad de mejorar el texto. Por ejemplo, en el caso de las medicinas, el USMC otorga 10 años de exclusividad a las patentes de los laboratorios para protegerlos de la producción de genéricos. Ello a pesar de que en México y Canadá el plazo ha sido de cinco años. Los demócratas creen que ello encarecerá los medicamentos. Consideran que debe reducirse el periodo de exclusividad, o de plano suprimir esta cláusula.
En lo que toca a la parte laboral, señalan que el viejo NAFTA o TLCAN fracasó en su objetivo de mejorar los salarios y las condiciones de trabajo en México, afectando también a los obreros industriales estadunidenses. Por ello proponen, sobre todo, mecanismos y recursos para monitorear el cumplimiento de los derechos reconocidos internacionalmente y para que los “socios y actores” puedan rendir cuentas de los compromisos y reglas del acuerdo. Por socios y actores, los legisladores incluyen a las autoridades, empresarios y sindicatos que detentan los contratos, e incluso a las organizaciones y activistas independientes que están luchando en nuestro país por el respeto de los derechos laborales.
En cuanto al medio ambiente, también reconocen las fallas del viejo TLCAN y su incapacidad para que se cumplan con los estándares medioambientales en México, lo que ha provocado –dicen– un deterioro de la infraestructura y daños a la salud que “no reconocen fronteras”. Aquí, de la misma manera, proponen reglas más enfáticas y procedimientos de observación más estrictos.
En lo que respecta al tema de arreglo de las controversias por violaciones a las reglas del Tratado, los demócratas quieren un mecanismo que comprometa a los países (state-to-state dispute settlement) a llevar las disputas a juzgados internacionales neutrales en los que ambas partes puedan presentar sus argumentos. No aceptan la propuesta del representante de Trump (Lighthizer), que consiste en que el gobierno de Estados Unidos tome acciones unilaterales como policía (identificando cuáles han sido las violaciones de los gobiernos), fiscal (estableciendo los argumentos legales), jurado (evaluando las evidencias) y juez (sentenciando a los otros países a castigos y represalias comerciales).
La Comisión destacó positivamente la plática que tuvieron en la Ciudad de México con el presidente de la República y con la secretaria de Trabajo: creen que están seriamente comprometidos con la reforma laboral y quedaron muy bien impresionados por el detallado programa para implementar las reformas presentado por Luisa Alcalde. Sin embargo, en el reporte manifestaron su preocupación por la disponibilidad de los recursos necesarios para llevarlas a cabo. Creen que las medidas de austeridad, como parte de la lucha contra la corrupción emprendida por AMLO, no permitirá contar con las partidas indispensables para hacer efectivos los cambios. Señalan, sin embargo, que eso se comprobará o no, en el presupuesto que el presidente debe entregar en septiembre y en las decisiones que tome la Cámara de Diputados a final de año.
Los legisladores también manifestaron su “profunda preocupación” por los 400 amparos que han sido interpuestos por los sindicatos de protección para tratar de socavar las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Se quejaron, asimismo de que, en su visita a algunas fábricas en el estado de San Luis Potosí, dominan los contratos simulados que se pactan antes de que los obreros sean contratados: “Vimos claramente por qué el mercado de trabajo mexicano, construido sobre los hombros de trabajadores indefensos, ha producido tantas ganancias para las compañías más poderosas del mundo incluyendo algunas de capital estadunidense”. En particular, denunciaron que en la planta productora de llantas Goodyear encontraron trabajadores despedidos por defender sus derechos de organización sindical y que la empresa negó la entrada a la fábrica a la Comisión, provocando un gran disgusto a los representantes del Congreso de Estados Unidos.
En resumen, los demócratas están convencidos de que el Acuerdo debe mejorarse en esos cuatro aspectos. Tal como está, no votarán a favor.
La posición demócrata no es definitiva, pero parece indudable que la ratificación del acuerdo por el Congreso de Estados Unidos es todavía muy incierta. A pesar de que los senadores de nuestro país lo aprobaron sin cambios, los legisladores estadunidenses podrían llegar a un acuerdo bipartidista que abriera de nueva cuenta la negociación e incluir algunas reformas importantes. En el caso de las patentes para medicamentos, si se aceptara la moción demócrata, México saldría ganando. Sin duda fue una concesión demasiado costosa.
En materia laboral, la preocupación se enfoca en la implementación de las reformas. El gobierno de López Obrador tendrá que garantizar que la reforma va en serio y que contará con recursos económicos necesarios para el 2020 y cumplirá con los plazos fijados por el propio congreso y el gobierno mexicanos. Más complicado son los temas de su observación y la resolución de controversias.
La propuesta de Trump-Lighthizer probablemente sería inadmisible para México y Canadá. La postura alternativa de los demócratas no es mucho mejor, pues los inversionistas son los únicos actores que tienen realmente posibilidades (por el costo que suponen y los abogados litigantes que se requieren) de llevar a cabo ese tipo de juicios en tribunales internacionales, lo que otorga a las empresas una gran ventaja. Sin embargo, se ha vuelto el mecanismo más usual pactado en los acuerdos comerciales firmados por distintos países del mundo.
El problema es que, ante las dificultades de que cualquier mecanismo sirva para asegurar el cumplimiento de los derechos laborales, los demócratas parecen apostarle a fortalecer la observación directa y a una mayor participación de las organizaciones de trabajadores opuestas o ajenas a los sindicatos de protección. Sin decirlo, sugieren la necesidad de una alianza política trinacional entre partidos, organizaciones sindicales y activistas.
Si eso ocurriera, ¿Aceptaría México la presencia de un observatorio permanente de sindicatos y autoridades estadunidenses para vigilar directamente el combate a los contratos de protección y asegurar el cumplimiento de los derechos laborales en nuestro país? ¿Podrían, por ejemplo, ejercer presión para que se rechacen los amparos que han promovido los sindicatos del viejo régimen, o llevar a cabo visitas de inspección a las fábricas donde suponen que se violan esos derechos? Se trata de aspectos que todavía no se plasman en propuestas concretas de modificación del Acuerdo pero que podrían convertirse en parte de la negociación bipartidista en la Cámara de Representantes. Lo cierto es que son los demócratas, no los republicanos, los más interesados en los temas laborales. Y ello abre un espacio de confluencia con el gobierno de AMLO, pero también con el sindicalismo independiente.
El último escenario podría ser la falta de acuerdo entre los legisladores de Estados Unidos, lo cual tendría consecuencias aún más imprevisibles: que se quede el Tratado como está o que no haya ninguno. Ni los gobiernos ni los legisladores de los tres países lo desean, pero a estas alturas de los tiempos políticos de Estados Unidos nadie podría decir, hoy día, que el futuro del T-MEC está asegurado. En cualquier caso, por desgracia, el futuro económico del país, está en juego.

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