EL-SUR

Martes 18 de Junio de 2024

Guerrero, México

Opinión

El ocaso de la educación pública en La Montaña de Guerrero

Tlachinollan

Agosto 26, 2006

Los derechos económicos y sociales en su conjunto, a los que comúnmente los identificamos cuando hablamos del derecho a la salud, el derecho a la alimentación, fuentes de empleo, vivienda y educación, han sido sistemáticamente violentados en la región de La Montaña de Guerrero, en donde se concentra el mayor número de población indígena en la entidad. Más del 17 por ciento de las personas pertenecen a alguna de las cuatro etnias que habitan en la zona (na savi, mee phaa, nahua y amuzga), según datos oficiales.
Las propias cifras oficiales además de contabilizar en términos numéricos a la población indígena, también dan cuenta de la realidad de marginación, pobreza, olvido y exclusión del tejido social en el que habitan, lejos, muy lejos de los centros urbanos, de las grandes ciudades donde la inversión llega a raudales y no se comparte con los municipios pobres como los que abundan en La Montaña. Y es precisamente en el ámbito educativo donde se refleja en buena medida la condición paupérrima de los montañeros, que desde muy niños cambian las aulas por el surco del campo, los lápices por el machete y el azadón, cambian las clases por la necesidad de sobrevivir apenas de la tierra.
El Consejo Nacional de Población (Conapo) el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática (INEGI), así como el propio Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), coinciden en que la tasa de analfabetismo total y analfabetismo funcional es alarmante en la región: el 45.4 por ciento de los indígenas no pasa en absoluto por las aulas, en tanto que otro 21 por ciento ingresa a la educación básica pero no termina ni la primaria; es decir, estamos hablando de que el 76 por ciento de la población es en algún grado analfabeta.
De acuerdo con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, desarrollado por mecanismos como el Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, “la educación es un derecho humano fundamental y un medio indispensable para realizar otros derechos humanos que implican un desarrollo progresivo para los indígenas. La educación es el principal medio que permite a adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. La educación desempeña un papel decisivo en la protección de los niños pues les proporciona la posibilidad de generar capacidades que les brinden oportunidades de vida y desarrollo individual y colectivo. Brinda la oportunidad de generar libertad y amplitud de pensamiento, es uno de los elementos esenciales para el progreso y desarrollo humano”.
A pesar de la importancia que tiene la educación como derecho autónomo y como generador de desarrollo humano, –dicho expresamente en el párrafo anterior por el organismo de naciones más importante en el mundo: la ONU–, en La Montaña de Guerrero éstos continúan siendo términos que desconocen flagrantemente las autoridades de los tres niveles de gobierno. Es demasiado común encontrar comunidades indígenas sin escuelas o lo que es peor, escuelas sin maestros.
Un ejemplo viviente de ello son las comunidades mixtecas de Llano de Tepehuaje, Tierra Blanca, Lázaro Cárdenas, San Miguel Viejo, San Agustín el Viejo, Llano de las Palmas, Llano del Metate y Barrio de San Miguel, pueblos enclavados en la zona más olvidada de La Montaña, pertenecientes a los municipios de Metlatónoc y Cochoapa el Grande. Ahí, a pesar de contar con centros educativos, algunos de ellos hasta hace unos meses se encontraban cerrados por la ausencia total de personal docente, en otros la ausencia es parcial a la fecha.
Para el inicio del ciclo 2006-2007, 24 comunidades de la Zona Escolar 020 de El Rosario, Municipio de Atlamajalcingo del Monte, Guerrero, se mantienen cerradas a causa de diversos problemas de índole magisterial y político, problemas cuyo saldo siempre es un efecto negativo que repercute en el desarrollo educativo de los niños y niñas de las comunidades indígenas, quienes padecen los costos de los conflictos sindicales y políticos que aquejan a los maestros bilingües.
Resulta interesante observar cómo es que el discurso gubernamental se contrapone a la realidad que desnuda hechos concretos como los que hemos mencionado, pues la vieja retórica de una educación de calidad que ha venido a ofrecer incluso el presidente Vicente Fox a La Montaña, se desvanece a pasos acelerados. Para las autoridades ha resultado fácil eludir compromisos que ellas mismas establecen, pues basta recordar que apenas en julio del año pasado el presidente Fox subió al municipio de Metlatónoc, célebre por su pobreza, a prometer, entre otras cosas, aulas de calidad y presencia de maestros en ellas. Hoy, un año después, vemos que el compromiso de la máxima autoridad del país se desdibujó.
Ante el olvido de las autoridades, la organización de las comunidades ha sido justamente la vía para reivindicar el derecho al acceso a la educación de sus niños y niñas, obligando a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) a reaccionar adscribiendo en algunas comunidades a maestros para la reapertura de las escuelas, aunque desafortunadamente, como hemos constatado en la coyuntura del arranque del presente ciclo escolar, son contados los casos.
Además del inacceso total a la educación por falta de maestros o por el cierre de centros educativos, como Centro de Derechos Humanos, en el periodo que abarca desde el cierre del ciclo escolar anterior al inicio del presente periodo de clases, hemos podido documentar otros casos de arbitrariedad total que rayan en la discriminación de maestros hacia alumnos. Uno de ellos es el del niño José Luis Guzmán Morales, quien cursaba sexto grado en la primaria General Vicente Guerrero de Tecoyame de Guadalupe, Municipio de Talixtaquilla, Guerrero. A causa de que su padre no pagó a tiempo las cuotas para la preparación de la ceremonia de fin de curso, muy probablemente por lo pobre de su economía, el maestro Maximiliano Melgarejo Roque lo excluyó totalmente de la ceremonia, al grado de no mencionar su nombre e impedir que el niño pasara al frente por sus papeles, materializándose un acto totalmente arbitrario y de franca discriminación.
Sin lugar a dudas el sector educativo es uno de los más complejos para la atención, la estructura tripartita que le han delineado autoridades, sindicatos y padres de familia hace que por sí mismo sea tan vulnerable al conflicto ante la falta de acuerdos que no en pocas ocasiones devienen de posturas políticas encontradas, sin embargo, cuando las instituciones del ramo abandonan las obligaciones más elementales que la Ley les dicta, entonces no podemos más que entender que la problemática tiene un origen en el desacato de la norma, tal y como ocurre en La Montaña, donde la educación lejos está de ser pública y gratuita, según lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución. Esa es la amplia parte de responsabilidad del Estado en el eterno problema de la educación en México, un problema que se agudiza entre los indígenas y que la ONU, en el Diagnóstico Sobre los Derechos Humanos en nuestro país, calificó de inequitativa, excluyente y autoritaria.
“El sistema educativo mexicano reproduce la inequidad, la exclusión y el autoritarismo del sistema político y cultural vigente, sobre todo en las regiones más pobres, donde habitan los pueblos indígenas. El rezago afecta a los hijos de los jornaleros agrícolas, niños en situación de calle y descapacitados, y es aún más acentuado en la población indígena y particularmente en las mujeres indígenas que pertencen a los estados con menos desarrollo económico: Chiapas, Guerrero…”, señala con gran crudeza el diagnóstico de la ONU.
No es posible que las autoridades sigan en una actitud indolente, de dejar crecer el malestar de los indígenas y de obligarlos a tomar medidas de fuerza para ser escuchados. Las recomendaciones de los organismos multilaterales, como la ONU, deben ser las referencias obligadas y el punto de llegada, para que los gobiernos puedan evaluar con responsabilidad y objetividad su trabajo y su compromiso con los olvidados. Cuando los pobres son más pobres, los gobiernos suelen ser más ineptos y antidemocráticos.