Entre 2012 y 2015, durante la primera mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto, se aprobaron un conjunto de reformas a la Constitución y a las leyes secundarias que han tenido ya un impacto decisivo en el presente y, seguramente, lo tendrán, todavía más, en el porvenir de México.
Se trata de un periodo de nuestra historia que recordaremos paradójicamente no sólo por la avalancha de reformas constitucionales aprobadas en esos momentos, sino quizás y sobre todo por la extensión y el alto grado de violencia que se presentó en diversas partes del país, por el reconocimiento internacional de que en México existe una crisis de derechos humanos y hay una práctica generalizada de la tortura por los órganos de seguridad del Estado. Por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y de muchos más, jóvenes, hombres y mujeres, adultos y viejos que han sido sustraídos de sus familias. Esta dolorosa realidad continúa, pero hay que destacar que este horror cotidiano convive con un mundo institucional que da cuenta de una vida política de México reformista, de cambio, de transformación.
¿Cómo conciliar estas dos realidades que parecen confluir en un mismo país y en un mismo momento? La prensa informa diariamente que las Cámaras de Diputados y Senadores trabajan para proseguir el debate parlamentario y aprobar la próxima reforma legal, al mismo tiempo que esos mismos medios de comunicación dan cuenta de la enésima víctima sangrienta a manos de una banda, de un organismo de seguridad pública, o del mundo de las tinieblas, ese oscuro territorio en el que confluyen los delincuentes y los policías y en el que no se sabe quién es quién, pero que asesina, secuestra, mutila y desaparece forzadamente a miles de ciudadanos.
¿En qué país vivimos? ¿En qué momento de nuestra larga vida como República independiente nos encontramos? Para tratar de entender nuestra compleja y lacerante realidad actual, apenas en febrero de este año apareció un libro sobre las reformas estructurales y el cambio constitucional en México, que aborda algunas de las modificaciones legales que fueron aprobadas entre 2012 y 2015. Se trata de un libro que incluye diversos autores y ensayos sobre estos temas y en el que participé redactando un par de ensayos. Aprovecho entonces el generoso espacio de El Sur para hacer un breve comentario sobre este libro.
Desde mi punto de vista, la mayoría de las reformas estructurales y el sentido general del cambio constitucional que se vienen imponiendo desde hace décadas fueron diseñados bajo la lógica de un proyecto que reconoce en el libre mercado y la desregulación las bases del desarrollo. Una orientación doctrinaria que sostiene que esa es la única manera de alentar el crecimiento económico y con ello de modernizar a México y resolver sus problemas de pobreza y atraso.
La élite política y económica que ha promovido las reformas más importantes aprobadas en estos últimos años también ha considerado que el cambio constitucional tiene que estar a tono con la globalización y en particular con la que conduce la economía norteamericana. Nuestra integración a Estados Unidos, desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, según ellos, ha sido positiva, los costos han sido menores y, sobre todo, sostienen, es la única vía posible.
La élite que conduce el cambio también está convencida de que dichas transformaciones se pueden hacer a través de las instituciones y mediante un conjunto de negociaciones políticas que tiene como interlocutores a los partidos políticos. Se trata de un diálogo que ha resultado excluyente, pues no se ha consultado a la sociedad en asuntos de tanta importancia como las reformas laboral, energética o educativa, pero que ha resultado eficaz. Bajo este mecanismo, se ha demostrado que con los partidos políticos todo se puede acordar, lo que los ha convertido en una pieza clave en la legitimación de estos cambios.
Las reformas estructurales, en lo fundamental, plantean una vía de desarrollo, de la expansión de los mercados, pero también un reordenamiento político del Estado. Están propiciando, igualmente, un nuevo orden social que deja más vulnerables a los ciudadanos frente a las fuerzas del mercado y a los poderes económicos. Un cambio social que, en realidad, desordena, agrede, desarma, aísla y arrincona a las personas, a las comunidades, a las formas de vida y de resistencia colectivas.
Este (des)orden social junto con los altos niveles de corrupción e impunidad explicarían, desde esta perspectiva, el auge y la persistencia de la violencia cotidiana. Una violencia que no proviene solamente de las bandas del crimen organizado y de las instituciones, sino que también se está generando por la aplicación de las reformas estructurales y el debilitamiento de las instituciones frente a los poderes desregulados. En estas condiciones, la lucha social también se hace más difícil ya que el Estado se ha vuelto resistente a la protesta popular pues el arropamiento de los partidos le ha bastado, hasta ahora, para mantener su legitimidad.
Los textos que aparecen en el libro fueron escritos por Tania Hernández, Carlos San Juan y Citlali Villafranco y por el autor de estas líneas, que además tuvimos a nuestro cargo su coordinación general. Se incluyen también ensayos de Carlos Tello, Alberto Carral, Alejandro Luévano, Francisco Pérez-Arce, Francisco Carrillo, Orlando Delgado y Mariana Aparicio. Todos ellos ofrecen distintas visiones, temas y narrativas, pero tienen el objetivo común de explicar y cuestionar el cambio constitucional que se ha apoyado en nuestra aparente normalidad democrática.
En el libro se analizan con especial cuidado las reformas a la Ley Federal del Trabajo, la reforma educativa, la religiosa, la energética, la financiera, y la reforma política-electoral. Se trata de seis reformas que se propusieron como soluciones mayores a los grandes problemas nacionales o que incluyen asuntos esenciales para la vida de las personas. Los textos, más que hacer un balance de su implementación, pues aún es muy pronto para ello, se pone a discutir los antecedentes, el momento político y en especial las voces oficiales y disidentes que se manifestaron en torno a esas reformas. Por así decirlo, los autores se metieron a las entrañas de los textos, de las leyes correspondientes, a las tripas de los articulados, para analizar críticamente su contenido.
No todas las reformas aprobadas recientemente han sido negativas para el país. Y es posible que haya otras por venir que puedan tener sentidos distintos. El libro, por razones de tiempo y espacio no incluyó el análisis de algunos cambios legales tan importantes como el de las telecomunicaciones y carece de un análisis de las reformas relacionadas con los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, y la política de seguridad pública, algunas de las cuales aún se siguen debatiendo. Tampoco analiza la reforma a la Ciudad de México y su nueva Constitución, proceso que culminará hasta el próximo año. Ni las más recientes como las reformas constitucionales al artículo 123 y la que propone los matrimonios entre personas del mismo sexo. Y la lista puede seguir conforme pase el tiempo.
En cambio, el libro se ocupa de las reformas estructurales de corte neoliberal más destacadas de los últimos años. El desorden de la nación al que alude el título del libro representa el proyecto de las élites del poder político y económico, pero no es un destino fatal. Los textos intentan llevar al lector a una conclusión que se puede formular de manera sencilla pero que exige una reflexión seria y documentada: urge cambiar el rumbo del país.
El orden del mercado y el desorden de la Nación. Reformas estructurales y cambio constitucional en México. Coordinadores: Tania Hernández, Saúl Escobar, Carlos San Juan y Citlali Villafranco. Universidad de la Ciudad de México-Editorial Ítaca, México, 2016.

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