EL-SUR

Viernes 26 de Abril de 2024

Guerrero, México

Opinión

El Partido Revolucionario Institucional. Su historia

Fernando Lasso Echeverría

Septiembre 03, 2019

(Décima primera parte)

 

Concluimos el artículo anterior comentando la inflación galopante que hubo en el país durante el sexenio de Miguel De la Madrid (1982-1988); en total, en todo el periodo la inflación creció en 2 mil 411 por ciento, en cambio, en la misma etapa el salario mínimo aumentó mil 743 por ciento, cifra que representaba 668 puntos porcentuales abajo del crecimiento general de precios.
Por otro lado, –argumentando que lo hacía para aumentar las exportaciones– el gobierno subvaloró el peso frente al dólar, mediante una devaluación exagerada de la moneda mexicana con un deslizamiento mantenido, hecho que en conjunto acumuló una devaluación de nuestro peso de más de mil 500 por ciento en cinco años, dando como resultado que un dólar llegara a costar 925 pesos. La población de los estratos sociales más bajos y los ciudadanos con familias numerosas, vivían angustiados permanentemente, porque el poder adquisitivo de la moneda disminuía día a día y la llamada “canasta básica” se distanciaba más de sus posibilidades de compra.
Entre las clases pudientes, el mercado de bienes raíces y otros como el de los autos, estaban paralizados, pues aunque muchos querían comprar tratando de ganarle tiempo y porcentaje a la devaluación cotidiana de nuestra moneda que provocaba costos menores a los “de mañana ”, pocos vendían esperando mejores y más estables tiempos. El desempleo, pasó de 4 en 1982 a 23.4 por ciento de la población económicamente activa en 1988, y cada año, buscaban empleo un millón de mexicanos; por otro lado, entre 1982 y 1988, el incremento de subempleo urbano (comercio informal) fue superior a 4 millones de personas.
Esto ya lo había augurado el nuevo presidente en su toma de posesión, al asegurar De la Madrid en su discurso que a él, lamentablemente, le había tocado “administrar la crisis”; afirmaba el nuevo presidente en sus razonamientos que no era tiempo de titubeos, que era hora de definiciones y responsabilidades; comunicaba De la Madrid a los mexicanos, que la situación era intolerable, pero aclaraba dramáticamente, que no permitiría que “la Patria se le deshiciera entre las manos”.
Aseveraba convencido, que para enfrentar las dificultades económicas del país, era necesario un Programa de Reordenación Económica cuyo contenido básico era la austeridad en todas sus formas, y que tenía como objetivo fundamental y real –no dado a conocer al gran público– el pago de la deuda externa a costa de lo que fuera. Otro elemento esencial de su programa de gobierno, lo era la “Reforma del Estado”, que no era otra cosa que el “adelgazamiento” de éste y la disminución de sus funciones en la intervención de la vida económica del país, aseverando que la empresa pública era ineficiente, corrupta y causante principal de la crisis económica que se estaba viviendo; por otro lado, se afirmaba que debían ser las fuerzas del “mercado libre”, las que tenían que determinar el curso de la sociedad mexicana.
Miguel De la Madrid, había sido durante todo su desempeño profesional público, un funcionario tecnócrata al 100 por ciento, y sus antecedentes o actividades como priista eran totalmente nebulosos, pues nunca se supo en realidad cuando se afilió al partido, y –al igual que sus dos antecesores más cercanos– jamás ocupó ningún puesto de elección popular.
Representaba fielmente al grupo de tecnócratas que a partir de ahí, se apoderaron del poder; simbolizaba atinadamente a todos los jóvenes profesionistas que lo acompañaban en su equipo y que se caracterizaban por haber madurado profesionalmente en universidades extranjeras –sobre todo estadunidenses– adquiriendo ideologías ajenas a nuestro país y perdiendo totalmente el nacionalismo, imprescindible para todo aquel mexicano que pretendiera ocupar la presidencia de la República; eran economistas, que no tomaban en cuenta –o lo hacían en forma insignificante– la inversión social (salud, educación, casa habitación y alimentación) dentro de los programas gubernamentales, pues este era un rubro que consideraban oneroso e inútil, y finalmente, tenían al proceso de globalización económica, como el mejor de los mundos posibles y el cual se traduce como una integración económica paulatina entre países, en donde la evolución productiva, la marcha de comercialización y consumo se van asimilando de tal forma, que se llega –o se intenta llegar– a una conjunción total, mediante tratados de libre comercio, que en la práctica, terminan afectando a los pueblos subdesarrollados que forman parte de ellos, y favoreciendo a sus socios, aquellos países con pleno desarrollo donde nuestros ilustres funcionarios adquirieron sus pomposas y rimbombantes maestrías y doctorados, que en realidad los volvió nocivos para los intereses de nuestro país.
Y lo dijo claro y conciso Horacio Flores de la Peña: “Miguel de la Madrid, encabezó el arribo al poder, de la primera generación de norteamericanos nacidos en México”.
Los tecnócratas son funcionarios que hacen administración pública con parámetros técnicos y científicos que sustituyen como medidas programáticas, a las necesidades sociales de la población y al concepto ideológico revolucionario, parámetros que –de acuerdo a sus principios– deben cumplirse a costa de lo que sea; los tecnócratas, son funcionarios que carecen de capacidad de convocatoria social, porque no permiten una real participación ciudadana en los pactos o convenios sociales que se realizan, y por ello, han perdido la facultad de inquietar a los votantes para que los apoyen en sus programas de gobierno; los tecnócratas perdieron, durante sus estancias en el extranjero, la sensibilidad necesaria para comprender nuestra identidad nacional, y extraviaron, asimismo, la capacidad ideológica para poder renovar los conceptos sociales de la Revolución de 1910; de hecho, con su presencia en el poder, los tecnopolíticos han establecido un vacío notable entre pueblo y gobierno.
En la época delamadridista, el Partido Revolucionario Institucional, estaba a cargo del senador hidalguense Adolfo Lugo Verduzco, un abogado sin mayor experiencia política quien fungía como presidente del partido desde el 2 de diciembre de 1982, estando secundado por Mario Vargas Saldaña en la secretaría general. Estos personajes, habían reemplazado a Pedro Ojeda Paullada y a Manuel Bartlett Díaz, respectivamente, quienes habían sido los responsables de efectuar la campaña política de Miguel de la Madrid Hurtado, y ahora se desempeñaban como secretarios de Pesca, el primero, y de Gobernación, el segundo, en el gabinete político 82-88. El PRI podía presumir ahora de tener como nuevo presidente a un distinguido tecnopolítico, pues Lugo Verduzco tenía una larga trayectoria de estudios superiores, que había culminado con cursos de posgrado en administración pública en Francia y Holanda, y gozaba –por supuesto– de la amistad personal del nuevo presidente de la República, del que fue compañero de estudios en la Facultad de Leyes de la UNAM, y a quien le debía el cargo, pues el “presidenciato” que padecía nuestro sistema político, nulificaba totalmente la posibilidad de que las bases partidistas emitieran su opinión en el momento de elegir dirigente nacional del PRI, el partido oficial.
El sexenio de Miguel de la Madrid fue muy tormentoso para la población. La Bolsa de valores quebró en un proceso en el cual, perdieron todos sus ahorros los pequeños y medianos inversionistas, engañados por un grupúsculo de aprovechados capitalistas, quienes sin control gubernamental alguno, hicieron crecer durante un tiempo de forma artificial y amañada el índice de precios y cotizaciones de las acciones de la Bolsa, con la finalidad de atraer inversionistas, los cuales cayeron como moscas sobre la miel (especulativa), y después, ya que habían caído los miles de incautos esperados, los dueños de las diversas casas de bolsa –en forma coordinada y organizada– sacaron rápida y oportunamente los grandes capitales de sus empresas y del país, quebrando a estas instituciones y afectando con ello a mucha población que quedó en el mayor desamparo económico.
Poco después de este “terremoto” económico, llegó otro intenso sismo natural con una intensidad aterradora de 8.1, en la escala de Richter, que causó gran destrucción en zonas importantes de la Ciudad de México –entre las que estuvo el centro de la capital– provocando miles de muertes entre los habitantes y exhibiendo la incapacidad del gobierno ante esta desgracia, pues todos los niveles gubernamentales se quedaron totalmente paralizados ante la catástrofe, hecho que obligó a la población civil a asumir una responsabilidad que no le correspondía y que logró disminuir –con notables hechos heroicos– el número de muertes entre la población, al sacar cientos de ciudadanos de los escombros.
Finalmente, la austeridad en el gasto gubernamental afectó severamente la inversión en bienestar social y puso artificialmente al borde de la quiebra, a cerca de mil empresas públicas –fundadas entre 1970 y 1982– entre las que se encontraban algunas industrias muy importantes para el país desde el punto de vista estratégico, como la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, URAMEX y Aeroméxico por ejemplo. A pesar de ello el gobierno, en vez de sanear a estas empresas y persistir controlándolas directamente –como dueño– para mejorar su producción y su administración en general, las puso en venta; esta acción privatizadora, formaba parte de la reforma económica proyectada por este gobierno desde sus inicios.
Aunado a esta situación, De la Madrid se inclinó a favor de la entrada de México al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), situación que le abría el camino a los tratados de libre comercio, de los que su sucesor fue tan proclive para que –según él– nuestro país ¡por fin! formara parte del bloque de las naciones desarrolladas. Aquí habría que recordar que en ese sexenio, ante un presidente controlado totalmente por el grupo salinista al frente de la Secretaría de Programación y Presupuesto, era éste el que realmente marcaba las políticas económicas del gobierno, y ante eso, el mensaje era obvio: tenía que haber continuismo en el sexenio siguiente por medio de un hombre que consolidara el cambio económico en proceso, y este era sin duda Carlos Salinas de Gortari, el hombre que había dedicado todos sus esfuerzos en su corta vida –haciendo lo que debía hacerse– para llegar a ocupar la primera magistratura del país, que le había fallado a su padre don Raúl Salinas Lozano.
Pero fue en ese tiempo –segunda mitad del gobierno de De la Madrid– cuando se empezaron a observar los primeros signos de que la sucesión presidencial de Miguel de la Madrid, no iba a ser como las anteriores; se empezó a cuestionar de una manera más abierta, la facultad metaconstitucional del presidente de la República de nombrar a su sucesor e imponerlo como candidato del partido oficial, así como de controlar todas las fases del proceso electoral, privilegio comúnmente conocido como el “dedazo”.ç
A lo largo de 1986 y 1987, hubo en el país, un debate informal que llamó profundamente la atención de la opinión pública; la polémica se daba, entre aquellos que sostenían la necesidad de democratizar los mecanismos de selección del candidato del PRI y del proceso electoral federal en su conjunto, y los voceros oficialistas, que argumentaban que: “afectar los mecanismos y prácticas del sistema político mexicano, equivaldría a destruirlo”. Esta discusión pública, sobre las urgentes reformas electorales que necesitaba el país y el tradicional juego del “tapadismo” priista, tuvo una resonancia en la prensa mucho mayor que en anteriores sucesiones, situación que contribuyó a crear una gran expectación.
La señal de arranque de la carrera presidencial, se dio anticipadamente con la designación –el 21 de abril de 1986– del gobernador mexiquense: Alfredo del Mazo González, como secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, quien era querido por el presidente, como “el hermano que no tuvo” –según lo afirmaba públicamente De la Madrid–, dando cabida a que Del Mazo se creyera firmemente el sucesor de “su hermano”, y que muchos politólogos se fueran con la “finta” creyendo que Del Mazo era “el bueno”.
Este acontecimiento fue seguido poco después, por la renuncia –como colaborador presidencial– el 17 de junio del mismo año, de uno de los que hasta ese momento habían sido favoritos en la competencia para suceder a De la Madrid: el secretario de Hacienda y Crédito Público, Jesús Silva Herzog Flores, quien había sido designado en 1983 por la revista Fortune, “el Ministro de Finanzas del año”. Este suceso, ocurrió luego de una serie de discrepancias con Carlos Salinas de Gortari, el secretario de Programación y Presupuesto, en lo relativo al manejo de la deuda externa, asunto en el cual el presidente le dio la razón a este último. Silva Herzog, tuvo que presentar su renuncia y lo hizo en términos poco comedidos, lo cual indicaba una clara señal de que la disputa entre los principales aspirantes a suceder a De la Madrid seguía dándose –igual que en el pasado– en las antesalas del poder y no a la luz pública.
Ahora bien, era verídico que la discusión en torno a las reformas necesarias para democratizar al partido oficial, ya habían sido abordadas en el pasado, tanto por un reducido grupo de intelectuales como por los partidos de oposición, pero en 1986 llegó a sectores más amplios de la población, y a ser un asunto tratado en forma más abierta en la prensa nacional, y esto llegó a preocupar necesariamente a grupos dentro del mismo partido, pues era indiscutible, que el país había vivido prácticamente seis décadas bajo un sistema de “Partido de Estado”, que rechazaba todo tipo de reformas democráticas, abandonando sus propios postulados centrales emanados ideológicamente de la Revolución Mexicana.
Esto estaba provocando conflictos internos entre las filas básicas y los miembros cupulares del partido. Inclusive, algunas personalidades priistas, inconformes con la política del gobierno de De la Madrid, reprobaban “el papel que se le había asignado al partido en los cuatro años anteriores, como un organismo carente de vida propia, reducido a legitimar las nuevas políticas gubernamentales, que se desligaban totalmente de los principios revolucionarios de 1910.

* Ex presidente de “Guerrero Cultural Siglo XXI” A.C.

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