(Trigésima tercera parte)

Hablábamos en el capítulo anterior de cómo a los 19 días de haber tomado el poder presidencial Ernesto Zedillo Ponce de León, “tronó como cuete de feria” el proyecto económico que Salinas inventó para nuestro país, provocando con ello una crisis económica superior a la experimentada en los años 30 y causando una gran recesión en México; para resolverla, la administración zedillista optó por un camino ya recorrido por anteriores gobiernos mexicanos: ir a Washington a pedir ayuda, y al igual que en 1976, 1982 y 1987, nuestros vecinos no tuvieron otra alternativa que involucrarse con los problemas económicos de México, a través de préstamos y créditos de emergencia –concedidos por el presidente Clinton, sin esperar la autorización del Congreso– pues el colapso de las bolsas de valores, la retirada masiva de inversiones extranjeras y una paralización económica provocada en nuestro país, estaba poniendo en riesgo al resto de las economías del continente americano, mediante lo que en ese tiempo se llamó el efecto tequila. Las negociaciones duraron tres meses en forma angustiosa, hasta que el Tesoro de Estados Unidos y el FMI , armaron un paquete inicial de rescate de 37.8 mil millones de dólares.
Como efecto de la devaluación del peso, el sistema financiero se deterioró en forma drástica y dio paso a una grave crisis bancaria, acentuada por el desmedido aumento de las tasas de interés, las cuales pasaron de 14.5 por ciento en diciembre de 1994, a 107.7 por ciento en marzo de 1995, situación que agravó la cartera vencida (créditos no recuperados) que venía padeciendo la banca comercial desde el sexenio anterior y que aumentó de 53 mil 500 millones de pesos en diciembre de 1994, a 137 mil millones de pesos para marzo de 1995, obligando al sistema bancario a declararse técnicamente en bancarrota debido a las docenas de miles de dólares en préstamos vencidos, dando como resultado que el PIB en 1995 se redujera un 6.2 por ciento, contracción mayor a la ocurrida en la crisis de 1983.
En relación con esto, Zedillo empeoró la situación para el pueblo de México, pues para rescatar al sector bancario cambió la deuda privada del grupo de banqueros en deuda pública, a través del famoso Fondo Bancario de Protección al Ahorro Bancario (Fobaproa) endosándonos a los contribuyentes el pago de 80 mil millones de dólares más los abusivos e inmoderados intereses, que se consiguieron para “salvar” a la banca, y no sólo eso, sino que también autorizó la inversión extranjera en la banca mexicana, con una serie de vicios e irregularidades que han venido saliendo a la luz pública a través del tiempo; por ejemplo, un despacho contable pagado por la Cámara de Diputados llegó a la conclusión de que Bancomer y Banamex no eran sujetos de rescate por el Fobaproa, porque su capital –a pesar de la crisis de 1995– permanecía intacto; por otro lado, la venta de bancos mexicanos a la banca extranjera se realizó sin subasta pública y sin rendir un informe pormenorizado al Congreso de la Unión; algunos bancos como el Inverlat y otros, prácticamente fueron fiados a los nuevos dueños; se omitió el pago de impuestos al gobierno por las transacciones bancarias (solamente por la venta de Banamex, debieron pagarse 3 mil millones de pesos de ISR) supuestamente a cambio de un pequeño compromiso contraído por la banca extranjera, pues esta prometió que cotizaría sus acciones en el mercado bursátil mexicano, responsabilidad que hasta la fecha no ha cumplido.
De hecho, para nadie es un secreto que las filiales en México de bancos españoles, ingleses, norteamericanos y canadienses, son las “joyas de la Corona” para sus matrices, por las colosales ganancias que les proporcionan; gran parte de las utilidades se derivan de los pagos que el gobierno continúa haciendo para cumplir con la liquidación de los pagarés del Fobaproa; el monto de este pago leonino, ilegal y gravemente perjudicial para el desarrollo del país, ha oscilado desde 1996, entre 35 mil millones y 50 mil millones de dólares anuales, deuda que no terminaremos de pagar en varias generaciones, pues la deuda se fue al 40 por ciento del PIB a partir del año mencionado; así mismo, también es conocido por todos que los servicios que prestan las trasnacionales bancarias en nuestro país, superan exageradamente en costo –con toda la alcahuetería del Banco de México, en manos de tecnócratas más vinculados con los intereses extranjeros que con los nacionales– a los mismos servicios que estos bancos prestan en sus respectivos países; por ejemplo, la comisión anual promedio –en esa época– por una tarjeta de crédito en México era de 540 pesos, por 204 pesos en Estados Unidos, 220 en Canadá y 55 pesos en el Reino Unido; por un cheque devuelto, la comisión promedio en México era de 787 pesos y en Estados Unidos de 239; la tarifa por no mantener el saldo mínimo es de 159 pesos en México por sólo 80 en Estados Unidos. Alrededor del 33 por ciento de los ingresos en la banca en aquella época provenían del cobro de comisiones, mientras que en España y Chile era el 24 por ciento y en Venezuela el 14 por ciento; merece mención que en el contexto latinoamericano, México goza del nada envidiable primer lugar en lo referente a extranjerización del sistema financiero; igualmente, que la banca paga a sus empleados mexicanos una verdadera miseria por su trabajo, quienes están legalmente imposibilitados para formar un sindicato; es decir: continuamos teniendo un trato colonial, que nuestros gobiernos entreguistas no sólo no han impedido, sino que han brindado todas las facilidades para que estas explotadoras instituciones bancarias lo realicen.
Por otro lado, el crédito emergente de parte del gobierno norteamericano, obviamente, no fue a cambio de nada: Zedillo fue obligado a lanzar un programa inusualmente rígido, con fuertes recortes al gasto gubernamental y otras medidas de austeridad, que iban a provocar despidos masivos que afectarían a un millón de trabajadores tanto de la estructura estatal como de la empresarial en el transcurso de 1995; también se exigió la congelación de salarios, además de una nueva ronda de privatizaciones para lograr recabar más de 12 mil millones de dólares; por otro lado, la garantía del préstamo era nuestro petróleo y nuestros codiciosos acreedores exigían también una periódica información “precisa y oportuna” de ¿nuestras? reservas petroleras. Pero el asunto no paró ahí; Clinton, el presidente norteamericano que se “condolió” de nuestro país, logró de nuestras autoridades estatales encabezadas por Zedillo, que México y Pemex aceptaran una cláusula en la cual el país y la empresa paraestatal renunciarían irrevocablemente a una defensa futura de sus intereses en cualquier foro internacional, que pudiera da marcha atrás a los leoninos convenios (para México) relacionados con las reservas petroleras mexicanas que habían servido de aval, para garantizar el pago del préstamo monetario, que disminuyó, pero no resolvió la crisis económica del país.
Por todo lo anterior, Zedillo –que resultó tan entreguista como su antecesor– continuó apresurando durante la primera mitad de su sexenio la privatización del sector energético en todas sus áreas: la industria eléctrica, el gas natural y la petroquímica primaria y secundaria; a esto se agregaban los ferrocarriles, y las terminales portuarias y aeroportuarias del país. La conducta obsequiosa e incondicional de nuestro presidente fue del agrado de las instituciones bancarias internacionales, hecho que le devolvió su crédito a México, que pudo nuevamente, pedir más dinero prestado al exterior, lo que sumado al anterior sumó la cifra de 50 mil millones de dólares, para salir del bache momentáneamente; así mismo, volcó las inversiones –particularmente de Estados Unidos– a los sectores que más podían beneficiarse del TLC, entre las que destacaban las maquiladoras ubicadas en nuestra frontera norte –que no son propiamente una inversión, sino creación de empleos de mano de obra barata– y la industria automovilística, estimulada también por los mismos motivos: trabajadores con sueldos bajos, hecho que abatía los costos de exportación.
Entre 1994 y 1999, la inversión extranjera –sin tomar en cuenta los ingresos especulativos– promedió 11 mil millones de dólares anuales, estableciéndose las condiciones para una recuperación económica dirigida por las exportaciones, mismas que crecieron rápidamente de 79.5 mil millones de dólares en 1995 a 137 mil en 1999, de las cuales un 80 por ciento se iban a Estados Unidos. Este auge de las exportaciones creó la impresión de una reactivación de la actividad económica: el PIB creció 5.1 en 1996; 6.8 en 1997; 4.8 en 1998 y 3.7 en 1999; sin embargo, aunque la macroeconomía del país había mejorado ostensiblemente hacia el final del sexenio zedillista, lo cierto era que la mayoría de los mexicanos no formaban parte de esta recuperación y continuaban en la práctica tan pobres o más que en el salinato, situación que provocó en la población del país, una crisis integral que abarcó lo económico, lo social y lo político. Había inseguridad y violencia en las calles, desánimo y desconfianza en la ciudadanía. Se hablaba ya, de algo inédito en el sistema político mexicano del siglo XX: la posibilidad de que Zedillo renunciara al cargo por su incapacidad de resolver los problemas del país; no obstante, Zedillo calificaba de “catastrofistas” a la población que no estaba de acuerdo con su manera de conducir a la Nación.
Esta situación provocó también que la población del país volcara su enojo contra Salinas; el ex presidente prácticamente fue linchado por el pueblo de México; se le manejaba como el culpable de engañar a la gente con falsos sueños de prosperidad; se le señalaba como el gobernante más corrupto y ladrón que había tenido el país en toda su historia. Luego, en marzo del mismo año, su hermano Raúl, quien también cargaba con una justa fama de deshonesto, ladrón, traficante de influencias y “tapadera” de algunos grandes jefes de cárteles del narcotráfico, fue aprehendido acusado de ser el autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, su ex cuñado, quien –según algunas versiones trascendidas al público– al ocupar cargos relevantes en el siguiente sexenio, iba a afectar a don Raúl y a su familia.
Ante la captura de su hermano –que don Carlos quiso frustrar y no pudo– Salinas expresa su indignación e inicia una serie de actos inexplicables y extraños, como trasladarse a Monterrey para dizque iniciar una ridícula huelga de hambre en la Gran Plaza, cosa que evitó el gobernador en turno neoleonés, diciéndole que él no podía hacerse responsable de su seguridad, pues se exponía demasiado a la furia de la población, y ante esa situación el ex presidente se refugia en una modesta casa de una familia ayudada por Pronasol durante su sexenio, pero ante las presiones del gobierno federal, la “huelga de hambre” sólo dura unas horas, pues intentando que el gobierno lo declarara públicamente inocente de todo lo que se le imputaba, acepta volver a la Ciudad de México y finalmente sale del país y se refugia en Irlanda, nación con la que México no tenía tratado de extradición, dejando a su ex empresa (México SA) quebrada y endeudada, con su sistema agropecuario hecho pedazos y prácticamente inexistente; sin industria nacional y con un desempleo sin precedentes; con la mayoría de la población en un grado de pobreza extrema y sin confianza en el gobierno, pues ésta se sintió nuevamente engañada, y ahora más gravemente que en el pasado.
La aprehensión de Raúl Salinas fue un golpe maestro de audacia por parte de Zedillo; una jugada de gran alcance estratégico que automáticamente proporcionó al presidente, una aureola de poder ante su antecesor y su familia, y lo más importante: una imagen de credibilidad pública. Después, continuó destapándose la cloaca, hasta llegar a unas cuentas millonarias en dólares, que Raúl Salinas –con nombres distintos al propio y respaldados por documentos falsos– guardaba en bancos suizos. En esos momentos, quien podía creer en el país, que el maquiavélico Carlos Salinas de Gortari –el padrino de la “familia”– era ajeno a estas corrupciones de su hermano… nadie. Sin embargo, la arbitraria ley no escrita de que los ex presidentes son intocables jurídicamente, una vez más protegió al pillo saliente quien, hasta hace poco, seguía gozando de la infame y abusiva pensión vitalicia, que De la Madrid decretó cínicamente –pues se incluía él en este abusivo beneficio– para todos los presidentes salientes y sus familiares.
En México, la corrupción ha sido una costumbre presente desde tiempos inmemoriales, aunque siempre había tenido el carácter de ruptura y desorden aislado, pero en el sexenio de Salinas, tomó una forma orgánica y sistematizada que parecía formar parte del proyecto de reforma económica implantado por el gobierno, llevando un sentido estratégico para cumplir ciertos fines: acelerar el proceso de concentración de capitales para favorecer a los grandes grupos que pudieran convertirse en competidores de los consorcios extranjeros; construir un imperio personal que volviera ridículo –en comparación– el emporio económico levantado por Alemán en la década de los 50; crear una alianza de hombres de negocios y de políticos, que perdurara una generación y que tuviera en el futuro del país un importante papel en la toma de cualquier decisión trascendente para el Estado mexicano. Este proyecto pareció dotado –incluso– de un administrador: Raúl Salinas de Gortari, el hermano mayor del presidente.
En los primeros meses del gobierno de Ernesto Zedillo poco a poco se fueron conociendo las relaciones de Raúl con algunos de los industriales y financieros más importantes del país, que tenían que ver con la banca, los medios electrónicos de comunicación, la industria alimentaria, los transportes, los insumos estratégicos, es decir, con las empresas más redituables y estratégicas del país. Denuncias continuas de la embajada de los Estados Unidos, de los Congresos norteamericanos, de la DEA y del FBI, publicadas en la prensa nacional e internacional, comenzaron a vincular todo este mundo de negocios con el narcotráfico y a hacer más evidentes las relaciones de esta actividad ilícita, con la política mexicana.

* Ex presidente de Guerrero Cultural Siglo XXI AC.