(Décima sexta parte)

Comentábamos en el artículo anterior cómo la Corriente Democrática dentro del mismo PRI, que había salido a la luz pública a mediados de 1986 –encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez–, no era el único frente abierto para el PRI en esos tiempos; también parte importante del Frente Juvenil Revolucionario, estaba inconforme por la falta de democracia dentro del Partido y protestaban abiertamente por ello.
Y es que la práctica del “dedazo” no se limitaba a la selección del candidato a la presidencia de la República, también se usaba en forma abusiva y general para repartir candidaturas para cargos de “elección popular” y puestos dentro del Partido o de la misma estructura gubernamental.
Había secretarios de área dentro del Partido (nacional, estatal, o municipal) que a pesar de sus méritos y experiencia, jamás llegaban a la presidencia o secretaría general de su circunscripción, porque les eran impuestos –la mayoría de las veces– a personas ajenas a su entorno político, que con mejores “padrinos” lograban el nombramiento. Y aunque pocos se atrevían a protestar, había un descontento general dentro de las filas partidistas.
El presidente del CEN del PRI, intentó conciliar a los líderes del movimiento rebelde de los jóvenes priistas con la directiva oficial del Frente Juvenil Revolucionario, pero no lo logró, por lo que era indudable de que un nuevo flanco se había abierto en el Partido. Los jóvenes priistas rechazaron todas las insinuaciones de vinculación con la Corriente Democrática, y afirmaban que su movimiento “exhibía nítidamente la crisis de representación y de principios en la que se hallaba el PRI”; ellos solicitaban que se convocara a una nueva Asamblea Nacional de Partido, en donde se replantearan tres temas centrales: la participación de las bases en la selección de candidatos, una cuota de participación a los jóvenes en los cargos y candidaturas y una nueva política partidaria, a fin de que el PRI, exigiera al gobierno un cambio de sus políticas económicas.
Para entonces, y al aproximarse la sucesión, continuó la deserción del grupo original de la Corriente Democrática. Entre los desertores, se encontraba el viejo político guerrerense Vicente Fuentes Díaz, quien dejó de asistir a las reuniones grupales y de suscribir los documentos emanados de la corriente sin mayor trámite, sin embargo, la lucha interna por alcanzar el respaldo de los miembros del PRI entre el CEN y los disidentes continuaba sin pausas, pues en ella se enfrentaban dos estados mayores con diferentes estrategias y muy desiguales fuerzas: Los miembros de la Corriente Democrática por un lado, con escasos recursos pero con un mensaje de democratización que tenía un fuerte impacto en la población, y el equipo de De la Vega por el otro, con todo el peso del aparato del Estado, y sin más bandera que el obsoleto y repudiado argumento, de “la disciplina ante la autoridad presidencial”. Ambos grupos, haciendo sendas campañas por todo el país: los disidentes difundiendo entre la población nacional sus planteamientos y el CEN del PRI, intentando fortalecer la unión partidista; pero fue la Corriente Democrática la que empezó a tener un notable cambio cualitativo en toda la nación, pues empezó a recibir un mayor apoyo en todo México, no sólo de las bases partidistas sino de toda la población.
La actitud oficial, se tornó cada día más ríspida e intolerante, y se reflejó en las sucesivas declaraciones del CEN del PRI en su recorrido por el país, en donde se demandaba disciplina a los cuadros priistas, exigiendo que evitaran el tema de la sucesión presidencial, se sometieran a la autoridad de Miguel de la Madrid, el “Jefe nato” del Partido, y respetaran las “reglas no escritas del sistema”; se generalizaba dentro de las delegaciones estatales del Partido, una franca actitud de amenazas y represión, y la situación –no había dudas– se deterioraba a grandes pasos. En esos días, un grupo de artistas e intelectuales publicó en la prensa nacional, un desplegado de apoyo a la Corriente, y ello, contribuyó a aumentar el nerviosismo en Los Pinos, pues entre ellos había gente como Luis Alcoriza, Enrique Alonso, Adolfo Aguilar Zínser, Angélica Arenal, Alejandro Aura, Carmen Boullosa, Emilio Carballido, Alí Chumacero, José Luis Cuevas, Sergio Fernández, Margit Frenk, Juan García Ponce, Jorge Alberto Manrique, Cesáreo Morales y Ricardo Rocha. Era indudable pues, que la Corriente ampliaba sus espacios en la sociedad, y otra prueba de ello, lo fue una comida organizada por Manuel Moreno Sánchez, viejo político que había llegado a niveles muy altos en el pasado; ahí, este conocido ex funcionario, reunió a funcionarios públicos y prominentes priistas con miembros de la Corriente y de otros partidos, en un convivio de opositores a las políticas del presidente De la Madrid, hecho que suscitó durante varios días, especulaciones de todo tipo en la prensa.
Los recorridos de los miembros de la Corriente por diversas entidades federativas, les permitían conocer mejor el nivel del descontento popular y propiciaba que recibieran también las demandas de un buen número de priistas, que pedían un liderazgo para encauzar el proceso de cambio. Invitados tanto por dirigentes medios del Partido como por instancias académicas de diversas universidades, pudieron percibir la frustración de muchos miembros del Partido, que a pesar de su larga militancia, se veían relegados por las clases cupulares partidistas y mostraban una impotencia absoluta para poder cambiar la situación prevaleciente en su organismo político; en estas giras, Cuauhtémoc Cárdenas empezó a recibir en forma reiterada, la petición de que se postulara como candidato a la presidencia de la República, situación que él siempre soslayó; sin embargo, no había duda, que Cárdenas estaba siendo identificado por amplios sectores de la población como un dirigente de proyección nacional, y a medida que el tiempo pasaba, su figura crecía en dimensión política. La prensa se ocupaba día a día del tema y contribuía a hacer más evidente el desconcierto entre las autoridades, que fracasaban en sus tentativas de disciplinar a los disidentes, ofreciéndoles posiciones políticas o intentando amedrentarlos.
Era pues ya muy notorio que la sucesión de 1988 no sería como las otras, porque la población reclamaba ya “transformaciones sustantivas”, y era por ello que a través de la Corriente, demandaba la apertura necesaria –con la debida anticipación para el proceso electoral interno– para que se registraran los precandidatos y se efectuaran las campañas proselitistas previstas en los estatutos y hubiera, asimismo, tiempo para que se evaluaran los personajes y los programas propuestos para el siguiente sexenio; se deseaba que se acabara el reprobable mecanismo del “tapadismo” en el cual no intervenían las bases del Partido, e insistir en esta práctica –advertían– tendría costos políticos muy altos para el régimen.
En las inconformidades planteadas en los foros realizados, destacaba que el desacuerdo central era sobre las políticas económicas del gobierno, que hacían gravitar a México en la órbita de una estrategia neocolonial que iban contra las tesis revolucionarias del mismo Partido.
Finalmente, la Corriente Democrática dio un paso de gran importancia en la lucha por la democratización del Partido, al aceptar públicamente que propondría un precandidato a la presidencia de la República, y que daría a conocer más adelante quién podría ser éste; el segundo paso fue el de insistir ante el CEN del PRI para que abriera formalmente el proceso de selección de candidato, instalando el registro de precandidatos, para que pudiera darse una contienda interna de carácter democrático. La cúpula del Partido estaba sin embargo desbordada por los acontecimientos, y la nueva iniciativa no logró respuesta institucional alguna. Desde la oposición henriquista de 1951-1952, no se había producido un conflicto de esta naturaleza en el sector oficial.
El enfrentamiento entre la Corriente Democrática del PRI, que pretendía tener una legitimidad histórica y estatutaria en su iniciativa y pedían a los priistas exigir respeto a sus derechos de militantes en la elección del candidato presidencial, y quienes, desde la cúpula del Partido, invocando la tradición y las reglas “no escritas” del “sistema”, exigían disciplina a la autoridad presidencial, nunca produjo un debate abierto, pero empezó a permear a la clase política del país en general, y en particular a las diversas instancias del Partido, convirtiendo a la sucesión presidencial en un tema capital para diversas fuerzas sociales, que dentro y fuera del Partido estatal entendían que la batalla por el país, tenía mucho que ver con la conquista de la presidencia de la República.
La creciente influencia de la Corriente Democrática del PRI en la sociedad –durante la segunda mitad de 1987– tenía una razón fundamental: “encueró” al sistema político mexicano; cuestionó lo que era realmente el Partido oficial. En esa época, el PRI era una compleja y vasta organización estatal, que tenía una función primordial en el “sistema” mexicano: servir como soporte a las políticas que decidiese el presidente de la República, fueran éstas las que fueran, a pesar de que el PRI se presentaba aún, como el símbolo de la unión de todas las clases sociales que –se decía– tenían como objetivos defender el proyecto posrevolucionario; pero al paso del tiempo, los intereses gubernamentales –y en especial de los ejecutivos en turno– redujeron al mínimo sus espacios de vida interna independiente, y le imponían políticas, estatutos, principios, planes y programas, así como dirigentes y candidatos; al no tener una fuerza política autónoma como partido –fundamentalmente porque las cuotas de sus miembros eran inexistentes y era subsidiado por el gobierno– el PRI, no tenía la posibilidad de oponerse a las desviaciones oficiales que habían ocurrido en el pasado inmediato, o estaban ocurriendo en ese sexenio; el Partido pues, no hacía más que ofrecer al ejecutivo, un apoyo acrítico e incondicional, que era lo que convenía al autoritario proyecto político neoliberal, que el grupo salinista estaba imponiéndole a México.
Pero a pesar de que la disidencia había alcanzado para esas fechas su mayor popularidad, subsistían algunas reservas en diversos sectores sociales y políticos del país, y estas eran originadas no sólo por las experiencias históricas de los mexicanos en aspectos de disidencia política, sino también por las ambigüedades e incluso contradicciones que aún se notaban en algunas declaraciones de los dirigentes de la Corriente Democrática, consecuencia a su vez precisamente por el hecho de continuar siendo priistas. Decían que nunca abandonarían el PRI, pero éste se veía cada vez más como una maquinaria antidemocrática; exaltaban el cambio y sin embargo no criticaban abiertamente al régimen; se decían demócratas, pero no condenaban las prácticas antidemocráticas del PRI en las elecciones constitucionales. Todo ello, provocaba que tanto entre algunos intelectuales como en la ciudadanía en general, se manifestara incredulidad sobre el futuro del movimiento y se tomara con cautela lo que acontecía. Quizás esto fue lo que obligó a Muñoz Ledo a afirmar en una gira por Michoacán, que la Corriente Democrática, no desilusionaría como lo había hecho el “Vasconcelismo”.
El PRI mantenía su doble estructura histórica: la sectorial o corporativa y la territorial, pero en ninguna de las dos existía posibilidad alguna de una participación real para los militantes que se tradujera en ascensos en la organización por méritos propios. En la corporativa, porque en la casi totalidad de las organizaciones de los tres sectores (CNOP, CNC, y CTM) no había instancias democráticas, y en la territorial, porque la seccional –que era estatutariamente el órgano de base partidista– en la práctica nunca existió.
Los dirigentes del PRI, habían descuidado con ello, el cumplir con el principio de la afiliación individual que era obligatorio en los estatutos desde 1974, y la mayor parte de los miembros eran incorporados colectivamente, hecho que impedía conocer a ciencia cierta el verdadero número de militantes que tenía el Partido –local o nacionalmente– porque el número de éstos se desconocía y por lo consiguiente se inventaba cuando era necesario proporcionar una cifra. Por el contrario, los miembros de la alta burocracia política, que se suponía eran priistas y que se ostentaban como tales, frecuentemente carecían de una credencial que los acreditara como miembros del Partido, y esto ocurría porque jamás se habían afiliado a esta organización política.
A partir de López Portillo hemos tenido varios presidentes de la República que se afiliaron al PRI hasta que fueron candidatos. Igualmente, a través de los años, numerosos miembros de los gabinetes federales, nunca se afiliaron al PRI, porque pertenecer a este organismo político, no era para ellos de trascendencia. Sin embargo, en la realidad, el PRI era algo más que sus cúpulas dirigentes y sus miembros reales; el Partido oficial era la expresión de los intereses económicos y políticos de todos aquellos que, en una extensa red de complicidades, se beneficiaban de la discrecionalidad del Presidencialismo, entendiéndose esto, como el poder del presidente, en las funciones de su competencia que no están reglamentadas.
Al inicio del segundo semestre de 1987, los miembros de la Corriente Democrática del PRI, decidieron ampliar su comunicación e influencia con la sociedad, haciendo sentir su presencia en ésta y divulgando más ampliamente su tesis; para ello empezaron a efectuar reuniones más extensas con gente representativa de grupos claves en el ámbito social y por otro lado, decidieron “tomar la calle” organizando marchas y campamentos por la democracia buscando el respaldo ciudadano, actividades que continuaban siendo boicoteadas por los tres niveles de gobierno en donde se realizaban. Los disidentes veían en realidad, muy remota la posibilidad de lograr que el gobierno delamadridista aceptase la democratización de los mecanismos de selección del candidato presidencial del PRI, pero siguieron insistiendo en ello, y a ese fin, se dirigieron más abiertamente a la ciudadanía buscando su apoyo.
En estas actividades, destacó la “Marcha de las 100 horas por la democracia” realizada en la capital –sin permiso de las autoridades– del 17 al 21 de septiembre del año mencionado, marchando de Salto del Agua a la Plaza de la Constitución, lugar en el cual se plantaron en la acera de la catedral de la Ciudad, donde debieron aguardar a que la plancha del Zócalo fuera desocupada por los asistentes a un multitudinario acto del seleccionado mexicano de futbol, organizado a última hora por el gobierno delamadridista con fines de estorbar y aislar el evento de la Corriente Democrática.
La estancia de los disidentes en el Zócalo capitalino, fue muy fructífera pues recibieron la visita de muchas personalidades, entre las que destacó la de Heberto Castillo, candidato presidencial del Partido Mexicano Socialista –formado pocos meses antes, mediante la fusión del PSUM, el PMT y el PST– quien le manifestó su solidaridad. La marcha, tuvo una mayor dimensión pública por ser una protesta de priistas inconformes (hecho sin precedentes) y fue noticia al día siguiente en casi todos los diarios, que informaron con detalles el acontecimiento.

* Ex Presidente de “Guerrero Cultural Siglo XXI” A.C. [email protected]