Fernando Lasso Echeverría *

Acabamos el artículo anterior comentando las revelaciones públicas sobre los excesos ilegales cometidos por la familia Salinas, y en especial las del “administrador” del grupo: Raúl Salinas de Gortari, que paulatinamente iban surgiendo a la luz pública en el primer trienio del presidente Ernesto Zedillo. Semanalmente, se conocía a través de los medios de comunicación alguna nueva tropelía de los Salinas y su grupo, aumentando la indignación general; sin embargo, los culpables y los beneficiados por todo este proceso de descomposición (con excepción de Raúl Salinas preso por ser presunto asesino intelectual) aún exhibidos, parecían completamente a salvo. La impunidad era completa, pues los personajes cuyos nombres aparecían en la prensa diaria vinculados a los negocios de la familia Salinas seguían presentándose en público en forma ostentosa, viajando en automóviles blindados, resguardados por imponentes guaruras, trasladándose en aviones privados a Estados Unidos o Europa y gozando de sus mansiones veraniegas en las costas de México o en lugares de moda turísticos en el extranjero, así como de sus “pisitos” en Nueva York, Miami, Madrid, Londres o París, adquiridos con dinero de los contribuyentes mexicanos. Carlos Salinas de Gortari, vivía espléndidamente en Dublín, Irlanda, en donde recibía con frecuencia la visita de políticos y empresarios mexicanos, y de donde se trasladaba con toda tranquilidad a Estados Unidos a supervisar sus negocios y estados bancarios e ir a las sesiones del Consejo Directivo de AP Dow Jones, del que formaba parte.
Toda esta impunidad se debía fundamentalmente a que en México la tarea de fiscalización era prácticamente nula, hecho que le permitía al presidente en turno decidir él solo como manejar, crear, disolver, adquirir o privatizar las empresas públicas y utilizar el presupuesto gubernamental sin rendir cuentas a nadie. De la Madrid, quien no fue ningún ejecutivo nacional ejemplar durante su administración, externó públicamente años después estar arrepentido de haber dejado como sucesor a un hombre tan deshonesto, que se había robado hasta la partida secreta que el presidente en funciones maneja a su albedrío, pudiendo disponer parcial o totalmente de ella a su criterio. La respuesta de Salinas fue que su exjefe ya chocheaba, creyendo seguramente, que esa infantil explicación lo exoneraba de culpas ante la población.
Uno de los puntos más importantes del sexenio zedillista lo fue –desde el punto de vista político– el interés por establecer relaciones nuevas con la oposición, sin romper con el Partido Acción Nacional, Zedillo quería constituir un pacto nuevo con el Partido de la Revolución Democrática –cuyos dirigentes estaban muy resentidos por el golpeteo al que los sometiera Salinas– pues al parecer estaba convencido de que no era posible gobernar segregando a una porción importante del escenario político nacional. Así mismo, parecía que el presidente y su gente de confianza deseaban mandar un mensaje claro en el sentido de que, ahora sí, habría una reforma política real, la cual nunca había sido tomada en cuenta por su antecesor.
Para empezar, el 17 de enero de 1995, el secretario de Gobernación: Esteban Moctezuma, anunció la firma de un Acuerdo Político Nacional, signado por los representantes de las organizaciones políticas del país con representación parlamentaria: PAN, PRI, PRD y PT, en el que se instituía en primer lugar la necesidad de lograr cuanto antes la conclusión de una reforma electoral definitiva en el ámbito federal, que también sirviera de referencia para los estados de la República. Los periodistas de la época llamaron a este acuerdo “el Pacto de Los Pinos”, en un intento de hacer una analogía con el célebre “Pacto de la Moncloa”, suscrito por las fuerzas políticas de España en el año de 1978, que permitió una exitosa transición a la democracia después de la muerte del general Francisco Franco.
El documento era sencillo y claro, expresaba el compromiso de promover a la brevedad posible el inicio de un diálogo nacional para lograr una reforma política con la participación de todas las fuerzas políticas nacionales. El propósito de la reforma era ambicioso: profundizar las relaciones democráticas entre los tres poderes de la Unión, y entre éstos y los órdenes de gobierno estatal y municipal, así como las relaciones entre las instituciones públicas, los partidos y la sociedad civil. También se comprometía a extender el régimen de certeza electoral a todas las entidades federativas e impulsar la reforma política del Distrito Federal.
Había optimismo general, sin embargo, el tiempo pasaba y la reforma política de Zedillo –dice Ortiz Pinchetti– “parecía un tren que no había podido salir de la estación” … pero ¿cuál era la razón? El gran paso inicial lo era sin duda la reforma electoral; es decir, lograr garantizar por primera vez en la historia de México elecciones libres, claras, confiables y equitativas, pero esto no podía tomarse en serio, ante el fraude electoral que se estaba viviendo en Tabasco, totalmente respaldado –ante las presiones de la Nomenklatura priista– por Zedillo y Moctezuma Barragán, a pesar de que estos personajes se habían comprometido con el PRD para resolver el conflicto electoral en forma totalmente imparcial y de acuerdo con las pruebas presentadas por este organismo político al gobierno federal, las cuales fueron devastadoras para Madrazo, el candidato del PRI, a quien se le comprobó un gasto de más de 50 millones de dólares en su campaña, cifra que rebasaba monstruosamente el tope de la misma. El PAN, tampoco creyó en las buenas intenciones de esta reforma, ante las marrullerías con que se manejaron las elecciones de los consejeros ciudadanos delegacionales del D.F., y después la forma tan inequitativa en la cual se llevaron a cabo las elecciones para gobernador en Yucatán, proceso electoral en el que este partido afirmaba haber sido robado. Los resultados oficiales daban el 45 por ciento de los votos al dino Cervera Pacheco –candidato del PRI– contra el 44 por ciento del candidato panista.
Este choque permanente del joven secretario de Gobernación con los miembros de la cúpula priista, obligaron a Zedillo a removerlo del cargo, el 28 de junio de 1995, día coincidente con la famosa matanza de Aguas Blancas en el Estado de Guerrero, situación que le costó el puesto al ejecutivo estatal. En lugar de Moctezuma Barragán, quedó el mexiquense Emilio Chuayffet, quien tenía dos años gobernando el Estado de México cuando fue llamado para hacerse cargo de la política interna del país, y finalmente fue Emilio el operador de la reforma de Zedillo, misma que en ese momento –cuando la Secretaría de Gobernación estaba ya en manos de un priista de cepa– se decidió que se efectuara sin prisa alguna, pues en el PRI y en la Secretaría de Gobernación pensaron que con una reforma apresurada se daba pie a que ante una exigencia de los partidos de oposición para que se realizaran reformas profundas y la recomposición a fondo de las instituciones, no habría mucho tiempo para rebatir con argumentos adecuados que impidieran que el PRI perdiera espacios; por ello, había que retardar los procesos. Poco tiempo después, a Chuayffet le tocó cambiar al gobernador guerrerense por la barbarie ocurrida en esa entidad suriana.
Emilio Chuayffet era miembro del grupo Atlacomulco, encabezado en ese tiempo por Carlos Hank González. Este grupo era el más opuesto a una reforma política completa o radical, porque les quitaría privilegios; por ello el nombramiento de Emilio se vio como un gesto de reconciliación del presidente Zedillo con los caciques del PRI, hecho que lo hizo ver aún más como un presidente endeble, que requería del apoyo de las fuerzas más tenebrosas del partido oficial para gobernar el país. Al parecer, Zedillo se vio obligado a negociar con ellos, y a comprometerse a respetar sus intereses. Había pues ya, una lucha franca del presidente en turno –quien como ya se mencionó no era miembro del partido hasta su destape– con la Nomenklatura priista, enfrentamiento iniciado desde su nombramiento como sucesor de Salinas, quien se opuso a la candidatura presidencial de Fernando Ortiz Arana, quien era el presidente del Partido Revolucionario Institucional en ese momento y había sido postulado por el grupo Atlacomulco.
Sin embargo, en agosto del mismo año, Zedillo contraataca; María de los Ángeles Moreno, renuncia a la presidencia nacional del PRI y es sustituida por Santiago Oñate Laborde, quien se venía desempeñando como titular de la Secretaría del Trabajo. Oñate, por ser miembro del grupo cordobista, era considerado gente cercana a Zedillo y por su preparación académica y desarrollo profesional gente más progresista que su antecesora en el tema de la reforma política, hecho que daba la impresión de que la “sana distancia” entre el gobierno y el PRI prometida por Zedillo seis meses antes, y que había causado que las relaciones del gobierno con este organismo político se enfriaran notablemente y diera lugar a numerosos enfrentamientos entre ambos, no había sido un compromiso veraz del presidente, y que en realidad éste sólo estaba esperando el momento oportuno para controlar a esta organización política, que a querer o no lo había llevado al poder, mediante su estructura en el país. El nombramiento de Oñate fue interpretado por la opinión pública como la consolidación política de Ernesto Zedillo Ponce de León frente al viejo partido y, sobre todo, como un triunfo contra los personajes y grupos más duros del PRI.
El 1 de septiembre de 1995, Zedillo rinde su primer informe de gobierno. La gente pensante del país, esperaba que el presidente hiciera un planteamiento honesto y verídico sobre cómo pensaba resolver o cuando menos atenuar los problemas económicos del país y su población; deseaba un anuncio espectacular respecto a la reforma política que dejara ver qué había concretado ya, un acuerdo entre las diversas fuerzas políticas del país, sin embargo, Zedillo dio lectura a un documento gris y breve, con una falta de contenido e inspiración política frente a las circunstancias políticas, sociales y económicas de la Nación, que rayaba en lo dramático. Esquivó en su documento todas las cuestiones que cimbraban la conciencia pública: el tema de los asesinatos políticos, la corrupción tan acentuada que ya era muy notoria en ese momento, el empobrecimiento de la población etcétera. El presidente se limitó a esgrimir una serie de tesis de defensa para su política económica, basadas en estadísticas en las que nadie creyó. Al llegar al asunto de la reforma electoral, sólo dijo que daba un plazo de un año a los partidos políticos para que la completaran. En síntesis, el informe del mandatario resultó decepcionante para la población.
A pesar de ello, todo parecía irle bien al presidente desde el punto de vista político, sus relaciones con el partido oficial parecían tranquilas y se percibía una falsa paz que parecía engañar a todos; sin embargo, pronto aparecieron los enfrentamientos con la Nomenklatura priista: durante la XVII Convención Nacional del PRI realizada en 1996, Oñate el presidente del partido, acepta discutir una propuesta preparada por el priismo cupular, y que al ser aprobada por mayoría absoluta, se agrega a los estatutos oficiales del partido y se convierte en un verdadero candado político para muchos miembros del gabinete zedillista, pues dicha propuesta se refería a que el próximo candidato del PRI a la presidencia de la República debería tener entre sus antecedentes el haber desempeñado un cargo de elección popular y de esta manera, se le reducen al ejecutivo en forma drástica las posibilidades de escoger un candidato-sucesor 100 por ciento a su gusto. A los tecnócratas puros y a los políticos “advenedizos” del gabinete se le cerraron las puertas del partido oficial para llegar a la cima del poder político. Con esta limitante, los viejos priistas se quitaron de encima a un número importante de tecnócratas México-estadunidenses, que andaban calientes por suceder a Zedillo, entre los que destacaba Guillermo Ortiz Martínez, por su intimidad con Córdoba Montoya. Esto provocó tal furia y frustración en Memo, que se tomó el atrevimiento de hablarle a Oñate al PRI para pendejearlo repetidamente por haber aceptado la imposición de este candado, que afectaba de hecho a todos “los hombres del presidente”, recordándole a su progenitora a Santiago antes de colgar la bocina, hecho que trascendió en el alto medio político zedillista. Por otro lado, las bases priistas se pronunciaron contra la cesión fast track de la planta petroquímica nacional a empresas trasnacionales ya listas para ello, con la autorización previa del Mr. President, Ernest Zedillou, cayéndose de momento las transacciones que se estaban realizando para ello.
Estos hechos –que podrían considerarse golpes políticos a Zedillo– le cuestan el puesto a Oñate, quien es suplido por Roque Villanueva que se desempeñaba como jefe de la bancada priista en la Cámara de Diputados en sustitución del fallecido José Francisco Ruiz Massieu.
Roque era un político priista de carrera muy recordado por los mexicanos, por su trágica y obscena roqueseñal que hizo jubilosamente en el recinto de la Cámara, por haber logrado que la mayoría de los diputados, –mediante los moches acostumbrados– aceptara subir el 50 por ciento al IVA afectando al pueblo de México, tal como se lo había ordenado su patrón, el ejecutivo nacional. Villanueva, era un político con el viejo estilo priista bien arraigado, que iba a enfrentar al año siguiente las duras elecciones del medio sexenio, que incluían además de las de diputados federales, la gubernatura de Michoacán y de los estados de Nuevo León, Sonora, San Luis Potosí, Campeche, Colima y Querétaro; los diputados locales en Tlaxcala, los presidentes municipales en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, los ayuntamientos y el congreso local en Tamaulipas y los consejeros ciudadanos en las delegaciones en el Distrito Federal.
En noviembre de 1995, se llevaron a cabo las elecciones mencionadas, y se esperaba que el presidente de la República no obstaculizara los triunfos del PRD, como una forma de sellar un nuevo pacto político con este partido y de hecho así fue, pues un atraco hubiese sido muy peligroso para la estabilidad del país; sin embargo, en Michoacán enclave principal del PRD, este partido perdió la gubernatura –a pesar de que hubo elecciones limpias– víctima de sus propias divisiones internas y del profundo sectarismo que nutre a sus corrientes hegemónicas. En este caso fue el enfrentamiento entre Cárdenas el líder moral de ese partido y Muñoz Ledo, el presidente del PRD, que tenían candidatos diferentes; el precandidato de Cárdenas (un tal Robles Garnica) que fue el perdedor en la contienda interna del partido, lanzó una campaña de desprestigio en contra de su oponente electoral, y se pasó al PRI llevándose con él a muchos militantes del PRD, hecho que provocó la derrota del PRD por un mínimo número de votos. Después –como compensación por su traición– formó parte del gabinete del triunfante gobernador priista.

*Ex presidente de Guerrero Cultural Siglo XXI A.C.
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