No tiene la fortuna de Michael Jackson, su casa no es un parque temático, ni su mejor amiga es Elizabeth Taylor. Pero Jean Succar Kuri, el pederasta de Cancún, no anda muy lejos de su colega. Están bajo investigación cuentas bancarias por 20 millones de dólares, su casa es un hotel y sus amigos son más poderosos que la actriz de ojos violeta. Succar Kuri, igual que Michael Jackson, ha sido camaleónico toda su vida. Nació libanés, se convirtió en norteamericano y terminó siendo mexicano. Pero nunca dejó de ser pederasta. Ese ha sido “su vicio”, como afirmó él mismo en el video que grabó una de sus víctimas y que ha sido transmitido por televisión a lo largo de la semana.

Detrás de lo que parecía la simple y deprimente historia de un “viejo vicioso”, que escandalizó y conmovió a la opinión pública en Cancún, la periodista Lydia Cacho ha descubierto una red internacional de pornografía infantil, una estructura de protección política y financiera con la cual se blindó al pederasta y la corrupción e ineptitud a lo largo de los procesos judiciales que lo llevaron a la cárcel y podrían dejarlo libre.

No voy a resumir la detallada y apasionante descripción que hace Cacho en su libro Los Demonios del Edén (Editorial Grijalbo), que ha comenzado a circular la semana pasada. En su carácter de directora de un centro de atención a víctimas de violencia, participó durante largos meses en la asistencia de niños y niñas que habían pasado por las manos y las cámaras de Succar. Ello le permitió documentar meticulosamente las vejaciones de las que fueron objeto y la manera en que ello destruyó sus vidas. Si bien la recuperación que hace la autora de estas traumáticas experiencias es conmovedora, el libro es valioso por la investigación de las redes de poder que están detrás y la incapacidad de la justicia para atacarlas.

La investigación de Lydia Cacho abre muchas vetas, aunque en este espacio quisiera simplemente abordar dos de ellas. Por un lado, la industria del lavado de dinero procedente de la corrupción política. Detrás de las grandes fortunas de gobernadores, ministros y senadores se encuentran hombres de “negocio” que como Succar se hacen imprescindibles. Son los que reciben las concesiones, abren cuentas, forman empresas, gozan de la confianza y hacen tráfico de influencias. Hace mucho que los políticos verdaderamente millonarios dejaron de utilizar a primos y cuñados. Lavar dinero es asunto de profesionales. Personajes como Succar Kuri se convierten en agentes de enorme utilidad, que los políticos se recomiendan entre sí y a los que protegen y valoran. A lo largo de unos cuantos años Surcar se hizo de terrenos, hoteles y locales en el aeropuerto. Vivía entre Los Ángeles y Cancún, con nacionalidad, residencia y negocios en ambas, y transportaba maletas con dinero, según testimonio de las niñas victimadas. Políticos importantes lo convirtieron en su amigo y él utilizaba sus nombres y su protección para prosperar los negocios. No necesariamente significa que esos padrinos formaran parte de su red de pornografía infantil o compartieran “su vicio”. No hay relación que los vincule con delitos de pederastia. Pero bajo su protección Succar comenzó a realizar videos y a colocarlos en Internet en California, en las redes de pornografía. Lydia Cacho ha encontrado la punta de una madeja que pocas veces se había documentado. La cara oculta de la corrupción política es la industria de los prestanombres y el lavado de los dineros “públicos”.

La otra reflexión tiene que ver con los riesgos y las responsabilidades del oficio de periodista. El caso Succar revela la incapacidad de la justicia local y federal para emprender acciones en contra de hombres de poder. De no haber sido por la indignación de la opinión pública, provocada por el trabajo de unos cuantos periodistas y ONGs, el detenido estaría libre. El libro pone al descubierto la ineptitud y/o corrupción que permitió escapar a Succar y las dificultades actuales para documentar el expediente de extradición. En este momento la mayor parte de las víctimas se están desistiendo de sus acusaciones gracias al trabajo ($) de los abogados del pederasta con las niñas y sus familias, y las chapuzas de ministerios públicos han invalidado buena parte de las pruebas (entre ellas, el video exhibido en el que Succar se incrimina). Los hombres de poder que apoyan al libanés no desean un juicio en México, ni su extradición, y se nota.

Es preocupante la manera en que la denuncia periodística está llenado el hueco en materia de fiscalización que deja la ineptitud del Estado. Nos estamos acostumbrando a que sean los escándalos periodísticos los que obligan a la justicia a intervenir, aunque mal y tarde. Peor aún, es alarmante la manera en que se desmoronan los expedientes y se vulnera la investigación. Es muy alta la probabilidad de que Succar salga libre y que periodistas como Lydia Cacho queden indefensos ante la furia y el agravio de estos poderosos. Hace unos meses el FBI interceptó un mensaje de Succar a un “policía” de Canún en el que se mencionaba una serie de personas que había que desaparecer. El primer nombre era el de Edith, la víctima que lo grabó sin él darse cuenta: pero Edith ya retiró la denuncia. El segundo nombre en la lista es el de Lydia Cacho. La historia del pederasta y la periodista está lejos de haber concluido.

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