El 8 de septiembre de 2020, el Ejecutivo Federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregaron a la Cámara de Diputados el Paquete Económico del 2021. Los legisladores lo analizarán, discutirán y dictaminarán. El próximo 15 de noviembre es la fecha límite para que la Cámara de Diputados apruebe el Presupuesto de Egresos del próximo año fiscal (PEF/21).
El Proyecto del PEF/2021, propuesto por el Ejecutivo Federal y la SHCP, contempla un presupuesto nacional por $6.295.736.200 (Seis billones, doscientos noventa y cinco mil setecientos treinta y seis millones, doscientos mil pesos), de los cuales, $111.319.542.855 (ciento once mil trescientos diecinueve millones quinientos cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y cinco pesos) corresponden a las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas. Para las “Entidades no Sectorizadas”, que es la partida presupuestal para el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), le asignan recursos financieros por $3.633.000.009 (tres mil seiscientos treinta y tres millones nueve pesos).
Las gráfica 1 ilustra la distribución del presupuesto transversal para el próximo año fiscal.
Más allá de discusiones ideológicas o bizantinas, la gráfica revela que la Secretaría de Bienestar concentra el porcentaje mayor del presupuesto transversal indígena por cerca de 60 mil millones de pesos; es la Secretaría con mayor poder económico y ejecuta los principales programas del gobierno federal en materia de política social indígena.
En relación con el presupuesto nacional, la siguiente gráfica indica un presupuesto transversal indígena del 1.7 por ciento, y el presupuesto para el INPI es del 0.05 por ciento. Cifras nada halagadoras para el próximo año fiscal. Son ínfimas las posibilidades para que la Cámara de Diputados haga un incremento presupuestal para el INPI. Ojalá los legisladosres hagan un esfuerzo extraordinario para aumentar mayores recursos financieros para los pueblos indígenas (gráfica 2).
Del análisis del cuadro y las gráficas anteriores, se desprenden las siguientes conclusiones.
Primero: De 2015 a 2020, el presupuesto a la CDI/INPI ha venido hacia una regresión dramática con recortes presupuestales del 50 y hasta el 60 por ciento.
Segundo: En el último año fiscal de Enrique Peña Nieto, el presupuesto transversal representó el 1.49 por ciento; para la CDI fue de 0.11 por ciento. El proyecto del PEF/2021, el presupuesto transversal indígena representa el 1.7 por ciento y el sectorial para el INPI, el 0.05 por ciento. Los porcentajes decrecen alarmantemente.
Tercero: Hasta hoy, los pueblos indígenas no son beneficiarios del presupuesto transversal indígena. Del 2002 al 2020 no ha existido ningún mecanismo para evaluar ni auditar la aplicación de dichos recursos.
Cuarto: A pesar de que en la exposición de motivos del PEF/21, considera la participación de los pueblos indígenas en la aplicación del presupuesto transversal indígena, hasta hoy dichos pueblos están excluidos en la toma de decisiones.
Pagar la deuda histórica a los pueblos indígenas y afromexicanos implica una justa distribución de los recursos financieros del país. Desde marzo pasado no hay una sola región indígena de México no haya sido afectada por el coronavirus. El año 2021 requiere un diseño presupuestal que ponga como centro el grave problema de la post pandemia y los mecanismos de apoyo que deben instrumentarse para fortalecer la economía y el desarrollo de los pueblos indígenas.
México demanda un proyecto presupuestal que no abandone a sus pueblos indígenas en esta situación de emergencia nacional. Esperamos un PEF/2021 que aliente el optimismo con cifras alentadoras y no números regresivos que hundan la esperanza de nuestros pueblos.