La polémica que está generando la respuesta del gobierno salvadoreño para resolver la descomposición social que agobia al país centroamericano por la presencia y actuación de las pandillas, las llamadas “maras”, como uno de sus actores preponderantes, puede servirnos de lección para México. Las pandillas surgieron a partir de la migración de salvadoreños a Estados Unidos, sobre todo a Los Angeles, a partir de los estragos de la guerra civil que duró desde 1979 hasta 1992, cuando se firmaron los acuerdos de paz en la Ciudad de México. Se calcula que dicha guerra civil dejó al menos 75 mil muertos y 15 mil desaparecidos, como la parte más visible de la tragedia en esa pequeña nación centroamericana. Pero también dejó secuelas económicas y políticas dolorosas. Las guerras suelen dejar también divisiones latentes, rabias, odios, miedos y frustraciones. Y esta parte no fue atendida.
Los gobiernos salvadoreños pusieron su atención en la parte política y económica pero no atendieron las secuelas que quedaron en los pensamientos y en los sentimientos, en las relaciones comunitarias y sociales de las personas y de las familias. Las actitudes y las conductas actuales de la población, sobre todo aquélla que está involucrada en las pandillas, han estado condicionadas por las violencias desarrolladas a lo largo de la guerra civil, que se han mantenido latentes hasta ahora. Y justo ahora, que el problema es inmenso, se está buscando resolver con medidas policiacas y de seguridad pública.
Al parecer, el presidente Nayib Bukele ha tenido un éxito a corto plazo con su guerra contra las pandillas, mediante las medidas de penalización de quienes han participado en ellas, bajando drásticamente los índices de inseguridad en el país, pero a un muy alto costo. Es previsible que, con estas medidas, tarde o temprano se compliquen las cosas, debido a un diagnóstico distorsionado e insuficiente y a una respuesta rígida y unilateral que no atiende los derechos humanos. El problema de las pandillas es complejo, como complejo es el problema del narcotráfico y del crimen organizado en México. Y la parte policiaca es una de las que han de atenderse, eso es muy evidente e indiscutible. Pero los demás aspectos del problema siguen relegados y sin atenderse. Y ahora me quiero referir a la salud mental.
Creo que un enfoque para el abordaje de las violencias tiene una perspectiva de mayor alcance cuando se adopta el enfoque de salud pública. Si estamos ante un país enfermo, se requiere de un diagnóstico preciso para determinar el tratamiento político y social que hay que desarrollar. El enfoque de salud pública implica un diagnóstico interdisciplinario, un reconocimiento de que se trata de una situación compleja y multifactorial, a la vez que se propone una estrategia multidimensional. También implica la importancia que se da a la prevención de las violencias para disminuir los factores de riesgo en las personas, en las comunidades y en el entorno social.
En nuestro contexto, hay un factor de riesgo que cada día aumenta. Ese factor que no se atendió en El Salvador a partir de la guerra civil, relacionado con la salud mental, que cada día se complica y va generando fracturas, desencuentros y desconexiones por todas partes. Las pandillas salvadoreñas son una muestra de ello. Para conseguir la paz necesitamos condiciones saludables en las personas, en las familias y en las comunidades. Y esas condiciones se han estado deteriorando crecientemente. Los odios, las polarizaciones, las fobias, los prejuicios, las frustraciones y las rabias acumuladas han estado haciendo mucho daño al tejido social. Si la pandemia nos ha dejado una secuela complicada en el ámbito de la salud mental, desde hace dos décadas, las violencias que han dejado muchos miles de asesinados, desaparecidos, extorsionados y desplazados, ya han acumulado tantas desconfianzas y miedos. A toda esta parte no se ha puesto la atención que necesita, porque se trata ya de patologías mentales masivas que distorsionan las conductas y dificultan las relaciones en las familias y en las comunidades.
Las personas son los sujetos, tanto de la violencia como de la construcción de la paz. Y si están en condiciones saludables podrán abonar en el sentido de la paz, pero cuando padecen patologías mentales tienen la cabeza llena de arañas y no logran relaciones constructivas ni en las familias ni en sus entornos. Quienes han sido víctimas de acciones violentas, están en el grave riesgo de volverse victimarios, pues quien vive herido tiende a herir a los demás.
El sistema de salud no ha tenido la capacidad para abordar esta necesidad que es muy amplia, con programas que estén al alcance de la población. Y tal parece que ni lo contempla a futuro. La salud mental constituye un gran desafío que puede abordarse con el enfoque de salud pública en el cual se comparten responsabilidades entre todos los actores políticos y sociales. Las escuelas y las universidades tienen recursos para coadyuvar en este sentido, otras instituciones como las empresas, las organizaciones sociales y las iglesias también los tienen.
No podemos atenernos a la mera seguridad pública como lo está haciendo el gobierno salvadoreño ni como se imaginan otros actores políticos de nuestro país que apuestan por su propio protagonismo que implica un implícito desprecio por la colaboración de la sociedad civil. Atender la salud mental es una condición necesaria para que la población se haga protagonista en la construcción de la paz. En la medida en que se atienda, de una manera estructural, se facilitará el camino hacia la paz, pues la salud mental respalda la reconstrucción del tejido social, que es fundamental para la paz.