Las reflexiones de la antropóloga feminista Rita Segato, en torno a la tragedia de Gaza, nos colocan en una era de barbarie global que denomina D.G. (después de Gaza) porque “prevalece la ley del poder de la muerte. El mundo cierra los ojos ante el asesinato de cientos de personas. El Estado de derecho ya no existe en el mundo y ha sido sustituido por un régimen de muerte. La humanidad perdió la ficción jurídica que solía regir la convivencia global (que ya no existe). La única regla (que hay en el mundo) es la capacidad de matar”.
La permisividad que existe para matar en México nos ha colocado contra el paredón. Todos somos rehenes de quienes se sienten con poder para matar. Los que delinquen saben que las instituciones de justicia del Estado no funcionan y solo están para cubrir las formalidades jurídicas. Es lo que Rita llama ficción jurídica, porque lo que impera es la simulación y la impunidad, máxime cuando predomina al interior de las instituciones la corrupción. El Estado de derecho es letra muerta para la gente que busca justicia, porque tiene que suplantar al órgano investigador para dar con los responsables de los crímenes. Sacrifican su seguridad y su tiempo para hacer las búsquedas de sus familiares desaparecidos y tienen que dejar su trabajo y su familia para aportar pruebas, datos y testimonios que impulsen las investigaciones. A pesar de toda esta labor titánica las autoridades no logran la judicialización de los responsables. Los proyectos de vida se truncan ante la inoperancia del sistema de justicia estatal.
En los hechos predomina la violencia, la inseguridad, la extorsión, los secuestros, los asaltos, las desapariciones, los homicidios, los feminicidios, los desplazamientos forzados. La violencia tiene un costo muy alto para un estado precarizado y con instituciones frágiles y porosas. La gente pobre es la que más afectaciones padece por este mal endémico que está arraigado en todos los rincones de nuestro estado. La ausencia de las instituciones de justicia es atroz y la indolencia de las autoridades está marcada por el trato deshumanizante que lástima la dignidad de las víctimas.
La noche del 11 de diciembre, en la festividad de la Virgen de Guadalupe, las autoridades comunitarias de San Juan Bautista Coapala ordenaron la detención de un ciudadano que molestaba a la gente que bailaba en la cancha municipal. Por la madrugada lo soltaron, nadie imaginó que iría en busca de las autoridades que lo detuvieron. Al llegar a uno de los domicilios sacó su arma y sin que le importara de quién se tratara disparó en varias ocasiones contra dos mujeres que se encontraban en el lugar. Las dos perdieron la vida y como siempre el malhechor huyó. La fiesta de la Guadalupana se tornó trágica y en lugar de recibir a los jóvenes de la carrera Guadalupana, la gente se fue al panteón para excavar dos fosas y enterrar a las dos madres de familia asesinadas. El sufrimiento se prolongó varias horas por la demora del Ministerio Público. Por más que la gente se comunicó en el momento de la tragedia los funcionarios de la Fiscalía no actuaron con presteza. Argumentaron que las autoridades de la comunidad no les habían comunicado. El calvario de las muertes continuará porque los cuerpos fueron trasladados a Chilpancingo para la necropsia de ley y de regreso a su comunidad los familiares tendrán que sufragar los gastos del traslado de los cuerpos. Son los sufrimientos que se acumulan a experiencias de vida sumamente difíciles de soportar.
En la comunidad me’phaa de Portezuelo de Santa Cruz, municipio de Malinaltepec se realizó este sábado una asamblea para elegir a las nuevas autoridades. En la asamblea hubo reclamos y jaloneos entre los comuneros por las disputas internas que existen en la comunidad. A pesar de las tensiones que se dieron lograron elegir al nuevo comisario con sus auxiliares. A las 7 de la noche concluyó la asamblea y la gente se retiró a sus casas. A esa hora el comisario suplente Ramiro Sánchez Cortés le marcó a su esposa para avisarle que enseguida llegaría a su casa, sin embargo, su esposa se quedó esperando porque Ramiro no llegó. Después de una hora de esperarlo avisó a la comisión que vigila la comunidad. De inmediato hicieron un recorrido para ver si lo ubicaban, pero todo fue en vano.
Sus familiares salieron temprano para buscarlo en los caminos y en los terrenos cercanos a la comunidad. Dieron parte a las autoridades municipales y lograron que un grupo de policías con el apoyo de la Guardia Nacional realizaran una búsqueda minuciosa dentro de la comunidad. Como a las 2 de la tarde encontraron su cuerpo sin vida a 200 metros de su casa. Las autoridades ministeriales llegaron para hacer el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a una funeraria de Tlapa habilitada como Semefo. La comunidad además de atemorizada está desconcertada por el crimen de una autoridad saliente que se comete después de elegir a las nuevas autoridades. Solo esperan que la Fiscalía realice su trabajo y pueda dar con los responsables de este crimen artero. Ramiro fue hermano de Isabel quien fue víctima de feminicidio por parte de su pareja en marzo de 2017. Luchó para que se detuviera al feminicida y asumió con otros hermanos la crianza de los 8 hijos que dejó Isabel.
El poder de la muerte lo ejerce cualquier persona que se siente capaz de matar. Lo hacen sin miramientos, en cualquier lugar y a cualquier hora. Actúan con total impunidad porque siembran el miedo con sus armas y amenazan con destruir la vida de más personas si alguien se atreve a denunciarlos. La gente espera que el Estado actúe, que haga valer la ley, que castigue a los responsables e imponga un castigo ejemplar, pero nada de eso sucede. Por eso la gente se resigna a padecer la violencia, a pedir a los santos protección y que la libre del maligno enemigo. La percepción que tiene la población es que las autoridades no hacen su trabajo, que tienen otros intereses, que se coluden con quienes también ejercen violencia y tienen capacidad de fuego. Prefieren confabularse para sobrellevar los conflictos y simular acciones de fuerza que son meramente mediáticas porque no van a la raíz del problema.
La situación se torna más grave cuando son los mismos agentes del Estado los que están involucrados en acciones delictivas.
En nuestro estado han acontecido muchos crímenes atroces en los que se ha encubierto a las autoridades responsables de cometer graves violaciones a los derechos humanos. En diciembre del 2011 sucedieron dos hechos de violencia extrema contra defensores ecologistas y contra estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Han pasado 14 años y no hay resultados tangibles que demuestren que se ha dado con el paradero de los responsables y que son castigados como marca la ley.
Eva Alarco?n y Marcial Bautista, coordinadora y presidente de la Organizacio?n de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatla?n y Coyuca de Catala?n, fueron desaparecidos el 7 de diciembre de 2011. De acuerdo con algunos testimonios de pasajeros que iban en el autobu?s que salio? de Petatla?n rumbo a la Ciudad de Me?xico donde viajaban Eva y Marcial, se toparon con un rete?n del Eje?rcito donde un militar subio? a la unidad para preguntar si entre los pasajeros se encontraba Marcial Bautista, ninguna persona respondio? y ante el silencio de los viajeros, el militar bajo? del autobu?s. Los mismos testigos comentan que kilo?metros ma?s adelante cruzando el puente, vieron una camioneta atravesada que impidio? el paso del autobu?s. Al detenerse, vieron que en la orilla de la carretera habi?a otras camionetas entre las que se encontraban civiles fuertemente armados acompan?ados por elementos de la Polici?a Ministerial, entre ellos, el comandante Cesáreo Espinoza Palma. Cuando el autobu?s se detuvo, inmediatamente subieron varias personas armadas quienes ra?pidamente identificaron a Marcial, obliga?ndolo a bajarse del autobu?s. En ese instante Eva Alarco?n, quien iba en uno de los u?ltimos asientos del autobu?s, reacciono? instintivamente para gritar a quienes se llevaban a Marcial que ella lo acompan?ari?a. Su gran valor para no dejar solo a Marcial la impulso? a bajarse del autobu?s para no permitir que el defensor del medio ambiente quedara solo en manos de sus captores, fuertemente apertrechados. Eva prefirio? correr la misma suerte que Marcial porque sabi?a que su lucha era legal y legi?tima y porque no escondi?an intereses turbios ni tampoco realizaban actividades ili?citas. Su identidad como defensores ecologistas era su u?nica carta de presentacio?n, sin embargo, la lucha de los defensores y defensoras en nuestro pai?s no les significa nada a las autoridades, mucho menos a quienes tienen el encargo de velar por la seguridad de la poblacio?n. Hasta la fecha las autoridades no han judicializado a las personas que fueron detenidas, por el contrario, se sabe que liberaron a uno de los acusados.
Nunca imagina?bamos que a 5 di?as del tra?gico suceso de las desapariciones forzadas de Eva y Marcial se consumari?a una tragedia ma?s que cimbrari?a a la opinio?n pu?blica estatal y nacional por la barbarie emprendida por las corporaciones policiacas del estado y la Polici?a Federal, quienes fuera de todo control, utilizaron sus armas de alto poder para privar de la vida a dos normalistas de Ayotzinapa Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, cuando bloqueaban los cuatro carriles de la Autopista del Sol en la parte sur de la ciudad de Chilpancingo, el 12 de diciembre de 2011. Adema?s de estas muertes hubo varios heridos de bala, torturados y decenas de detenidos.
A 14 años de las dos tragedias ningún gobierno ha retomado los casos para atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni lo que ha planteado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es el poder de la muerte que gobierna en Guerrero.