Al conflicto que sostiene con la Iglesia católica por la propuesta de los matrimonios igualitarios, el gobierno de Enrique Peña Nieto sumó otro la semana pasada con los empresarios por la iniciativa de ley anticorrupción. Ambos sectores, que acostumbran entenderse a la perfección con el poder político, están sublevados de una manera que no se recuerda en la historia reciente del país. A lo anterior debe sumarse el movimiento magisterial contra la reforma educativa, que viene de tres años atrás y frente al cual el gobierno federal ha mostrado insensibilidad y cerrazón.
Sin embargo, es previsible que al cabo del actual periodo de fricciones la Iglesia y la cúpula empresarial abandonen su actitud rebelde y regresen al orden anterior, porque ni el clero ni los empresarios se distinguen por promover cambios ni por apoyar a quienes los promueven. Pero entre tanto el doble enfrentamiento es una realidad y, por razones diferentes, encarna una inconformidad no menos importante que la de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación porque refleja, también, una división en las filas del régimen político en el preámbulo de las elecciones presidenciales del 2018.
Importa especialmente el choque entre el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y los empresarios porque se daba por hecho que el sector privado era el más contento con la agenda de reformas desarrollada por el PRI a su regreso al poder, y que seguiría estándolo sin que se avistara un motivo de disgusto. Pero este motivo apareció en la figura de la ley anticorrupción, derivada de la iniciativa conocida como “ley 3 de 3”, que nació en meses recientes en el ámbito empresarial para obligar a los candidatos de todos los partidos a presentar y hacer públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses como una forma de combatir la corrupción.
Convertida en proyecto de reformas legales para imponer esas obligaciones a los funcionarios públicos y legisladores, los tres preceptos encontraron en el Congreso el rechazo del PRI y del PVEM. Es evidente que el primero en oponerse a ese compromiso de transparencia iba a ser Peña Nieto, pues la iniciativa surgió en el contexto del escándalo y los cuestionamientos que el Presidente recibió por la irregular forma en que se hizo (o su esposa, como dijo) de la espaciosa y opulenta “casa blanca” de Lomas de Chapultepec. Después de ese episodio, era y es impensable que Peña Nieto aceptara verse comprometido a dar explicaciones, y es obvio que de Los Pinos salió la orden de boicotear el proyecto para adoptar un sistema nacional anticorrupción.
Los senadores y diputados del PRI y del PVEM hicieron algo más que bloquear la iniciativa: revirtieron su sentido original, liberaron de obligaciones a los funcionarios y se las impusieron a los empresarios y a cualquier ciudadano que entre presupuestalmente en contacto con el gobierno. Se negaron, pues, a que se hagan públicas las declaraciones patrimoniales, de impuestos y de intereses de los funcionarios. Fue una venganza contra los empresarios.
En el siguiente acto, los empresarios, encabezados por el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), protagonizaron el día 16 una protesta inimaginable en el Ángel de la Independencia para manifestar su condena al contenido aprobado por los senadores. “No más corruptos impunes en nuestro país. Hoy México es muy diferente al de hace décadas. Nuestro país es más democrático. La sociedad cada vez juega un papel más activo”, dijo ahí Gustavo de Hoyos, presidente del organismo, frente a 300 representantes de los patrones de todo el país.
En un hecho inédito y casi sin disimulo, el dirigente empresarial llamó corrupto al gobierno de Peña Nieto y agitó banderas reservadas a los partidos de oposición, sobre todo de la oposición de izquierda. En ese discurso pronunciado por el líder de la Coparmex en el monumento de Paseo de la Reforma, está contenida la inconformidad contra el presidente y contra el PRI. Al enojo del presidente por la audacia de los empresarios de pretender fiscalizar y amarrarle las manos al gobierno, los empresarios respondieron con su propio enojo. Es una división entre viejos y muy conocidos aliados, cuyos efectos en las próximas elecciones presidenciales todavía se desconocen. La Iglesia ha dicho que el PRI perdió en los recientes comicios locales por la iniciativa de Peña Nieto para conceder legalidad a los matrimonios entre homosexuales, lo que considera una traición, hipótesis indemostrable pero que recoge el resentimiento del clero. Los empresarios también se sienten traicionados.
Lo más importante de todo esto es la constatación de que el enojo que el presidente Peña Nieto arrastra desde la irrupción del escándalo de la “casa blanca” no parece terminar y lo hace tomar decisiones impulsivas que sólo acarrean más problemas, a él y al país. Los muertos ocurridos ayer en los enfrentamientos entre la Policía Federal y la sección 22 de la CNTE de Oaxaca son una consecuencia de la intolerancia que se apoderó del gobierno federal como reflejo del estado de ánimo presidencial. Pero es peligroso para la estabilidad política y el orden institucional y democrático que las ya cercanas elecciones presidenciales se realicen con un presidente enojado, cuyas emociones e intereses no pueden ser puestos en el centro del interés gubernamental.

Se va Basave de la presidencia del PRD

El presidente nacional del PRD, Agustín Basave, renunció a ese cargo apenas ocho meses después de haber sido designado. Si, como declaró, al PRD le fue bien en las elecciones del 5 de junio, no habría motivos para su renuncia. Explicó que la ingobernabilidad interna y la cultura política del PRD obstaculizaron su gestión, y sostuvo que en su decisión nada tuvieron que ver los resultados electorales. Seguramente todo eso contó para su renuncia, pero el principal factor parece haber sido el peso aplastante que ejerció sobre él la corriente Nueva Izquierda, cuyo dirigente superior, Jesús Ortega, le hizo sentir el viernes quiénes son los verdaderos dueños del partido al adelantarse al propio Basave en el anuncio de su renuncia. Pero ya se sabía que el PRD es ingobernable y que se encuentra secuestrado por Nueva Izquierda, a la cual debe acreditarse la agonía de ese partido.

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