El robo de gasolina ha sido tan buen negocio para el crimen organizado que hay quienes afirman que representa una ganancia mayor que la venta de drogas.
Uno de los beneficios que tiene es que el costo de operación es mucho menor que el de las drogas ilícitas. La cocaína, por ejemplo, tienen que traerla a México desde Sudamérica y librar los operativos antidrogas de varios países; la mariguana y la amapola son sembradas principalmente en las sierras de Guerrero y Madre Occidental (Sinaloa, Chihuahua y Durango), con el tiempo de producción y costos que esto conlleva. Después hay que introducirlas al mercado interno o llevarlas a Estados Unidos.
Pero el combustible robado, el huachicol, no tiene ese costo de producción ni de movilización porque es el gobierno el encargado de traerlo a México desde el extranjero y, en menor medida, de producirlo en sus refinerías: de 800 mil barriles diarios que se requieren en el país, 600 mil son importados y 200 mil son producción nacional.
Lo único que tiene que hacer el crimen organizado, y esto incluye a los cárteles de la droga como el de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, el del Golfo –entre tantas otras células delictivas–, es activar las redes de corrupción dentro de Pemex y del sindicato petrolero que controla Carlos Romero Deschamps –quien, por cierto, acaba de solicitar un amparo para no ser detenido.
La red de corrupción y crimen organizado es muy grande, y suma a empresarios gasolineros que inyectan huachicol a sus estaciones de combustible para engordar sus ganancias, y también a particulares que lo utilizan para abaratar costos de operación en obras o transporte, como el propio gobierno federal ha informado.
Hay narcotraficantes, incluso, que tienen su propia red de concesiones de gasolineras, como lo ha dejado claro el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Un conductor de Uber me contó que usaba la gasolina robada porque de otra manera no era negocio; otra persona me comentó que compraba huachicol para uso diario porque simplemente le convenía; me dijo que el sistema se había sofisticado y naturalizado tanto que hasta la llevaban a domicilio.
El costo para Pemex y a los mexicanos es altísimo: 60 mil millones de pesos al año. Pero el efecto que tendría acabar con el robo a la nación tiene que verse de forma multifactorial: 1) El Estado dejaría de perder poco menos de 60 mil millones de pesos anuales. 2) Ese dinero se podría utilizar en programas sociales, de inversión a Pemex o de infraestructura que mejore la competitividad y la inversión. 3) Los criminales dejarían de recibir dinero y con ello disminuiría su capacidad de acción, su margen de ganancia y, probablemente, su red de monitoreo a través de los llamados halcones, puntos o puntero. 4) Los empresarios gasolineros que no compran huachicol mejorarían sus ventas.
En tres semanas de operativo el gobierno federal ha ahorrado 3 mil millones de pesos, dinero que no se fue a la delincuencia organizada, a sus armas de nivel militar, a sus miles de pistoleros a sueldo, a su narcopolítica, a sus profesionales del lavado de dinero y a su poder corruptor.
Quitarle dinero del huachicol al crimen organizado en toda su estructura y ramificaciones no sólo es una estrategia anticorrupción como la ha presentado el presidente Andrés Manuel López Obrador, es también una estrategia de seguridad y debilitamiento de los sistemas de financiamiento de los cárteles y crimen organizado.
Después de más de una década de guerra contra el narco en México sabemos que a los cárteles no se les puede atacar solamente con armas y rondines policiales o militares, sino que hay que golpear sus sistemas de financiamiento para reducir sus capacidades de operación. El huachicol se convirtió, con especial acento en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en un sistema de financiamiento y fortalecimiento de las estructuras criminales. Fue, literalmente, su combustible.
Positivo, pero insuficiente, es que el gobierno mexicano haya detenido a cinco personas por huachicol y congelado algunas cuentas bancarias.
Es verdad que no parece ser la estrategia mejor planeada, ha habido desabasto en varios estados de la República, pérdidas económicas severas y malestar social.
Aunque todavía no podemos saber si es una estrategia correcta o un fracaso, si esto resulta temporal y se logra desmembrar la red de corrupción que permite la venta ilegal de combustible, el gobierno habrá dado un paso importante en el combate al crimen organizado desde el flujo que más le duele: el dinero.
Si el gobierno no logra resolver rápido el desabasto y controlar los sabotajes a los ductos, López Obrador tendrá la primera abolladura de su gobierno, y la sociedad se lo cobrará en las encuestas de popularidad y en la próxima elección.