El colectivo Plataforma Contra la Impunidad y la Corrupción, formado por organizaciones de derechos humanos, académicos, periodistas y personas interesadas en acabar con la corrupción y la impunidad estructural en México, está preparando una iniciativa denominada “Romper el Silencio. Hacia un Proceso de Verdad y Memoria en México”, para ser propuesta al nuevo gobierno federal, la cual se concretaría en la creación de una Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica (CVMH), con el objetivo de esclarecer las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en el marco de la así llamada guerra contra el narcotráfico, desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 30 de noviembre de 2018, comprendiendo los periodos de gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.
Dicha CVMH tendría que ser creada por mandato legislativo a propuesta del Poder Ejecutivo, previa consulta con las víctimas y los colectivos que las representan y acompañan, como organismo autónomo, apoyado y financiado con recursos públicos y con el apoyo técnico de organismos internacionales de derechos humanos. Su primera tarea sería visibilizar a las víctimas y sus derechos, identificar a los perpetradores de delitos y de graves violaciones de los derechos humanos, tales como instituciones estatales y organizaciones criminales, y dar cuenta de los métodos y causas de la violencia.
La CVMH sería un organismo autónomo frente al Estado, que sería encabezada por doce comisionados y operaría con una serie de equipos de investigadores, personal de apoyo logístico, administrativo y de comunicación social. El caso de la Comisión de la Verdad de Perú requirió alrededor de 500 empleados de tiempo completo, para tener una idea. Se calcula que la CVMH haría su trabajo en un arco de tres años en sus fases de preparación, operación, conclusión e implementación. Y contaría con una estructura descentralizada en las diversas regiones del país.
Esta iniciativa quiere detonar un proceso de justicia transicional que tendría como punto de partida la verdad de los hechos de cada caso y del conjunto de casos de violación de los derechos humanos habidos a lo largo de estos doce años. Los procesos de justicia transicional son un “ecosistema” de mecanismos extraordinarios que inician, precisamente, con los procesos de búsqueda de la verdad, de manera que ésta sirva de base para la justicia penal, la reparación de los daños y la reforma de las instituciones para garantizar la no repetición.
“Sin verdad, es difícil pensar en justicia –señala el colectivo Plataforma Contra la Impunidad y la Corrupción en la presentación de esta iniciativa–. En ausencia de verdad, los procesos judiciales son limitados, eluden fincar cargos por crímenes de lesa humanidad a los perpetradores. Además, se enfocan primordialmente en los perpetradores, dejando a las víctimas en un plano secundario. Sin verdad y sin contar con un conocimiento profundo de la magnitud y las causas de la violencia y las violaciones de derechos humanos, las reformas institucionales para garantizar la no repetición suelen ser limitadas. Sin verdad, la reparación integral del daño será ineficaz si no se conoce la verdadera dimensión del daño material, psicológico y social de la violencia. Y sin verdad, la reconciliación puede ser una quimera porque no se conoce a quién se perdona y por qué”.
Esta propuesta puede, muy bien, vincularse con la intención del nuevo gobierno de buscar la reconciliación nacional y de un cambio sustancial de la estrategia de seguridad en la que la contribución de la sociedad –y no de las fuerzas armadas ni de las policías– tendrá prioridad para la pacificación del país. Es de esperarse un amplio debate nacional al respecto en el que las víctimas del delito y de violaciones de los derechos humanos estén en el primer lugar para que pronuncien su verdad, que es la más real de todas las verdades. En este contexto cabría la discusión acerca de la posibilidad de la polémica amnistía, que deberá tener muy precisos acotamientos.
El proceso de justicia transicional que se detonaría a partir de la búsqueda de la verdad, deberá contar con una amplia participación de la sociedad. Abriría una verdadera oportunidad para una dinámica de diálogo entre gobierno y sociedad, de manera que, mirando a lo lejos, podamos ir sanando a este país herido e ir ensayando caminos de talente democrático y mejorando las condiciones para el desarrollo integral y sustentable. La pacificación y la reconciliación del país son la mejor contribución para el desarrollo y la democracia.
Hay que mirar en el horizonte una necesaria reconciliación nacional para conseguir una paz sustentable. El Estado y sus instituciones necesitan reconciliarse con la sociedad, los gobiernos deben reconciliarse con los ciudadanos y los victimarios con las víctimas. Y en el seno de las comunidades tienen que sanarse tantas heridas que han roto la convivencia y el tejido comunitario. Y para que esto suceda, se requiere comenzar con el reconocimiento de la verdad. La verdad de cada caso de victimización, la verdad de violencia en cada localidad y en cada región, la verdad de lo que ha permitido en el país tanta barbarie, la verdad de las causas estructurales e institucionales de la crisis humanitaria que estamos padeciendo. Y esta verdad va a abrirse paso mediante la escucha a las víctimas, mediante el diálogo social, mediante la visibilización de las víctimas y la identificación de los victimarios y mediante el señalamiento de los métodos y las causas estructurales de la violencia.
Guerrero, uno de los enclaves más violentos que hay en el país tendría una gran oportunidad para dar pasos efectivos hacia la paz, pues lo que hemos tenido hasta ahora con la así llamada guerra contra el narcotráfico ha sido una gran simulación. Una iniciativa de este tipo necesitaría de un gran respaldo social para que tenga efectos restauradores y sanadores en la población tan herida por el flagelo de la violencia y para que la paz sea realmente sustentable.
Y a la verdad, tiene que seguir la justicia, no solo punitiva sino también restaurativa. Una justicia que restaure a las personas, a las comunidades y a las instituciones y que ponga las condiciones necesarias para la convivencia, la democracia y el desarrollo integral.