El gobierno federal y estatal no tienen un registro preciso de los conflictos agrarios en la Montaña. En 2018 la Procuraduría Agraria enumeraba 51 en todo el estado, a la fecha refieren 35, lo que contrasta con las cifras del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que tiene documentados 60 conflictos agrarios solo en la Montaña, es cierto, algunos ya han sido parcialmente resueltos, pero casi la totalidad no lo está.
Los conflictos tienen diferentes causas: superposición de planos por malas mediciones de las autoridades agrarias, cuestiones étnicas y religiosas. Se han agravado porque el gobierno ha omitido resolverlos. Su desatención forma parte de ese abandono histórico del campo y el medio rural.
Los conflictos agrarios se convirtieron en tema de debate nacional a raíz de la consternación que causó la matanza de Aguas Frías derivada de un conflicto agrario entre Santiago Xochiltepec y Santo Domingo Teojomulco, Oaxaca, en el año 2002 que dejó 26 campesinos asesinados. En este contexto el gobierno de Fox estableció algunos mecanismos institucionales de resolución de conflictos agrarios, tales como el programa de focos amarillos o de atención a conflictos Sociales en el medio rural (Cosomer). Con sus limitaciones, coadyuvaron a desactivar varios conflictos agrarios tales como el de Zapotitlán vs Acatepec, Tilapa vs Arroyo San Pedro, Alacatlatzala vs Coatzoquitengo y otros.
La actual administración tiene el Programa de Atención a conflictos agrarios, sin embargo, adolece de un mecanismo de coordinación interinstitucional que permita dar una respuesta rápida y efectiva ante los conflictos agrarios.
La confrontación entre los pueblos de Cuyuxtláhuac y Cruz Fandango ocurrida el 21 del mes pasado y la privación de la libertad por más de cinco días de cuatro campesinos deja en evidencia al gobierno estatal y federal. Las instituciones no han sido capaces de acuerparse para resolver la crisis. Han dejado que el presidente municipal de Alcozauca que es parte del conflicto, tenga un papel relevante en la ruta de solución, circunstancia que polariza.
Hace más de 30 años, a Juan Crescencio Reyes se le reveló la imagen de Jesucristo en el lindero conocido como Fandango que marcaba los límites de Guerrero y Oaxaca cuando se encontraba pastoreando sus chivos. A partir de ese momento se convirtió en una persona mística, introvertida y contemplativa. Desde muy temprano subía al cerro a rezar en la piedra donde apareció Jesucristo. Su ejemplo atrajo adeptos. La gente lo consideró como una persona santa, llegaban de pueblos aledaños de Guerrero y Oaxaca con bandas de música de viento, flores y ofrendas para venerarlo y pedirle bendiciones. Poco a poco los feligreses decidieron quedarse a vivir en ese lugar. Así se formó el Pueblo de Dios que más tarde se llamaría Cruz Fandango. Con los años, los hijos de Juan Crescencio empezaron a tener el control político y a recibir beneficios a nombre de la gente. Fueron cuestionados por su actuar y los vecinos exigieron que la autoridad del pueblo fuera electa en asamblea. Esto generó tensiones entre Juan Crescencio, su familia y el resto de los vecinos. Los problemas se extendieron hasta Cuyuxtláhuac que es dueño de las tierras. Les reclaman su falta de respeto al núcleo comunal que les dio la tierra y les exigen que abandonen el lugar. El problema se agravó cuando el actual presidente municipal de Alcozauca y el Cabildo sacaron un resolutivo que le quita el carácter de comisaría a Cruz Fandango y se le obliga a entregar el sello.
El día 21 de julio, pobladores de Cuyuxtláhuac llegaron a Cruz Fandango y empezaron a destruir la milpa de un vecino. Los policías de este pueblo se acercaron para cerciorarse qué pasaba e intentaron retener a los que cortaban la milpa. Pronto llegó una turba del pueblo mayor y se generó una confrontación con un saldo de un herido de bala y cinco detenidos de Cruz Fandango, entre los que iba un adolescente. Este fue liberado, no así al resto que los mantuvieron detenidos hasta el día 29 de julio.
Fueron liberados con la condición de que, a) los de Cruz Fandango serán reubicados, b) deberán retirar las acciones agrarias y penales que han interpuesto contra Cuyuxtláhuac y c) entregarán las instalaciones de la Comisaría municipal.
Los anteriores son acuerdos que violan los derechos fundamentales de los pueblos y las personas. Implican un desplazamiento forzoso para las familias de Cruz Fandango. A 35 años en el lugar, más de la mitad de las nuevas generaciones allí nacieron. Como pueblo indígena tienen un vínculo indisoluble con la tierra, el agua, los sitios sagrados, sus ritos y tradiciones que le dan identidad. Sacarlos del lugar compromete seriamente los derechos enumerados.
Ninguna autoridad puede suscribir un acuerdo que implique desplazar a un pueblo indígena, porque sería tanto como vulnerar el artículo 2 de la Constitución Política que protege los derechos enunciados.
Las autoridades que negociaron el día 29 del mes pasado deben justificar porqué se prestaron a suscribir un acuerdo de esta naturaleza, máxime que el Tribunal Unitario Agrario en el año 2014 al emitir sentencia en el expediente 669/2010 reconoció que los de Cruz Fandango tienen la posesión de sus parcelas y sitios solares siendo avecindados del núcleo ejidal de Cuyuxtláhuac, por lo tanto, la pretensión de sacarlos de la comunidad sería ilegal a todas luces.
Las autoridades deberán trazar una ruta de solución en la que Cruz Fandango, sin reñir con la propiedad de la tierra, pueda cohabitar dentro del núcleo comunal como un asentamiento humano anexo, obligándose a realizar los trabajos comunitarios, cooperaciones y otras contribuciones que acuerde la asamblea ejidal y el reglamento.
En esa dirección deberá transitar la próxima mesa de diálogo que se llevará a cabo el 15 de los corrientes, para ello es necesaria la presencia de autoridades federales que entiendan la cosmovisión de los pueblos indígenas y no repetir las torpezas de quienes dirigieron los diálogos pasados.