Supongo que para ellos ha de ser como una pesadilla. No, ni en los peores vértigos somnolientos pueden pensar en algo así. Han de creer que eso de que la ciudadanía pueda tener acceso a las carpetas de investigación realizadas por el Ministerio Público es de locos. Y, bueno, hay toda una historia donde, excusados en la “secrecía de la investigación”, los investigadores de las procuradurías, ahora fiscalías, han mantenido ocultas las peores prácticas de tortura, fabricación de pruebas, debilidad de peritajes, violaciones al debido proceso, etcétera.
Veamos el caso de la desaparición de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. El gobierno federal de Enrique Peña Nieto aseguró que la investigación encabezada por el entonces procurador de Justicia, Jesús Murillo Karam, había sido “profunda, seria y exhaustiva”. Sin embargo, una vez que el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (Inai) ordenó a la Procuraduría General de Justicia (PGR) que abriera el caso y los reporteros pudimos observar la investigación, terminamos de confirmar que la “verdad histórica” de Murillo Karam era en realidad la “mentira histórica”.
En esos documentos se asentó que la autoridad “sembró” casquillos en el basurero de Cocula, que torturaron a testigos para que declararan lo que el gobierno quería y que sí llovió en el basurero, entre tantas otras cosas que quisieron ocultar pero que afortunadamente no lograron. Y no pudieron porque el Inai decidió entonces, con un arrojo que ahora se extraña en algunos comisionados, que ese expediente se abriera ante las evidentes graves violaciones a los derechos humanos cometidas en torno al caso.
Otro hito en materia de transparencia y averiguaciones del Ministerio Público es el sucedido en octubre de 2018, cuando el Inai ordenó a la PGR hacer pública la averiguación previa del caso Odebrecht. El Instituto instruyó al sujeto obligado a “entregar información relativa a las actuaciones de los agentes del Ministerio Público involucrados en la indagatoria, los avances y el estatus de la investigación”.
El pleno del órgano autónomo resolvió que el expediente era de interés público porque abonaba a la rendición de cuentas y permitía a la ciudadanía conocer “la manera en la que solventa las investigaciones en casos o hechos en los que se presumen delitos que implican actos de corrupción”.
A pesar de la claridad de la resolución del órgano garante de transparencia, la PGR primero y después la recién estrenada Fiscalía General de la República interpusieron amparos para que no se conozca la investigación. El desenlace aún es de pronóstico reservado, pero lo deseable es que al final triunfe la transparencia y el derecho a saber.
Esto es en el ámbito federal, donde la transparencia con todo y los tropiezos que ha tenido, camina por una vía muy distinta a la de los estados de la República, donde aún permanecen intactos los virreye… perdón, los gobernadores.
El control total que ejercen los mandatarios sobre sus estados prevalece, sea porque han logrado ganar las posiciones más importantes del Legislativo y alcaldías, o porque han logrado cooptar a la clase política, ora con millones de pesos de por medio, ora con favores de gestión, ora con promesas de un nuevo cargo.
Y aún así existen colectivos que dan batalla. En Sinaloa lo estamos haciendo. El caso Odebrecht es para México lo que el caso del ex secretario de Salud del estado, Ernesto Echeverría Aispuro, es para los sinaloenses. El ex funcionario firmó contratos sin licitación por 14 millones de pesos, fue acusado de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública y lo sancionaron con una multa de 7 millones de pesos. Con humor lastimoso los sinaloenses decimos que le resultó negocio porque sólo pagó la mitad del dinero por el que fue acusado.
Ante esto y desde Iniciativa Sinaloa –organización en la que colaboro– solicitamos a la Fiscalía General de Justicia del estado que nos estregara una copia del expediente de Echeverría. La Fiscalía negó la información con el argumento que se encontraba en investigación, no obstante, la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública –el Inai sinaloense– resolvió que la Fiscalía tenía que entregar la carpeta de investigación porque el proceso ya había terminado. Ahora el Ministerio Público está obligado a entregar una versión pública en menos de una semana, lo que nunca ha pasado en Sinaloa, y estoy seguro que tampoco ha pasado en la gran mayoría de los estados mexicanos.
Si una fiscalía no tiene nada que ocultar va a entregar la información sin problema y sin amparos de por medio. En casos como éstos la lógica es simple en Sinaloa y en todo México: el que nada debe, nada teme.