La celebración de los 25 años de nuestro trabajo como defensoras y defensores de derechos humanos en la Montaña de Guerrero, logró conjuntar multiplicidad de voces que nos muestran una realidad desgarradora, debido al clima de violencia que impera en nuestro estado y al patrón de impunidad que persiste por la inacción de las instituciones gubernamentales. La participación de testigos de luchas emblemáticas de los últimos 50 años fue lo más valioso del foro que realizamos los días 9 y 10 de agosto, titulado: Palabras de vida, caminos de esperanza. Fue un encuentro que acercó a los actores locales con organizaciones nacionales y expertos internacionales. La presencia del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas es significativa, porque busca establecer un diálogo directo con los colectivos de familias de personas desaparecidas, asesinadas y desplazadas, así como con organismos civiles de derechos humanos. Su compromiso de dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, alentó a las madres y padres para llegar a la verdad y sentar las bases jurídicas para que se realicen investigaciones científicas. Nuestro mayor interés es impulsar un proceso de articulación entre las diferentes organizaciones de familiares para crear en el estado un mecanismo extraordinario, que investigue los crímenes del pasado y del presente, con el fin de transitar a una nueva etapa en que la atención a las víctimas garantice verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición. Este esfuerzo representa un gran reto porque se requiere trabajar muy de cerca con los familiares de las víctimas, tomando como punto de referencia sus principales demandas con el fin de construir una agenda que pueda ser presentada al gobierno federal.
La publicación de nuestro XXV informe da cuenta del deterioro de las condiciones de vida de las y los guerrerenses, a causa de la violencia y de la debilidad de nuestras instituciones, que han sido capturadas tanto por intereses macroeconómicos como por organizaciones del crimen. Sobresalen en nuestra entidad multiplicidad de focos rojos que no han podido ser desactivados por las autoridades del estado, por el cúmulo de problemas que reproducen más conflictos que han desbordado nuestro endeble Estado de derecho. Es grave la descoordinación que existe entre los tres niveles de gobierno y que los mismos representantes de cada nivel se atrincheren para defender sus posiciones políticas que responden a visiones partidistas. Quienes seguimos perdiendo en esta contienda por el poder y por el control de las instituciones y del presupuesto, somos los ciudadanos y ciudadanas que cotidianamente ejercemos nuestro derecho a la protesta, ante la desatención de las demandas más sentidas. Presentamos un pequeño extracto del informe que nos habla de las cifras de la muerte en nuestro estado.
Tomando como referencia el informe del Institute for Economics and Peace del 2019, la paz en México tuvo un retroceso de 4.9%; y su deterioro se materializó en 22 estados. Atribuye que la razón principal de ese deterioro fue el recrudecimiento de la tasa de homicidios que se elevó 14%. Considera que es una cifra escandalosa que llega a 27 muertes por cada 100 mil habitantes, o más de 34 mil víctimas. El incremento de la tasa de homicidios estuvo acompañado de un aumento considerable en la tasa de violencia por armas de fuego, que creció 16% y provocó que 24 de los 32 estados reportaran crecientes tasas de delitos cometidas por arma de fuego.
Por otra parte, manifiesta que el impacto económico de la violencia se elevó 10% en el 2018, lo que equivale a 24% del producto interno bruto del país. Nos explica que en términos per cápita el impacto económico de la violencia fue de 41 mil 181 pesos, más de cinco veces el salario mensual promedio de un trabajador mexicano. Ubica a Baja California como el estado menos pacífico de México, seguido de Guerrero, Colima, Quintana Roo y Chihuahua.
Resalta que cada año, uno de cada tres adultos es víctima de un delito en México. Profundiza en la información que fueron hombres las víctimas en 9 de cada 10 homicidios y el 74% de los secuestros. Sin embargo, también fueron hombres quienes cometieron el 85% de los delitos. Señala que la tasa de homicidios de jóvenes de entre 15 y 29 años fue 42% más alta que la de la población en general. Concluye que el mal funcionamiento del gobierno, los altos niveles de corrupción y los obstáculos que impiden el libre flujo de información son parte de las causas que han atrapado a México y su sistema social en un ciclo de violencia. Ilustra con datos duros que un Estado de derecho débil repercute en el libre flujo de información, y esto provoca que los periodistas se enfrenten a elevadas tasas de violencia en todo el país. Cita que en el 2017 se registraron 507 casos de agresiones contra periodistas, mientras que en el primer semestre del 2018 ya había 389 ataques, es decir un 40% más que el año anterior.
Es importante resaltar que la tasa de crímenes de la delincuencia organizada fue del 11.6% en el 2018. En esos doce meses, tanto la extorsión como los delitos del narcomenudeo también aumentaron. Ante estos hechos, solo para el 7% de los delitos se abrieron carpetas de investigación en 2017.
Tomando como referencia los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) existe un reporte de 760 feminicidios de enero a noviembre del 2018, mientras que, en los primeros cinco meses del 2019, los casos de feminicidios ascienden a 369 a nivel nacional. Con respecto a los casos de homicidio en el 2018, el registro fue de 40 mil 115 asesinatos, y en los primeros cinco meses de 2019 la cifra fue de 18 mil 503. Los homicidios dolosos ascendieron a 26 mil 376 en el 2018 y 12 mil 031 en el 2019. Los delitos relacionados con el abuso sexual tuvieron un alza de 16 mil 943 en el 2018, mientras de enero a mayo de este año tienen registrados 225.
Con base en los reportes mensuales del periódico El Sur, en el estado de Guerrero se tiene un registro de 2 mil 472 asesinatos correspondientes al 2018. Por otra parte, en los primeros cinco meses del 2019 se registraron 748 personas asesinadas, que arroja un promedio de cinco homicidios diarios colocando a nuestro estado como uno de los más violentos del país. La tasa de homicidios se eleva hasta 69, siendo Zihuatanejo el que presentó los números más altos con 106 homicidios por cada 100 mil personas y Acapulco con 99. Esta violencia ha propiciado impactos directos en la economía, como la pérdida de turismo internacional hasta en un 65 por ciento en los últimos cinco años, además de que la situación violenta ha costado alrededor de 62 mil pesos a cada ciudadano guerrerense.
Los dos indicadores más graves que se han deteriorado en el estado son los homicidios y los delitos relacionados con la delincuencia organizada. En contrapartida el delito de extorsión se ha incrementado más del 30% en el 2018.
En la región de la Montaña del mes de septiembre del 2018 a junio del presente año, hemos realizado un registro de 86 casos de homicidio, sobresaliendo el municipio de Tlapa con 29 personas asesinadas, seguido por los municipios de Acatepec, Zapotitlán Tablas, Copanatoyac, Xalpatlahuac, Huamuxtitlán, Metlatónoc y Cochoapa el Grande.
Los casos de desaparición de personas son un problema reciente sumamente grave, por la presencia de grupos de la delincuencia organizada que se han asentado en esta cabecera municipal. Uno que generó mayor impacto a nivel estatal fue la desaparición del presidente municipal de Cochoapa el Grande, Daniel Esteban González el 2 de septiembre del 2018 en la ciudad de Tlapa. Hasta la fecha se desconoce su paradero, a pesar de que sus familiares interpusieron las denuncias correspondientes y solicitaron al gobernador, con el apoyo del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que enviara un grupo especial a la región para realizar la búsqueda. También solicitaron el apoyo de la Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores de la región de Chilapa y a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), para que realizaran patrullajes y recorridos en las colonias de Tlapa con el fin de reforzar la búsqueda e inhibir las acciones delictivas de los grupos de la delincuencia organizada. La situación se complicó cuando en uno de los recorridos nocturnos que realizaban miembros de la UPOEG, fueron azuzados por un grupo de personas que accionaron sus armas, para hacerles sentir que no eran bienvenidos a la ciudad. No obstante esta agresión los grupos de la Policía Comunitaria y ciudadana, permanecieron cuatro semanas impulsando la conformación de algunos grupos de la Policía Ciudadana. A pesar de esta reactivación de la organización ciudadana, la nueva autoridad municipal expresó en varias ocasiones su oposición a la conformación de estos grupos. Los mismos transportistas se acuerparon para obstaculizar el trabajo de la Policía Ciudadana y exigir su salida. Proliferaron en las redes sociales imágenes que ligaban a algunos de sus líderes con miembros de la delincuencia, argumentando que su presencia era con el fin de disputar la plaza. La población quedó confundida y en su mayoría optó por replegarse. El miedo volvió a apoderarse de la gente y el clima de violencia siguió cobrando varias víctimas. Esta situación explica que los casos de desaparición de personas asciendan a 25, en un periodo que va de septiembre del 2018 a junio del 2019.
Ha sido difícil llevar un registro pormenorizado sobre los casos de feminicidios que se han consumado en la región. En primer lugar, porque existe un manejo distorsionado de los hechos y con tintes amarillistas, por parte de los periódicos locales, que acceden a información oficial, pero que sólo buscan la “nota roja”. Las mismas autoridades encargadas de investigar los delitos actúan con una visión machista y misógina, que en los hechos se traduce en brindar protección a los responsables de la violencia feminicida y desvirtuar los testimonios presentados por sus familiares y testigos. Jurídicamente hay reticencias para realizar una adecuada tipificación del delito de feminicidio.
Las pocas personas que han logrado vencer el miedo y las actitudes displicentes del Ministerio Público, son las que han podido demostrar que persisten obstáculos institucionales que dejan en total indefensión a las familias que buscan justicia. Su peregrinar es difícil porque los riesgos de sufrir una agresión son inminentes, al constatar que los perpetradores establecen contacto con los ministerios públicos y logran comprar protección. Como Tlachinollan hemos documentado cinco casos de feminicidios en lo que va del año, asumiendo la defensa y el acompañamiento de las familias, que en su mayoría son de comunidades indígenas que viven en condiciones sumamente precarias.
Estos casos se han registrados en Tlapa, Metlatónoc y Malinaltepec, otro más sucedió en Acapulco. Es un gran reto el acompañamiento, pero sobre todo el encuadramiento jurídico para garantizar que las familias alcancen justicia y se logre el castigo ejemplar de quienes en la vida cotidiana han actuado con total impunidad, porque saben que con su dinero se vuelven intocables.