Ante la decisión presidencial de volver a las aulas para participar en clases presenciales a partir del 30 de agosto próximo, se ha desatado una amplia polémica que incluye a maestros, a padres de familia y a las autoridades mismas, debido al alto riesgo que significa para los niños y adolescentes y para sus familias, cuando aún estamos en el semáforo epidemiológico de máximo riesgo de contagios. Y no es para menos esta polémica, puesto que cada quien tiene un enfoque diferente y legítimo de la vuelta a clases en este plazo decidido.
Los padres de familia tienen su enfoque propio, como guardianes de la salud de sus hijos. Cuando a lo largo de la pandemia las autoridades han estado insistiendo que la mejor protección es quedarse en casa, añadiendo las indicaciones sanitarias ya conocidas, los padres de familia asumieron esta responsabilidad. Aunque no todos. El cuidado para que los hijos, sobre todo los más pequeños, no se encuentren en situaciones de contagio, es el enfoque que tienen que salvaguardar. Muchos padres de familia ven serios riesgos en las circunstancias actuales y muestran resistencias. Representan riesgos los traslados a las escuelas, la carencia de protocolos seguros y de insumos sanitarios y el hecho de que niños y adolescentes no hayan sido vacunados hasta ahora. Muchos padres de familia no perciben una seguridad sanitaria suficiente para que sus hijos retornen a los planteles.
El enfoque del magisterio y de los demás trabajadores de la educación es diferente. Aunque ellos ya han sido vacunados perciben sus riesgos. Ellos son los responsables de la operación del sistema educativo y, por lo mismo, de la seguridad sanitaria en las escuelas y asumen que no están todas las condiciones para ello. El descuido de la infraestructura material de las escuelas, las carencias de agua potable y de energía eléctrica en muchas de ellas generan serias dificultades para las tareas de seguridad sanitaria.
Por otra parte, el enfoque de las autoridades, responsables de la gestión y de la administración del sistema educativo, es otro. La tendencia global para el regreso a clases presenciales les urge a no rezagar al país. En otros, sobre todo del primer mundo, ya regresaron los alumnos a los planteles, pero en condiciones diferentes a las nuestras. A las autoridades les toca tomar decisiones políticas para resguardar el bien común, que durante la pandemia ha tenido complicaciones particulares. Es cierto que se trata de decisiones nada fáciles que tienen que ver con la complejidad de los problemas o de las situaciones.
Sin duda, ha habido buenas y sensatas decisiones y atinadas acciones gubernamentales encaminadas a proteger la salud de la gente. Pero también se han dado decisiones altamente cuestionadas, como fue el paso del semáforo epidemiológico naranja directamente al verde allá por el mes de mayo, decisión que generó suspicacias y que favorecía a los partidos políticos que estaban en campaña y pudieron desarrollar grandes concentraciones de personas como si ya no hubiera riesgos sanitarios.
El asunto que ahora nos ocupa, el retorno a las clases presenciales, es altamente delicado y requiere de decisiones enfocadas específicamente a proteger la salud integral de la comunidad, deslindadas de los juegos políticos de unos y de otros, que se están dando actualmente en el país. Lo que importa es preservar la salud, más allá de intereses económicos o políticos facciosos. Esta tendría que ser la actitud y la disposición para decidir lo mejor. Y, como siempre, la mejor alternativa es el diálogo para llegar a decisiones por consenso. La interacción entre autoridades, docentes y padres de familia ofrece la mejor perspectiva para que la política tenga un efecto benéfico para el país. Hay que buscar que nadie salga perdiendo, superando autoritarismos y forcejeos estériles. La actitud de escucha es fundamental. Escuchar y ser escuchados todos. Que las autoridades escuchen, lo mismo los docentes; y que los padres de familia puedan expresar su voz. Así, todos podrán tomar parte en las decisiones y asumirlas de manera corresponsable. ¿Acaso no es posible un consenso en este punto?
La protección a la salud de los mexicanos no debe estar sometida a los juegos políticos, ni a los intereses del gobierno o de la oposición, o a los cotidianos procedimientos de polarización social. Cuando la salud se ha subordinado a los intereses de las farmacéuticas, de negocios ilegítimos y de intereses políticos hemos salido perdiendo. Necesitamos madurez social y política para encontrar soluciones conjuntas. Con la salud no se juega.