Los recientes acontecimientos en América Latina han vuelto a poner a las fuerzas armadas en el centro del debate público. Después del fin de las dictaduras militares, durante los años 1980, los cuerpos castrenses se replegaron por un tiempo. En países como México y América Central, la militarización de las funciones policiacas existe desde finales los años 1990, de tal manera que se volvió una costumbre ver a los soldados en las calles. Sin embargo, conforme la violencia fue aumentando, las tareas policiales atribuidas a fuerzas militares fueron en aumento. En el cono sur, este fenómeno tomó una nueva dimensión en los últimos años, cuando la seguridad del estado de Rio de Janeiro fue objeto de una intervención del ejército. Más recientemente, en Chile, las masivas protestas, que desembocaron en la mayor protesta social vista en ese país desde el fin de la dictadura militar, suscitó la intervención del ejército en las funciones represivas. En Ecuador, el alto comando militar respaldó al gobierno impopular de Lenín Moreno, cuando se llevaron a cabo las manifestaciones masivas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, una poderosa organización indígena ecuatoriana, que pusieron en vilo al país andino.
Sin embargo, fue en Bolivia donde esta situación tomó una nueva dimensión, al hacer retroceder la región cuarenta años atrás. Sin duda, Evo Morales, el entonces presidente de Bolivia, decidió no cumplir la Constitución que el mismo promulgó como presidente de la República en 2009, que impide que un jefe del ejecutivo sea candidato a la reelección por tercera vez consecutiva. Después de un referéndum, llevado a cabo a principios de 2016, una estrecha mayoría de bolivianos se pronunció en contra de cambiar la Constitución para permitir una reelección indefinida. No obstante, Evo Morales decidió ser candidato de nueva cuenta. La estrechez del resultado electoral, la noche de la primera vuelta, el 20 de octubre, y la ausencia de informaciones de parte del mecanismo de resultados electorales preliminares, provocó una falta de confianza en el resultado electoral. Después de semanas de protestas, el entonces presidente Evo Morales llamó a realizar nuevas elecciones, con una nueva autoridad electoral. Sin embargo, pocas horas después, el jefe de ejército, el general Kallimán, llamó a la renuncia de Evo Morales, que se concretó pocas horas después.
A partir de allí, el ejército ha venido apoyando al nuevo gobierno interino, que en vez de limitarse a convocar y organizar elecciones, se ha dedicado a ampliar la polarización política del país. Además de despedir sin ninguna justificación a miembros del servicio público, como casi la totalidad de los embajadores en el exterior, de dar por terminada la participación de Bolivia en la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América (ALBA) y en la Unión de los Países de América del Sur (Unasur), así como de darle un cheque en blanco al ejército para que pueda reprimir sin tener que responder a la justicia por eventuales crímenes. Además de constituir una afrenta a las instituciones democráticas, esta intromisión del poder militar en el juego político constituye un grave peligro para el futuro de la región. Por ejemplo, hace pocos días, varios miembros del ejército Uruguayo decidieron grabar un video para perjudicar al candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, a horas de una segunda vuelta crucial para el país. Según las encuestas de salida –en el momento en que el autor escribe estas líneas, todavía no se conoce el desenlace de la elección– esta declaración fue mal percibida por la opinión pública. En Brasil, ante la multiplicación de declaraciones abiertamente contrarias a la democracia por parte de Jair Bolsonaro, de sus hijos y del ministro de economía, Paulo Guedes, varios miembros de la jefatura del ejército decidieron tomar distancia del presidente de Brasil. Esperemos que así sea, y que los militares se queden donde nunca debieron salir: los cuarteles.

Twitter: @Gaspard_Estrada

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.